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El exministro de Fernando Carrillo asumió como Procurador General de la Nación. El reto no es fácil, al país se lo está carcomiendo la corrupción. No hay sector en el que haya inversión gubernamental que en el que no tenga un escándalo de cobro de coimas para favorecer la contratación. Todo con la mediación de congresistas y altos funcionarios de Gobierno.
Tal es la magnitud de la corrupción en Colombia que este parece ser el tema central de debate presidencial para 2018. Los senadores Claudia López y Jorge Enrique Robledo que ya anunciaron sus candidaturas así lo han manifestado, incluso dicen que esto le cuesta $60 billones anuales al país. Carrillo, desde ya, tiene un reto que debe coger por los cachos. (Lea: "Los peores enemigos de Colombia ya no portan fusiles, sino coimas": procurador Fernando Carrillo)
Odebrecht
El exviceministro Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron capturados por corrupción en contratación con la firma Odebrecht, también fueron vinculados a la investigación los congresistas Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, Alejandro Carlos Chacón y Alfredo Cuello, lo que parece ser apenas la punta de iceberg de un gran escándalo como ha ocurrido en Brasil, Perú y Ecuador.
Esta empresa tiene varios contratos en Colombia, entre ellos, para Alcantarillado Tunjuelo, Canoas, río Bogotá; Sector dos de la Ruta del Sol, entre Puerto Salgar y San Roque; Vía Ocaña – Gamarra; la navegabilidad del Río Magdalena y la vía Puerto Boyacá y Chiquinquirá.
Si las cosas sucedieron en Colombia como en otros países. En todos habría pago de coimas para hacerse a los contratos por la participación de funcionarios públicos. Será entonces Fernando Carrillo, como procurador, el encargado de disciplinar a quienes formaron parte de esta maraña de irregularidades. Así lo planteó el presidente Juan Manuel Santos en la posesión de Carrillo: “Hasta ahora ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, ¡que le caiga todo el peso de la ley!”.
Reficar
Se trata de uno de los escándalos más grandes de corrupción de los años recientes y se ha reducido a señalamientos entre los gobiernos de Uribe y Santos, pues fue tan larga la ejecución de esta obra que algo de responsabilidad tiene cada uno. Lo que es claro es que aún no hay responsables y se trata, a juicio de la Contraloría, de un asunto que puede tener implicaciones fiscales de cerca de $8 billones.
La Procuraduría ya avanza en investigación contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. También están revisando la actuación del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry y los exministros de Minas y Energía Federico Renjifo y Amylkar Acosta. Por ahora se trata de etapas previas, pero se esperan conclusiones reales.
Funcionarios de carrera
Este es un tema del que se viene hablando desde la gestión del procurador Alejandro Ordóñez, las normas plantean que los funcionarios de esta entidad sean nombrados por un concurso de méritos, algo que se ha estado haciendo a medias y no fue implementado durante la administración Ordóñez.
Aunque parece un tema técnico, es la forma de que la Procuraduría no se convierta en un fortín político al que entran a trabajar los recomendados de los políticos, en especial de los congresistas que son quienes dan su voto para elegir el jefe del Ministerio Público.
El proceso en la administración Ordóñez quedó así: ya fueron ocupadas las plazas de 744 procuradores judiciales de nivel I y II y se dejó en marcha el proceso para proveer 739 cargos de carrera, en los niveles: asesor, ejecutivo, profesional, técnico y administrativo.
Alimentación infantil
Uno de los temas que más indigna es que en Colombia los niños se mueran literalmente de hambre, como sucede en los departamentos de La Guajira y Chocó. La directora del ICBF, Cristina Plazas, ha presentado denuncias y ha tratado de realizar un ‘purga’ en la entidad, pero es claro que en las regiones no se han podido sacar a los funcionarios públicos que forman parte de estas redes que se enriquecen con el dinero de la alimentación infantil.
Uno de los retos de Carrillo es lograr que las denuncias y hechos graves de corrupción se conviertan en sanciones contra los funcionarios que hacen mal uso de este presupuesto.
Salud
Con dineros públicos se paga la salud de todos los colombianos y pese a que son continuos los escándalos de corrupción, clientelismo y participación de congresistas, en este sector en particular no se han tomado medidas de fondo.
Nada pasó con la liquidación de Caprecom, EPS estatal, convertida en un fortín político, que dejó de funcionar por el desgreño administrativo y millonarios contratos que nunca supo explicar su última directora, Luisa Fernanda Tovar. En este caso particular, con nombre propio ha sonado el senador Roy Barreras, pero nada se ha avanzado.
Además, está el caso de Saludcoop, hoy Cafesalud, que en próximos meses será vendida. Aunque es claro que se trataba de una entidad privada. Hay funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la caída de la EPS más grande del país.
Otros temas
La Fiscalía de Eduardo Montealegre dejó muchas dudas sobre el manejo de la contratación. Fue la entidad que durante el Gobierno Santos tuvo un mayor aumento de presupuesto, esto porque la idea era consolidar el proyecto de una “Fiscalía para la paz”. Por esa vía se creó una Universidad en la que se invirtieron más de $34 mil millones, tenía apenas un puñado de alumnos y finalmente tuvo que ser cerrada.
Más escandalosos resultaron los contratos con la politóloga Natalia Springer que superan los $4.000 millones para analizar violaciones de derechos humanos cometidas por las Farc y para hacer un análisis de los patrones de macrocriminalidad del Eln. En este caso está en duda la idoneidad de Springer para estas investigaciones y también se cuestiona por qué no se hizo este trabajo con el personal de la Fiscalía.
Además, hay investigaciones abiertas contra el exministro de Minas, Tomás González, por supuesta celebración irregular de contratos con la empresa Connecta SAS, de la cual su esposa Ángela Baena es representante legal. Otro es el ministro Mauricio Cárdenas por el caso Reficar.
Un tema sobre el cual Carrillo hizo énfasis en su discurso de posesión, es precisamente uno de los que más generó críticas contra su antecesor Alejandro Ordóñez y es tener una Procuraduría que vele por los derechos de todos los colombianos, sin importar su género o concepciones ideológicas.
Desatar el nudo gordiano de la corrupción no es un asunto fácil. El polémico exprocurador Alejandro Ordóñez sancionó disciplinariamente a 21 ediles, 1.056 concejales, 1.601 alcaldes, 38 diputados, 66 gobernadores y 24 congresistas y aun así la situación es preocupante.