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Por encima del desempleo, la inseguridad y el propio coronavirus, la corrupción es el principal problema que agobia hoy a los colombianos. Así lo evidenció la más reciente encuesta de Invamer Poll, y no es para menos: en plena atención de la pandemia, con los siempre limitados recursos del Estado, y mientras hay familias confinadas aguantando hambre, no dejan de abundar aquellos que aprovechan la situación y sacan tajada.
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Este cáncer no distingue crisis, territorio ni entidad. Solo la Procuraduría, a nivel disciplinario, investiga irregularidades en casi 200 procesos en 19 gobernaciones y 117 alcaldías. La Contraloría, a su turno, vigila ambigüedades e inconsistencias en el manejo de recursos en 26 departamentos y 67 municipios. Para la atención de la crisis, hasta ahora, se han destinado alrededor de $15 billones y seguro serán más, pues el Gobierno declaró una nueva emergencia económica, lo que les permite a las entidades la contratación directa saltándose procesos de selección.
El panorama es analizado con lupa en Transparencia por Colombia, una de las organizaciones que, desde la sociedad civil, ha denunciado la corrupción, emitido recomendaciones y que tiene reporte de decenas de casos en varias regiones (ver gráfico al final). Su director, Andrés Hernández, analiza el panorama, aplaude la unión de esfuerzos, pero reclama resultados a la brevedad.
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Un vistazo a lo denunciado deja la sensación de que no se acogieron sus recomendaciones, que iban desde mayor competencia a rendición de cuentas…
Es una lástima que mucho de lo que sugerimos al iniciar la pandemia no se haya materializado. Eso lo hicimos con base en experiencias en América Latina, no en la atención de pandemias, sino en terremotos o huracanes que activaban el estado de excepcionalidad para agilizar la ejecución de recursos. Algunas instancias escucharon, pero no deja de ser una posibilidad que esos riesgos se materialicen y es lo que se está evidenciando.
¿Basta la alianza de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría?
Es muy positivo que los órganos de control se hayan activado rápidamente. Algo que puede marcar la diferencia, para que los recursos no terminen completamente perdidos, es que esa acción conjunta y coordinada llegue a buen término y sea ágil.
Todos quisiéramos ver ya cuáles son los resultados y los responsables, verlos en la cárcel y que se devuelvan los recursos, pero eso obedece al debido proceso. Así como la emergencia permite la agilización en la ejecución de recursos, esperamos que suceda igual, y al máximo, esas investigaciones. La ciudadanía no puede quedar con la percepción de que aquí se roban todo y este país no tiene solución. Se requieren resultados lo antes posible.
¿La unión significa que se requieren más dientes, que una sola entidad no basta contra la corrupción?
No creo que necesariamente se requieran más dientes en términos de más entidades o instancias de control. La alianza muestra que se hace una diferencia en términos de cerrarles todas las puertas a los corruptos. Durante muchos años hemos planteado que un factor diferencial en la lucha contra la corrupción es mayor coordinación entre instituciones. Lastimosamente esa coordinación no la hemos visto en otros casos que han representado riesgos importantes de corrupción. Ahora lo más importante es llegar a resultados.
Estamos en un dilema entre permitir que los encargados de atender las emergencias de salud, de proveer las ayudas y de reactivar la economía lo hagan con la celeridad que se necesita, pero sin descuidar los controles y evitando que estos terminen haciendo inoperativa la acción urgente. Hay una rendición de cuentas que se debe hacer en tiempo real.
¿Es suficiente la rendición de cuentas, o qué más se puede hacer?
Hay que seguirles pidiendo a los ejecutores que no bajen la guardia frente a los riesgos de corrupción, también a los órganos de control. Es importante que la contratación responda a la emergencia y sea completamente visible; que las ayudas —en particular las que favorecen la reactivación económica— se hagan de manera transparente en términos de quién es el beneficiario y que no descuidemos la importancia de fortalecer las instituciones.
¿Están abusando de la contratación directa?
Es el riesgo. Hay que precisar quiénes están abusando de ella para beneficio particular. Eso es lo que definimos como un acto de corrupción: el uso de un poder delegado en detrimento de un interés colectivo para beneficio propio. Nos preocupa echar a todos en una sola bolsa. Por ello, es importante que la investigación de los órganos de control sea muy expedita, y que desde la ciudadanía podamos aportar información útil alrededor de situaciones que estemos viendo y que vayan un poco más allá de lo evidente.
Sin duda, nos causa mucha indignación los sobreprecios de los mercados, pero en muchos casos estamos ante el riesgo de contribuir a posible desinformación y a una percepción que no sea correcta, echando a todas las instituciones en la misma bolsa.
¿Llegó la hora de reevaluar la contratación directa, casi a dedo?
La figura es completamente necesaria para atender situaciones de emergencia. Sería muy difícil, por ejemplo, tener una respuesta aún más oportuna teniendo que abrir licitaciones para compra de bienes y servicios. El problema no es la figura, sino cómo la ponemos en práctica. Si contra la corrupción se requieren resultados más rápidos, la rendición de cuentas por parte de los ejecutores es aún más alta.
¿Cómo fortalecer esta modalidad de contratación para evitar riesgos?
Por ningún motivo puede haber contratos que no estén asociados a la declaración de la emergencia. Hay denuncias sobre el uso de la urgencia manifiesta para comprar servicios que no se necesitan. Lo segundo es garantizar la idoneidad de los proveedores y que se verifique quiénes son: ¿hay financiadores de campañas detrás?, ¿hay familiares o personas que pudieran estar impedidas por inhabilidades o incompatibilidades? También es importante la máxima publicidad y divulgación de los contratos para generar control ciudadano y estatal. Todo es para implementar ya.
De todos los presuntos hechos de corrupción, ¿cuál es el que más les ha llamado la atención?
Tristemente, a lo que nos exponemos saliendo de esta emergencia, es a que intereses o grupos particulares se aprovechen indebidamente de las ayudas. Terminamos en un escenario de toma del Estado, que es la peor forma de corrupción, pero también profundizando las condiciones de inequidad, bien sea porque se entregaron recursos a quienes no lo necesitaban o porque no se atendieron a los más vulnerables.
Eso lo veo reflejado en la presunta irregularidad que ha aparecido en el Ministerio de Agricultura y en Finagro, con la entrega de ayudas y subsidios al campo.
Por su experiencia, ¿cuánta plata se podría perder en corrupción durante la pandemia?
En algunos cálculos que hacíamos hace años, en el sector privado se manifestaba que el porcentaje que se pagaba por obtener un contrato o trámite llegaba al 17 %. No es metodológicamente adecuado aplicar ese porcentaje a los $25 billones que se tienen presupuestados para la emergencia, pero sabemos que hay unos recursos que se están ejecutando con mayor discrecionalidad y por lo tanto, están en mayor condición de riesgo de ser mal utilizados. Hay que controlar cada centavo para que se use de la manera más eficiente posible.
Ojalá no se pierda un centavo. Por los datos que ha dado la Contraloría, hay alrededor de $80.000 millones en juego, lo cual es inaceptable.
Fuente: casos de presunta corrupción reportados en el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC)
jgonzalez@elespectador.com