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A principios de este mes, el Partido FARC reconoció su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otros casos. Algunos interpretaron ese reconocimiento como una expresión de su voluntad de acatar la justicia y ofrecer la verdad. Otros, incluido el presidente Duque, afirmaron desconfiar de ese reconocimiento y hasta llegaron a decir que los responsables debían salir del Congreso, de la política e ir a la cárcel, sin importar lo que establece el Acuerdo de La Habana.
Según el presidente, la FARC podría estar encubriendo a otros actores: “Que no se vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato. Porque adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas”.
Duque se refiere a la hipótesis de los familiares de Gómez Hurtado, quienes afirman que el expresidente Samper y su exministro de Gobierno Serpa estarían detrás del asesinato. Por eso, tanto Samper como Serpa han dicho que son “víctimas de las calumnias de la familia de Álvaro Gómez (…) [y] del silencio de la FARC sobre su responsabilidad en este homicidio”. Además, han pedido que la FARC esclarezca “los detalles de modo, tiempo y lugar” del asesinato.
Por su parte, Héctor Paul Flórez, quien fue condenado a cuarenta años de cárcel por el asesinato de Gómez –de los cuales pagó más de dieciocho–, reiteró su inocencia y dijo que recibía con optimismo las declaraciones de la FARC.
Por todo lo anterior, el reconocimiento de la FARC no solo es importante porque puede llevar a esclarecer la verdad sobre hechos relacionados con el conflicto armado, sino porque puede mostrar la arbitrariedad y el error de la justicia en casos similares.
¿Qué más implica el reconocimiento de este asesinato y qué otras consecuencias podría tener?
La difícil verdad
Para garantizar una transición adecuada hacia el postconflicto, el Acuerdo de Paz de La Habana incluyó varios pilares. Uno de ellos es la verdad: las partes deben reconocer los hechos de violencia que cometieron y contribuir a la reparación de las víctimas dentro de los mecanismos de justicia transicional convenidos.
En cualquier conflicto, lo usual es que un actor se niegue a reconocer su responsabilidad y que señale a otros. Las antiguas Farc EP fueron bastante reticentes a reconocer la verdad: en los diálogos del Caguán, los dirigentes contestaban con evasivas los reclamos de las víctimas o de los periodistas y señalaban siempre solo a la responsabilidad del Estado.
En las negociaciones con el gobierno Santos, hubo episodios similares. Recordemos, por ejemplo, que cuando le preguntaron a Jesús Santrich si iba a pedir perdón por lo que había hecho este contestó de forma irónica “quizás, quizás, quizás”.
A pesar de este tipo de tropiezos, la actitud de la guerrilla cambió progresivamente a lo largo del proceso de paz:
-La mesa de negociaciones contó con la participación de varias delegaciones plurales de víctimas, que sensibilizaron a los negociadores con sus impactantes testimonios.
-Al final de la negociación, los miembros de la FARC realizaron actos de reconocimiento de verdad con las víctimas de varios hechos, como las masacres de Bojayá y La Chinita, el secuestro de los diputados del Valle, y las acciones armadas en Granada, Antioquia y El Nogal, en Bogotá.
Estas acciones de verdad y perdón fueron más decididas que las del gobierno: por ejemplo, cuando el expresidente Santos hizo un reconocimiento a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (UP) no llegó a pedir perdón ni a reconocer claramente la responsabilidad del Estado.
Un paso correcto
Con la llegada de Duque a la presidencia, el desarrollo del Acuerdo del Colón empezó un momento mucho más difícil.
Aunque el presidente está obligado a llevar a cabo los acuerdos, él y su partido se resisten a hacerlo y se oponen públicamente a lo acordado. En 2017, el Congreso le quitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) la competencia para juzgar a terceros civiles responsables de graves violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto.
Bajos estas circunstancias, los reconocimientos de verdad por parte de la FARC se debilitaron e hicieron más raros en los últimos años. Aunque varios dirigentes de la antigua guerrilla han mantenido las expresiones de verdad y perdón, algunas voces se han resistido a mantener la misma actitud reconciliadora si el gobierno no demuestra su voluntad de cumplir el Acuerdo.
Por eso, el reconocimiento del asesinato de Álvaro Gómez no parece un hecho fortuito: se trata de una decisión política del partido de seguir diciendo la verdad, aunque el gobierno y otros actores del conflicto callen e incumplan su parte. En mi criterio, esta decisión contribuye a fortalecer el proceso de paz y le otorga al Partido FARC mayor legitimidad y credibilidad política y social.
Esta interpretación optimista adquiere más fuerza si se tiene en cuenta que esta misma semana, la FARC tuvo otro gesto de perdón: ante la Asamblea de Antioquia, el exfeje guerrillero Pastor Alape pidió perdón por el secuestro y asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y de su asesor de paz Gilberto Echeverri.
Que todos digan la verdad
Desde luego, estas acciones tienen un impacto judicial. Después de recibir la carta donde la FARC reconoce su responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado, la JEP llamó a dos exjefes guerrilleros para que rindan su versión sobre los hechos.
Además, la JEP le solicitó a la Fiscalía remitir el expediente sobre el caso y dejó claro que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad es competente para estudiar los hechos, pues fueron cometidos en el marco del conflicto armado antes de la firma del Acuerdo de Paz.
En una visión más amplia, el reconocimiento sobre el asesinato de Gómez Hurtado puede aportar a la verdad en otros hechos. Actualmente, la JEP lleva dos macro casos contra la FARC: uno, sobre retenciones ilegales y secuestros y otro sobre reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.
Además, lleva otros casos regionales por conductas violatorias de los derechos humanos de distintos actores en Nariño, Urabá y Cauca-Valle del Cauca. Incluso fuera del marco de estos casos, las Farc estuvieron involucradas en varios hechos contra civiles:
-Atentados y homicidios contra personalidades públicas, por ejemplo, contra adversarios políticos regionales, como los miembros del Partido Liberal en Caquetá, del Partido Esperanza, Paz y Libertad en Urabá, contra indígenas en Cauca y contra otros en diferentes regiones;
-Masacres contra la población civil como las de Urabá contra sindicalistas;
-Y uso de terrorismo y de minas antipersonales sin las protecciones demandadas, entre otras relevantes.
Para llegar a saber la verdad de lo que sucedió en todos estos casos, se necesita que todos los actores, armados y no armados, reconozcan sus responsabilidades. El reconocimiento del asesinato de Gómez Hurtado es un signo positivo de que la FARC está tomando la iniciativa de hacerlo.
En lugar de amenazar a los miembros de la FARC por decir la verdad, el gobierno debería seguir el ejemplo y contar de forma integral su propia responsabilidad institucional e histórica en el conflicto. Así, los paramilitares, otras guerrillas, milicias, autodefensas y sectores de élite y poder deberían continuar y dar una versión completa y genuina sobre lo que ocurrió.
Como dijo Cristina de la Torre en El Espectador: “que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigadas del Ejército, la verdad sobre los ‘falsos positivos’. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?”.
Esta exigencia para que todos los actores del conflicto cuenten la verdad podría ayudar a crear condiciones hacia la paz y una reconciliación genuina, en suma, a lo que ha pedido Álvaro Leyva: un movimiento nacional por la verdad.
* Directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.