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El crimen cometido por Rafael Uribe Noguera en 2016 abrió nuevamente el debate sobre cuáles deberían ser los castigos para los violadores de menores de edad con el fin de evitar más casos de este tipo. El repudio social que generó el abuso y asesinato de Yuliana Samboní presionó para que la discusión sobre nuevas medidas para condenar a los autores de dichos delitos llegara hasta el Congreso en las manos de la senadora Maritza Martínez.
La iniciativa de la congresista del Partido de la U busca establecer la castración química como tratamiento voluntario a quienes cometan acceso carnal violento y acto sexual violento sobre menores de edad. Martínez aclaró que “no se trata de una mutilación del órgano reproductor, se trata de la ingesta de medicamentos por vía oral o intravenosa para inhibir y frenar el deseo sexual en los violadores”.
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Este miércoles, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate dicho proyecto de ley, cuyo propósito es que el Gobierno pueda ofrecer de manera gratuita este tratamiento, junto al debido acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Además, propone que quien realice un acto sexual violento con menores de edad incurra en prisión de 180 a 360 meses.
Sería el Ministerio de Salud el encargado de ofrecerlo a quienes lo soliciten voluntariamente, con posterioridad al cumplimiento de su pena privativa de la libertad.
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El proyecto pasará ahora por la Cámara de Representantes, donde surtirá dos debates más, para luego convertirse, de ser aprobado, en ley de la República. Como la legislación colombiana solo contempla dos tipos de penas, prisión y multa, lo más probable es que se requiera una modificación en el Código Penal para incluir la castración química.
Otros países que han aplicado este método son Estados Unidos, Rusia, Polonia y Korea del Sur.