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A principio de legislatura, el representante Ricardo Ferro, inspirado en el programa Obras por Impuestos, radicó un proyecto que le permite a las empresas financiar la compra de vacunas en contra del COVID-19 a cambio de tener una reducción considerable en su declaración de renta. Según el representante, las empresas podrán separar hasta el 50% de lo que tienen que declarar de renta para invertirlo en vacunas, que tendrán que ser compradas a los laboratorios que, en su momento, sean aprobados por el Gobierno.
El proyecto, que tiene como intención fundamental garantizar el acceso universal a la vacuna, recibió un nuevo impulso en los últimos días al recibir el mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque. Este miércoles se conoció la comunicación que envió el primer mandatario a las mesas directivas de Cámara y Senado pidiendo la prelación para este proyecto de su partido.
En la comunicación, Duque señaló que lo “Estados deben prepararse para plantear una estrategia de vacunación” a corto plazo debido a que los rebrotes en distintos países del mundo han demostrado que las medidas de protección son solo una herramienta de disminución de “contagios y muertes”, mas no es la solución definitiva.
El primer mandatario reconoció en la comunicación que ningún laboratorio tiene una vacuna lista, pero la industria ha cambiado su forma de venta. Esto quiere decir, en palabras de Iván Duque, que “comienzan a producir la molécula desde las fases clínicas para ofrecerles a los Estados recolectar recursos desde etapas tempranas y tener el inventario necesario para el momento en que logren la aprobación”.
Iván Duque también señaló en su comunicación al Congreso que este modo de compra implica cierto riesgo para el Ejecutivo, pues siempre se ha hecho estos negocios a través de fondos de compra de vacunas y no de forma directa entre Estados y farmacéuticas. Asimismo, recordó que la forma como se está comprando las vacunas es una opción de compra que puede que a futuro no resulte y que el dinero investido sea devuelto de forma parcial o total, dependiendo como se haya estructurado el negocio.
En la carta, el presidente también fue más allá y señaló la necesidad de que se disponga de un fondo de mitigación que pueda asumir los costos por posibles efectos secundarios y daños generados por la vacuna. Aunque estos gastos normalmente los asume la farmacéutica, la búsqueda exprés de la vacuna ha hecho que esta carga pase a los Estados y que parte de dicha responsabilidad sea liberada de los laboratorios.
Con este mensaje de urgencia, el proyecto del representante Ferro pasará a ser discutido de forma conjunta por las comisiones Séptima de cada una de las corporaciones. También garantizaría que su discusión fuera de forma paralela en cada plenaria. La intención es que el proyecto sea debatido lo más rápido posible para así garantizar que el país tenga los recursos suficientes para cuando la vacuna esté lista.
La oposición tiene un proyecto similar en el que se pide que la vacuna del COVID-19 sea incluida en un plan universal de vacunación. “Este proyecto de ley busca que la vacuna que contrarreste el COVID-19 sea un bien público, de acceso universal y gratuito. Para eso este proyecto tiene disposiciones que hacen viable ese fin”, comentó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Sin embargo, el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro señaló que su iniciativa debe primar sobre la de la oposición porque ya contempla la universalización de la vacuna.