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Iván Cepeda hizo este viernes nuevos anuncios frente al proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por posible fraude procesal y soborno, en el que figura como parte civil. El senador del Polo Democrático reveló que interpondrá acciones legales contra varios vinculados al proceso por posibles actuaciones irregulares.
El congresista señaló que presentará una denuncia penal en contra del fiscal Francisco Barbosa tras nombrar al fiscal coordinador ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, como responsable de las pesquisas en contra del expresidente y exsenador Uribe. Según Cepeda, Barbosa no podía realizar ninguna actuación en el proceso al ser recusado apenas un día atrás por su cercanía con el presidente Iván Duque.
“A pesar de que fue recusado Barbosa, este expidió la circular que nombró a Gabriel Jaimes Durán”, expresó el senador. “Cuando un funcionario es recusado, no lo es posible realizar ninguna actuación. Hacerlo es obrar abiertamente en contra de la ley”, complementó el abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba.
Para ambos, Barbosa tenía claro que estaba recusado ya que le fue notificado en su correo la acción radicada ante la Corte Suprema. “Es inexcusable que haya burlado la recusación”, aseveró Cepeda, ya que incluso esta acción judicial se había llevado a cabo con el pleno cubrimiento de los medios de comunicación, señalaron tanto el senador como el abogado.
De paso, Cepeda anunció que presentará una recusación en contra del fiscal Gabriel Jaimes Durán. Aunque no explicó los motivos de esta acción, vale señalar que para el senador dicha asignación fue irregular. Además, el pasado de Jaimes Durán como una de las fichas fuertes de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez también ha sido un factor que ha hecho eco en la opinión pública.
Además de estas acciones, el senador contó que presentará una denuncia ante la Procuraduría en contra de 16 congresistas del Centro Democrático que le habrían mandado dos derechos de petición a Cepeda cuestionándolo por información del proceso judicial en contra de Uribe. Los miembros de la bancada de Gobierno habrían incurrido en abuso de sus funciones al hacer estos cuestionamientos.
Hace unos días este diario reportó un derecho de petición que había respondido el senador Cepeda a 16 congresistas del Centro Democrático. Este había advertido al final de la comunicación que estaba estudiando tomar acciones legales ya que posiblemente las preguntas formuladas representaban un hostigamiento en su contra.
Entre sus anuncios, el senador de oposición también señaló que enviará un informe a Michelle Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cuenta de las situaciones de posible presión que ejerció el expresidente Álvaro Uribe, su círculo y hasta el Gobierno para descalificar a la Corte Suprema, que fue la encargada de dictar la medida de aseguramiento preventiva e contra del expresidente, y a otras partes del proceso.
“Hemos asistido a una infame campaña en contra de los magistrados, especialmente en contra del magistrado Reyes”, aseveró el congresista en rueda de prensa, que agregó que en la práctica se había instado a la opinión pública para realizar una “asonada contra la corte”.
“Uribe no tuvo un reparo de tildar de mafioso y de secuestradores a la Corte”, expresó Cepeda, que también reveló que tenía una denuncia en contra de Tomás Uribe desde 2019, pero que esta no ha avanzado en la Fiscalía. “La campaña de manipulaciones la ha hecho el expresidente Uribe, su familia, su partido y el Gobierno”, hizo énfasis el que figura como víctima en el proceso en contra del líder del Centro Democrático.
Cepeda señaló que el aparato de gobierno fue usado “para lapidar a la corte, comenzando por el presidente, ministros y embajadores”. En este punto, criticó a la Cancillería, y señaló que se habrían usado las relaciones internacionales para desprestigiar a la Corte Suprema en Estados Unidos y así defender a Uribe en el extranjero.
Por último, el abogado Reinaldo Villalba cerró la rueda de prensa pidiendo a la Fiscalía que siga el proceso bajo la ley 600, que es el procedimiento que se venía llevando a cabo en el alto tribunal, pues la intención de la defensa del expresidente Álvaro Uribe es que el proceso vuelva a comenzar por el sistema penal acusatorio actual, enmarcado en la ley 906. “No viene a lugar retrotraer la acción hasta la imputación, sería antijurídico”, concluyó.