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Convocado por las centrales obreras y organizaciones sociales, estudiantiles y de oposición política, Colombia se prepara para el paro nacional del próximo jueves 21 de noviembre, en medio de un ambiente tenso alimentado por el cruce de mensajes amenazantes en las redes sociales y teniendo como espejo las multitudinarias movilizaciones de Chile y Ecuador. Aquí el anuncio del paro se ha convertido en un tire y afloje entre el Gobierno y sus aliados, que consideran que los motivos que se esgrimen para la protesta están fundamentados en mentiras, y sus promotores, que ven lesivas las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque.
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Los analistas hablan de una “medida de aceite” al primer mandatario, en momentos en que la tormenta arrecia y crecen los rumores sobre cambios en su gabinete. La semana pasada se dio la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, después de un debate de moción de censura en el Congreso en el que se reveló la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública a un campamento guerrillero en Caquetá. En la más reciente encuesta Gallup, la desaprobación de la gestión de Duque llega al 69 % —la más alta desde que inició su mandato—, mientras que el 70 % de los colombianos consideran que el país va por mal camino. Para completar, las propuestas que se oyen desde sectores gremiales alborotan el avispero, como la que hiciera el presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, de pagarles un salario inferior al mínimo a los jóvenes; o la del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, de que es necesario aumentar la edad de jubilación. Habría que agregar las tareas que le exige la OCDE a Colombia, por ejemplo, la enajenación de empresas estatales, que deberían estar más en el sector privado que en el sector público, o el nuevo trámite de la Ley de Financiamiento, pilar de la política económica de Duque, que tumbó la Corte Constitucional y a la que partidos como el Liberal y Cambio Radical ya anunciaron que buscarán introducirle cambios.
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Según los organizadores del paro, este se da en contra de la reforma laboral que se planea implementar; contra le anunciada reforma pensional, que según los sindicatos apunta a quitar derechos y privatizar Colpensiones; contra la venta de algunas entidades estatales; contra la corrupción, el aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales para imponer más tributos a la clase media. También reclaman por un salario mínimo digno; por el cumplimiento de los acuerdos firmados con profesores, trabajadores estatales, estudiantes, indígenas y el agro, y por la defensa misma de la protesta social, que algunos sectores insisten en que se debe regular.
Argumentos que, como lo ha dicho el presidente Duque, están fundamentados en “mentiras” y lo que buscan es “incendiar la sociedad y que haya pugnacidad entre los colombianos”. De hecho, el mandatario advirtió que se está promoviendo que la protesta sea “a través de la violencia”. “Tenemos que pararnos firmes como sociedad, ponernos la mano en el corazón y reconocer que no es a través de la violencia, que no es a través de las agresiones, como logramos las transformaciones sociales”, remató el jefe de Estado, quien ha recalado que las reformas a proponer en materia laboral y pensional serán llevadas, antes que todo, a la Mesa de Concertación.
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Su mensaje es una clara respuesta a los videos que se vienen difundiendo a través de las redes sociales, en los que personas encapuchadas anuncian que el día del paro se adelantarán bloqueos de vías, ataques al transporte público y otras acciones. Sin embargo, los organizadores de la movilización aseguran que se trata de una campaña sucia de sectores afines al Gobierno, que buscan que la ciudadanía se ponga en contra del paro. Y esgrimen que el lenguaje que se utiliza en uno de esos videos no se encuadra con el de los manifestantes, pues se emplean términos como “civiles” y “honor”, más relacionados con la Fuerza Pública, a la que desde ya responsabilizan de infiltrar la protesta para crear un ambiente de caos y justificar la represión policial.
Mientras tanto, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe insiste en recalcar que detrás del paro del 21 está el Foro de São Paulo, la organización de grupos de izquierda latinoamericanos, y su estrategia de desestabilizar a las democracias de la región, que en Colombia se apoya en la oposición política y su propósito de bloquear al gobierno Duque. “Quienes están convencidos del paro, por razones que muchos no compartimos, pero que se respetan, deberían aislar a los violentos y a los desestabilizadores de la democracia, extranjeros y locales (…) pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y, en el caso de extranjeros, que estos sean llevados a la cárcel o deportados”, trinó el exmandatario.
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Lo cierto es que el ambiente está caldeado y en un sector de la misma ciudadanía comienza a acentuarse la idea que incluso se alimenta desde algunos medios de comunicación: que quieren tumbar a Duque, como tituló su columna del domingo en Semana la periodista Vicky Dávila. El mismo presidente, sin hablar con nombres propios, les envió un mensaje directo a sus contradictores en tono de diálogo: “Dejemos esa idea de que el que gana las elecciones es el enemigo de los que perdieron las elecciones, y entonces los que perdieron tienen que salir a trabarle todas las iniciativas al otro. No más. Esa no es la Colombia que queremos, esa no es la Colombia por la lo que queremos trabajar. ¿Cuál es el sentido de seguir alimentando esos sentimientos? No más. Pensemos, por un instante, que sí, que sí hay muchas legítimas preocupaciones de la sociedad, pero tenemos que resolverlas es con las propuestas en el diálogo fraterno, en la discusión en el Congreso”.
Y aquí vamos, a ocho días de una movilización nacional de protesta, a la que desde todos los sectores se le sigue echando leña al fuego. Con una polarización que crece; un gobierno que, cifras en mano, trata de desvirtuar los argumentos y una oposición que le recuerda al uribismo los llamados que hiciera en el pasado, cuando no estaba en el poder, a movilizarse en contra de la administración Santos. En las redes sociales crece la discusión en todos los tonos, con amenazas de por medio. Por eso, ahora más que nunca, se requieren los llamados a la cordura, como el que hiciera el exnegociador de Paz Humberto de la Calle: “La ciudadanía tiene derecho a la protesta pacífica. El Gobierno a tomar precauciones ante posible vandalismo. Pero esto de crear la falsa idea de que viene una hecatombe para frustrar la protesta es un juego peligroso. Cuidado con la profecía autocumplida que solo sirve a los fanáticos”.