Faltándole solo el último debate en la plenaria del Senado, varias voces se han levantado en contra de la reforma política y electoral. La más reciente de esas críticas proviene del componente Farc de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que aseguró que la reforma está siendo utilizada para “agudizar la ausencia de garantías democráticas y el ventajismo electoral”.
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El componente Farc fue crítico con el hecho de que en el borrador final del proyecto de ley que está próximo a aprobarse, se ignoraron las recomendaciones de la Misión Especial Electoral (MEE), contemplada en el acuerdo de paz, con las que se buscaba “sacar al sistema político colombiano de la profunda crisis de legitimidad en la que se encuentra sumergido”. El componente aseguró que “de las disposiciones expresamente mencionadas en el punto dos del acuerdo de paz, no queda prácticamente nada”.
Criticó que, “si bien el proyecto aún mantiene algunos aspectos positivos (…) han desaparecido progresos sustanciales para el control de los dineros privados en las campañas, así como los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y la lista cerrada, entre otros contenidos”.
Según el componente Farc todos estos cambios son fruto del “sabotaje parlamentario”, que han convertido a la reforma política en “un proyecto hecho a la medida de exigencias y urgencias electorales particulares con mira a la contienda de 2018, y carente de cualquier reestructuración de fondo a este maltrecho sistema político”.
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También la calificó como un “Frankenstein irreconocible: una reforma para legalizar el transfuguismo de los enemigos de la paz, aprobar puerta giratoria para congresistas, coaliciones para las grandes maquinarias y favorecimiento constitucional sin ningún control a las candidaturas por firmas”. Por eso, el componente de la exguerrilla fue radical con su petición de que este proyecto no se apruebe este lunes en la plenaria del Senado.
Pero el componente Farc de la CSIVI no es la primera voz que pide esto. En días pasados, la Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de Alejandra Barrios, también pidió lo mismo. Al respecto de esta discusión que parece haber perdido su propósito original, Barrios aseguró, en días pasados, a El Espectador que la reforma política es una “reforma sastre”, porque cada partido hizo algún cambio que le favoreciera.
Tal es la razón por la que Barrios, en esa ocasión, dijo que resultaba mejor que la discusión se frenara hasta después de las elecciones de 2018, para “poder tener una discusión con un nuevo Congreso, que discutamos con tranquilidad, porque ahora tienen demasiadas cosas en la cabeza, dentro de ellas, lo que más les preocupa es la campaña electoral”.