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La muerte de Javier Ordoñez tras un procedimiento policial en Bogotá desató una ola de protestas, manifestaciones y abusos en el uso de la fuerza con un saldo trágico: 10 muertos en la capital y otros tres en Cundinamarca, 80 personas heridas y 167 denuncias de excesos por parte de las autoridades, por no hablar de los buses de Transmilenio quemados o los CAI vandalizados. Ante ello, el Senado llamó a rendir cuentas al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
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El funcionario fue invitado a la sesión no presencial que adelantará la cámara alta el próximo martes 15 de septiembre. Allí, se tiene previsto que Trujillo presente un informe sobre la situación de orden público a nivel nacional, en particular sobre lo ocurrido en Bogotá, escenario de hechos de violencia, vandalismo y abuso de la autoridad.
Incluso, la mesa directiva del Senado optó por integrar una comisión accidental con parlamentarios de diferentes partidos para que presenten un informe a la plenaria sobre la situación de orden público nacional generada por la muerte de Javier Ordoñez.
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Dicha comisión estará conformada por los senadores Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Ernesto Macías (Centro Democrático), Efraín Cepeda (Partido Conservador, Juan Luis Castro (Alianza Verde) y José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical).
Apenas este viernes, en nombre de la Policía, el ministro de Defensa pidió perdón “por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros”. El funcionario comunicó que “para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones”, se dictó un auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio contra los dos policías implicados en la muerte de Ordoñez.
No obstante, minutos después se conoció que la Procuraduría General de la Nación asumió el poder preferente, por lo que será esta entidad la que realizará la investigación disciplinaria.
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Holmes también aseguró que se ha procedido a la notificación de suspensión, para que los uniformados implicados en el proceso sean apartados de la institución. Esto se hace con el objetivo de impedir la manipulación de pruebas y la obstaculización de la investigación. El jefe de la cartera de Defensa además dijo que el proceso se adelantará en contra de cinco policías más, por su presunta vinculación al caso por acción, omisión o responsabilidad directa con la muerte del abogado Ordóñez.
El ministro Trujillo reiteró que la Policía se encuentra en un proceso de fortalecimiento y mejora en los procedimientos “para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía”. Frente a lo ocurrido en materia de orden público, el ministro dijo que “enluta a toda la sociedad toda vez que fueron muchas las personas afectadas, bienes públicos y privados que fueron dañados. Quiero reiterar el dolor que genera la muerte del señor Ordóñez”.
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No son buenos tiempos para el ministro. Sumado al llamado a dar explicaciones en el Senado, enfrenta una moción de censura promovida por la oposición por cuenta de la colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia. En la madrugada del martes, se conoció una carta que le envió el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) al presidente Iván Duque en la que le pide retirar a Carlos Holmes Trujillo del gabinete por “haber mentido, agredido al Senado e inducido al Gobierno a violar la ley”.
A las faltas de Trujillo que se refiere el parlamentario de la oposición es haberle dicho a la opinión pública que el Gobierno cumplió con el fallo del Tribunal de Cundinamarca. Este resolvió una tutela que 25 senadores interpusieron alegando que para que militares extranjeros (en este caso norteamericanos) viajaran al país y se quedaran una temporada se requería de una autorización expresa por parte del Congreso.
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En ese sentido, el pasado 2 de julio el Tribunal le dio 48 horas al Gobierno, que no tramitó ningún permiso, a suspender las actividades de la misión de asesoramiento de los militares de EE. UU. y enviarle al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, legada y permanencia de la brigada”.
La semana pasada, el ministro de Defensa aseguró que el entonces presidente del Senado, Lidio García, le envió una carta a la secretaria Jurídica de Presidencia, Clara María González, con la que indicó que había recibido conceptos de 69 congresistas de siete partidos, quienes consideraron que la brigada podía operar. Para Trujillo, este apartado se trató de la “autorización” que el Gobierno debía obtener por parte de la corporación.
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Este lunes, Lidio García pidió rectificar la información porque “no se encuentra ajustada a la verdad que el Congreso hubiese ‘autorizado’ la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano” y que la carta remitida a González “no tiene ningún alcance jurídico que comprometa a la corporación porque simplemente se trató de una comunicación de carácter informativo respecto de la gestión de 69 senadores”.