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La sombra de los cultivos ilícitos de coca sigue extendiéndose sobre Colombia hasta casi ahogar al país y tensar sus relaciones con Estados Unidos, que reclama a la nación andina más resultados en la lucha contra ese flagelo.
Y es que las cifras no ayudan a Colombia. Estados Unidos aseguró esta semana que los cultivos de coca en el país aumentaron un 11 % en 2017 hasta alcanzar las 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína subió un 19 %, hasta las 921 toneladas métricas, unas cifras que no se veían desde principios de siglo.
La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, tachó de "inaceptable" ese auge en la siembra y producción del narcótico y exigió a Colombia que "haga más" para "dar marcha atrás" a esa tendencia pues considera que después de la firma de la paz con las FARC, en noviembre de 2016, no se ha hecho lo suficiente en ese frente.
"Aunque los esfuerzos de erradicación de Colombia mejoraron en 2017, se vieron superados por la aceleración de la producción. El Gobierno de Colombia debe hacer más para afrontar este aumento. Esta fuerte trayectoria al alza es inaceptable", manifestó el subdirector de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), Jim Carroll.
Sin embargo, Colombia insiste en el principio de la corresponsabilidad y reclama un reconocimiento por la efectividad que ha logrado en incautaciones de droga y las extradiciones de jefes de redes de narcotraficantes.
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Además, el presidente Juan Manuel Santos aseguró en una reciente entrevista con Efe que en el aumento de cultivos ilícitos se dio "una conjunción de factores" y estímulos perversos, algunos de ellos relacionados con el acuerdo de paz con las FARC, pues los campesinos pensaron que si sembraban más coca iba a recibir mayores beneficios económicos.
Otro factor que jugó a favor de los cultivos de coca fue, según Santos, la devaluación del peso colombiano, que hizo de esa actividad ilícita algo muy rentable para las mafias.
"Con Estados Unidos tenemos un plan a cinco años, un plan que está determinado muy en detalle para ir reduciendo los cultivos de coca año tras año para tener mínimo, mínimo, un 50 % menos de lo que tenemos hoy al cabo de cinco años", afirmó.
Los datos de la ONDCP sobre el aumento de los cultivos ilícitos se hicieron públicos en vísperas de la visita que efectúa a Washington el presidente electo de Colombia, Iván Duque, quien defendió la necesidad de una estrategia "efectiva" para reducirlos, lo que se espera haga a partir del 7 de agosto, cuando asumirá como jefe de Estado.
En ese sentido, Duque, que se reunió con altos funcionarios del Gobierno de EE. UU., como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la directora de la CIA, Gina Haspel, dijo que el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos se debe enfrentar con políticas más efectivas y de desarrollo alternativo.
Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento independiente, considera a pesar de la percepción de que el país está "inundado" de coca, ese aumento debe ser entendido a partir de una dinámica de concentración en zonas en donde están las siembras.
Entre las causas que han podido incentivar el crecimiento de los cultivos ilícitos, según la FIP, está la recomposición del narcotráfico en las zonas de influencia de las FARC, ahora convertidas en partido político.
Las FARC funcionaron como un sistema de regulación alrededor del cual se movían otros agentes que podían comprar coca a los precios fijados por la guerrilla, pero con la desmovilización el sistema sufrió una acomodación, según un análisis de la Fundación.
A eso se suman los bajos niveles de erradicación manual pues si bien el Gobierno estableció como meta la disminución de 100.000 hectáreas de coca, 50.000 a través de la erradicación manual y 50.000 a través de sustitución voluntaria, el objetivo no se ha cumplido.
Para lograr una reducción de cultivos la FIP identificó varios desafíos para el nuevo Gobierno que tienen que ver con la necesidad de diseñar una estrategia para el próximo cuatrienio basada en metas razonables que se vayan consolidando con el tiempo.
También debe "ordenar la casa" poniendo fin a la disonancia institucional y a la dispersión de recursos, así como diseñar e implementar un plan para intervenir en las zonas "vedadas", dando prioridad a la protección de las comunidades y golpeando las finanzas de las organizaciones criminales, incluidos sus vínculos con la legalidad.
En ese propósito será importante lograr un apoyo de largo aliento de la comunidad internacional mediante una estrategia "que apueste por un esfuerzo colectivo, sostenible y enfocado en el bienestar de las poblaciones", según la FIP.