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La tarde fue larga. Durante más de seis horas las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado discutieron los artículos más controversiales del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y sobre las 10:35 de la noche finalmente se aprobó el articulado que ahora deberá ser debatido en las plenarias de ambas Cámaras en su recta final para convertirse en ley de la República y esperar ser un alivio para las partes que firmaron el Acuerdo de Paz, pues será el que pondrá a funcionar con todos los juguetes la justicia transicional.
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Eso sí, los congresistas dejaron decenas de constancias en varios asuntos para que se reabran en las próximas discusiones cuando se reúnan las plenarias por separado. Por el momento, lo aprobado condensa varias de las peticiones que hicieron diferentes sectores políticos y el mismo fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Algunos artículos que tenían proposiciones que hacían más arduo el debate también pasaron tal como venían en la ponencia presentada por Horacio Serpa y Hernán Penagos, quienes fueron designados nuevamente como ponentes y deberán presentar el informe de ponencia dentro de ocho días.
No obstante, cuando todo parecía finiquitarse, las comisiones aprobaron reabrir la discusión sobre los artículos 67 y 30, referentes a la responsabilidad de mando de los miembros de las Fuerzas Militares y la participación política de las Farc, respectivamente. Sobre este último estaba la proposición de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, que contemplaba que los culpables de crímenes atroces no pudieran llegar a cargos de elección popular sin antes haber pasado por la JEP. Finalmente, fue aprobado en Senado con 11 votos a favor y dos en contra, y en Cámara con 18 a favor y tres en contra. De esta forma, los miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que ayer hizo su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se podrán postular como candidatos en las elecciones de 2018. Lo mismo sucedió con el artículo 67, que fue aprobado en Senado con 10 votos a favor y tres en contra, mientras que en Cámara obtuvo 19 votos a favor y dos en contra.
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Las comisiones primeras aprobaron más de 40 artículos, muchos votados en bloque; muy pocos fueron discutidos por separado. Sin embargo, en general, los textos se votaron por amplias mayorías, aunque aún quedan las dudas sobre si habrá la fuerza política necesaria para que la JEP pase sin problemas los debates en plenarias, teniendo en cuenta que uno de los partidos de la coalición del Gobierno, Cambio Radical, anunció su disidencia política para votar negativamente todo lo que tenga que ver con la justicia transicional. De hecho, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, ratificó ayer la posición de su partido ante las versiones que corrían sobre que, una vez acogidas las sugerencias del fiscal Martínez, muy cercano a esa colectividad, los senadores y representantes cambiarían su voto.
El álgido debate osciló, además de la participación política, en la presencia de abogados extranjeros en los procesos, un asunto que se saldó con la aprobación de la proposición modificativa del artículo 36 de la estatutaria presentado por la senadora Viviane Morales, aunque para algunos, como Jairo Rivera, de Voces de Paz, la aprobación de este artículo, que impide la participación de abogados que no sean colombianos, es violatoria del Acuerdo de Paz. También fueron aprobados los artículos que se encargaban de la responsabilidad de mando de los jefes de las Farc y los que tenían que ver con los efectos de la amnistías y que definían los delitos no amnistiables, entre otros. La JEP avanza lento, sus pasos parecen seguros, pero su éxito significará para el Gobierno reacomodar y medir sus fuerzas políticas para garantizar las mayorías y así recortar los tiempos de entrada en funcionamiento del tribunal que juzgará los crímenes del conflicto.
Ahora, la estatutaria de la JEP hace su paso a plenarias con varias incógnitas que aún no están claras, incluso para quienes han acompañado al Gobierno en la aprobación de las reformas necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, las críticas a la JEP llegaron desde organizaciones internacionales, como Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG, envió una misiva a Guillermo Rivera, ministro del Interior, y a los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, respectivamente, en la que reitera algunas objeciones sobre el articulado del proyecto y sobre los puntos que, considera, no son tratados en el texto o sobre los que hay que llamar la atención.
Para la organización las preocupaciones se encaminan en que la justicia transicional, como está contemplada, pueda permitir que los responsables de crímenes de guerra no reciban sanciones genuinas por los delitos por lo que son responsables. También hay observaciones sobre la suspensión de procedimientos penales en la Fiscalía que se haría efectiva una vez la JEP solicite la remisión de dichos procesos. Lo que es claro es que el debate de la JEP, una de las piedras angulares del Acuerdo de Paz, hizo que estallara la guerra política en el interior del Congreso y sus secuelas, con mucha seguridad, se verán reflejadas en los últimos trámites que le quedan a la justicia transicional.