Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia del gobierno Santos, las denuncias por una posible toma del corregimiento de Pogue, en Bojayá, el pasado 31 de diciembre, se pudieron evitar desde hace mucho tiempo debido a que la Defensoría del Pueblo hizo por lo menos tres alertas tempranas inminentes al Ministerio del Interior acerca de la situación en riesgo de las comunidades de ese municipio chocoano.
Por tal motivo, Cifuentes optó por interponer una denuncia por omisión a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al considerar que no hizo lo suficiente por evitar el temor generalizado que vivió la comunidad del corregimiento de Pogue por la presencia de 300 hombres armados, según lo reportó la Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz.
“Es preciso anotar que las denuncias sobre posibles confinamientos, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual contra mujeres y niños, secuestros homicidios y en general graves violaciones a los derechos humanos habían ya sido puestos en conocimiento a la opinión pública por parte de la ONIC (en abril de 2019), de las Naciones Unidas en su informe anual sobre derechos humanos (...) Lo que resulta extraño y preocupante y que de paso motiva la presente petición es que la Defensoría del Pueblo había advertido y comunicado al Ministerio del Interior sobre el riesgo inminente que corrían las comunidades aledañas a Bojayá”, se lee en la denuncia.
Cifuentes explica que el despacho dirigido por Carlos Alfonso Negret reiteró la presencia de miembros del Eln y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. A esto, resaltó el exfuncionario, se le suma la ausencia del Estado en la zona.
En el documento anexa los documentos de la Defensoría en los que se leen la preocupación por lo que podría pasar en la zona. “Alerta temprana debido al confinamiento y grave riesgo de desplazamiento de que enfrentan aproximadamente 2.250 habitantes indígenas y afrocolombianos (...) El riesgo para la población civil se fundamenta en la reciente agudización de la presencia del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (...) Se interfiere también, por la dinámica de los grupos armados ilegales y por la falta de presencia permanente del Estado en inmediaciones de las zonas rurales, una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres; posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, se lee en un apartado del 9 de abril de 2019 de la Defensoría, reiterado en octubre del año pasado y extendiendo los alcances a todo el Alto Baudó.
A lo que sigue Cifuentes sustentando su denuncia: “Anotado lo anterior, resulta extraño que solo hasta que se hicieran públicas las denuncias por parte de la Comisión Intereclesial y se anunciaran medidas extraordinarias por parte del presidente”, destaca pidiéndole al procurador determinar si hubo o no una falla disciplinar de la ministra al no acatar dichas alertas por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) que debe de presidir ella como jefe de la cartera política.
Lea: Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por alertas en Bojayá.
“No estamos diciendo que no ha habido una total inacción, estamos pidiendo que se dé la cara y se diga qué acciones se ha tomado, porque el presidente, los primeros días de enero, está tomando acciones extraordinarias cuando ya había riesgo inminente”, dijo Cifuentes a RCN Radio.
Por otro lado, el exfuncionario también se cuestionó la efectividad del Ejército, pues, a su juicio, los uniformados están llegando hasta después de 48 horas de conocidas las denuncias. “Hay que analizar los protocolos de movimiento de las Fuerzas Militares y también habría que ver de qué manera hay una convivencia entre Fuerza Pública y grupos armados. Son posibilidades que se deben de explorar”, señaló.