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Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, es autor de varios proyectos que buscan reformar aspectos de la Policía, y otros que buscan una reforma estructural de la institución. En entrevista con El Espectador, señaló que están quietos y que no ve voluntad por parte de congresistas de otros sectores políticos de promover su aprobación. Dice que es fundamental que la Policía deje de tener un carácter militar y de represión.
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La última vez que se habló de la necesidad de una reforma a la policía fue luego del abuso policial del asesinato de Javier Ordóñez, Dilan Cruz y muchos otros que perdieron sus vidas en manos de la institucionalidad. ¿Cree que la situación ha empeorado en este paro nacional?
Lo que hemos visto en estos años del Gobierno de Duque es que esa reforma es absolutamente imperativa, ineludible. Cada protesta deja más personas heridas y muertas por actuaciones que están totalmente por fuera de cualquier estándar de derechos humanos. Eso fue lo que vimos el 21 de noviembre de 2019, luego lo que ocurrió en la cárcel la modelo en marzo de 2020, posteriormente cuando fue muerto el joven abogado Javier Ordóñez.
Ahora lo que hemos podido presenciar en esas jornadas de paro nacional es que ha sido, sin ninguna exageración, un baño de sangre. La policía ha aplicado toda clase de métodos, desde uso desmesurado de la fuerza, pasando por disparos y uso de armas de fuego, pasando por hechos de desaparición forzada y violencia sexual. Cada protesta es una carnicería por parte de la Policía. Ante esas circunstancias, es evidente que hay que hacer una reforma a esa institución, al ESMAD. Hay que averiguar muy bien en qué circunstancia pueden intervenir y de qué manera. Eso es lo que hemos intentado desde hace un buen tiempo los colegas de la oposición y yo.
¿Ustedes presentaron un proyecto, ¿está su trámite quieto o en qué va?
No ha habido grandes avances en el trámite legislativo de los proyectos que hemos presentado. Uno de ellos es la iniciativa para regular el uso de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, que responde a la necesidad de ajustar la legislación interna a los estándares internacionales. Hemos planteado otros como el que busca reformar la justicia penal militar, la reforma del sistema de régimen de asensos en la Policía y el Ejército, y el servicio alternativo para la paz. Ninguno de esos proyectos ha avanzado significativamente.
¿Por qué no ha avanzado?
Precisamente porque creo que no hay ninguna voluntad de avanzar en esa decisión. Es muy preocupante que esté avanzando más lo que llaman “regular la protesta social”. Para eso sí hay ánimo y esfuerzo. Es muy grave que para limitar los derechos de los ciudadanos sí se empleen grandes energías y, en cambio, para garantizar los derechos no se haga lo mismo.
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En estas protestas también ha habido denuncias por violencia sexual de parte de los uniformados. ¿Alguno de esos proyectos contempla un enfoque de violencia en razón de género?
En estos en particular no. Pero fui autor, junto a la representante Ángela María Robledo, de la ley 1719 de 2014, en la cual se tipifica la violencia sexual practicada en condiciones de conflicto armado y de este tipo de acciones contra la movilización, como crimen de lesa humanidad. Entonces sí hay un marco legal contra ese tipo de acciones que puede ser utilizado perfectamente por los jueces e la República cuando haya casos en este tipo de asuntos.
Ante esta situación tan agravada de violaciones de derechos humanos en la protesta social, ¿no cree que es mejor pasar una reforma a la policía en un proyecto amplio, y no pequeños proyectos aislados?
Eso sería lo ideal. Es más, uno de los proyectos que hemos planteado trata de que la Policía pase a ser una institución que dependa del Ministerio del Interior, y no del de Defensa. Creemos que es necesario darle un carácter distinto a la Policía, que la libere de ese carácter militar, y exonere de participar a través de la fuerza de la represión de expresiones ciudadanas. Sin embargo, ese proyecto también está en la misma situación que los otros mencionados. Pero sí estamos en esa voluntad y en ese propósito.
¿Hay suficiente presión ciudadana para que esta vez si se tramite algún proyecto de esta índole?
Acá hay una movilización enorme en el país, que responde no solamente a una indignación y exigencia de un cambio político fundamental, sino también a la necesidad de que se produzcan cambios como los que estamos hablando, de reforma policial. Ignorar ese malestar social, que se expresa en que a pesar de la pandemia la gente está saliendo a protestar, creo que es suficientemente diciente.
Necesitarían el apoyo de bancadas como CR y Liberales. ¿Cree que en época preelectoral y presión ciudadana esto logre salir a flote?
Yo esperaría que sí, especialmente después de estos últimos hechos. Pero si no es así, buscaremos los escenarios y la manera de garantizar que se tramiten.
Muchos de esos proyectos responden a las recomendaciones que han formulado los organismos internacionales de derechos humanos. Son iniciativas formuladas no sobre la base de nuestra voluntad y capricho, sino a la mirada internacional. Así que cuentan con ese respaldo y ese aval.
¿Qué llamado le hace a las demás bancadas para que empiecen a mover estos proyectos y se haga algo?
Creo que es fundamental que en el país, en un momento como el que estamos viviendo, haya precisamente una garantía a la ciudadanía de poder expresarse libremente. Es un asunto de democracia fundamental. Creo que parte de lo que está ocurriendo llama la atención de garantizar el derecho a la movilización y expresión política de la ciudadanía.
¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y los alcaldes del abuso policial ? ¿Han Sido negligentes en los PMU para evitar estos abusos?
El presidente, según lo dispone la Constitución, es el responsable de toda la política militar y de Policía, puesto que es además jefe del poder del poder ejecutivo, es el jefe de Estado. Todo lo que ocurra en relación a la manera como se comporta la Policía como institución es su responsabilidad. Es evidente que el presidente ha alentado estas expresiones en las cuales se pueden ir presentando los abusos de la Policía. En el caso de alcaldes y gobernadores, habrá que ver cada caso en particular. El problema reside en el plano del nivel del Estado en nivel central.