El gobierno de Juan Manuel Santos, en la recta final

Cuando el presidente Juan Manuel Santos le hablaba al público en un evento de entrega de títulos de tierras a familias restituidas en el municipio del Valle de San Juan (Tolima), el pasado 27 de diciembre, algunos asistentes lo increparon. Lo acusaron de mentiroso y de “entregar el país”. El fin de año en Cartagena, cientos de personas protestaban frente a una caravana de carros en la que, supuestamente, iba el presidente Santos. No se confirmó si, efectivamente, él iba en algunos de los vehículos, sin embargo, lo sucedido fue registrado por varios medios de comunicación como abucheos al mandatario y, por supuesto, utilizado por los líderes de la oposición para decir que se trataba del rechazo a las medidas tomadas por un Gobierno “desprestigiado”. Al presidente, sus adversarios no le perdonan una.

Lograr la paz con las Farc y entregar beneficios a los excombatientes y miembros del Secretariado de la otrora guerrilla le costó parte de la imagen al presidente Juan Manuel Santos, quien, a pesar de gozar de cierto reconocimiento internacional y haberse hecho con el Premio Nobel de Paz en 2016, no ha podido levantar el vuelo de una favorabilidad que iba en picada a medida que avanzaba y se conocían los textos del Acuerdo de Paz. Ahora, más allá de las vidas que ha salvado la terminación del conflicto armado con las Farc y de las oportunidades económicas que significa para el país, muchos ciudadanos no ven con buenos ojos que, por ejemplo, miembros del Secretariado lleguen al Congreso sin antes haber saldado sus deudas con la justicia en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sistema que aún no entra a funcionar en firme. Un postulado que, incluso, comparten algunos de los que formaron parte de la negociación, como el candidato presidencial Frank Pearl.

Lea: ELN, Congreso, sistema judicial, partidos políticos y FARC, con la peor imagen

De acuerdo con Gallup Poll, que hace una medición detallada de la imagen de los diferentes personajes públicos de la vida nacional, el presidente Juan Manuel Santos inició su primer mandato con el 74 % de aprobación. En octubre de 2010, dos meses después de haberse posesionado en la Casa de Nariño, alcanzó el 82 % de imagen favorable. Ese fue su punto más alto. Desde esa fecha la popularidad del primer mandatario ha caído hasta alcanzar, según la medición de diciembre de 2017, el 22 % de aprobación en la gestión, niveles tan bajos como los del expresidente Andrés Pastrana, que durante todo su mandato no alcanzó a llegar al 50 % y terminó con un 20 %. La opinión pública también le ha cobrado a Santos los resultados en materia económica, como el crecimiento del 1,8 % cuando las previsiones del Gobierno fueron de, por lo menos, 2,5 % para 2017; el costo de vida; la inseguridad; y la calidad y el cubrimiento de la salud.

Por supuesto, la imagen pública del presidente Santos en los ciudadanos tiene sus repercusiones en la arena política. Sobre todo, porque también le tocó afrontar la implementación de un dilatado Acuerdo de Paz desde un Gobierno con poca capacidad de maniobra, sin ser capaz de garantizar las mayorías en el Congreso para sacar adelante proyectos como el de la reforma política o las circunscripciones especiales de paz. Esa falta de fuerza, seguramente, será más evidente en los últimos siete meses que aún le quedan como jefe de Gobierno, tiempo en el que serán radicadas otras iniciativas que tienen por objetivo llevar a la realidad lo pactado en La Habana. Incluso, algunos senadores afines al proceso de paz ya dan por hecho que es muy poco lo que se podría aprobar en el último período de la legislatura y que los esfuerzos se concentrarán en lograr llegar a la Presidencia con un candidato que pueda garantizar la continuidad de la implementación.

En 2018 se dará una dura pelea política que se desarrollará en la coyuntura de la campaña electoral a Congreso y Presidencia, con senadores y representantes, que buscan repetir curul, en campaña y con un abanico de candidatos presidenciales que tienen la diatriba en contra del proceso de paz como principal artillería. Un escenario que, por regla de tres, golpea políticamente a Santos. Aunque no es nada raro que los mandatarios, por el desgaste normal de los gobiernos, puedan bajar puntos de popularidad al final de sus períodos —un asunto del que, por supuesto, salió muy bien librado el expresidente Uribe, con niveles de aceptación que aún hoy mantiene—, la situación es más compleja si se trata de un gobierno que camina sus últimos pasos en medio de deudas adquiridas con un acuerdo para la terminación del conflicto. Paradójicamente, la paz, después de medio siglo de guerra, fue la estocada al capital político y a la confianza de parte de la ciudadanía en el presidente.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos le hablaba al público en un evento de entrega de títulos de tierras a familias restituidas en el municipio del Valle de San Juan (Tolima), el pasado 27 de diciembre, algunos asistentes lo increparon. Lo acusaron de mentiroso y de “entregar el país”. El fin de año en Cartagena, cientos de personas protestaban frente a una caravana de carros en la que, supuestamente, iba el presidente Santos. No se confirmó si, efectivamente, él iba en algunos de los vehículos, sin embargo, lo sucedido fue registrado por varios medios de comunicación como abucheos al mandatario y, por supuesto, utilizado por los líderes de la oposición para decir que se trataba del rechazo a las medidas tomadas por un Gobierno “desprestigiado”. Al presidente, sus adversarios no le perdonan una.

Lograr la paz con las Farc y entregar beneficios a los excombatientes y miembros del Secretariado de la otrora guerrilla le costó parte de la imagen al presidente Juan Manuel Santos, quien, a pesar de gozar de cierto reconocimiento internacional y haberse hecho con el Premio Nobel de Paz en 2016, no ha podido levantar el vuelo de una favorabilidad que iba en picada a medida que avanzaba y se conocían los textos del Acuerdo de Paz. Ahora, más allá de las vidas que ha salvado la terminación del conflicto armado con las Farc y de las oportunidades económicas que significa para el país, muchos ciudadanos no ven con buenos ojos que, por ejemplo, miembros del Secretariado lleguen al Congreso sin antes haber saldado sus deudas con la justicia en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sistema que aún no entra a funcionar en firme. Un postulado que, incluso, comparten algunos de los que formaron parte de la negociación, como el candidato presidencial Frank Pearl.

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De acuerdo con Gallup Poll, que hace una medición detallada de la imagen de los diferentes personajes públicos de la vida nacional, el presidente Juan Manuel Santos inició su primer mandato con el 74 % de aprobación. En octubre de 2010, dos meses después de haberse posesionado en la Casa de Nariño, alcanzó el 82 % de imagen favorable. Ese fue su punto más alto. Desde esa fecha la popularidad del primer mandatario ha caído hasta alcanzar, según la medición de diciembre de 2017, el 22 % de aprobación en la gestión, niveles tan bajos como los del expresidente Andrés Pastrana, que durante todo su mandato no alcanzó a llegar al 50 % y terminó con un 20 %. La opinión pública también le ha cobrado a Santos los resultados en materia económica, como el crecimiento del 1,8 % cuando las previsiones del Gobierno fueron de, por lo menos, 2,5 % para 2017; el costo de vida; la inseguridad; y la calidad y el cubrimiento de la salud.

Por supuesto, la imagen pública del presidente Santos en los ciudadanos tiene sus repercusiones en la arena política. Sobre todo, porque también le tocó afrontar la implementación de un dilatado Acuerdo de Paz desde un Gobierno con poca capacidad de maniobra, sin ser capaz de garantizar las mayorías en el Congreso para sacar adelante proyectos como el de la reforma política o las circunscripciones especiales de paz. Esa falta de fuerza, seguramente, será más evidente en los últimos siete meses que aún le quedan como jefe de Gobierno, tiempo en el que serán radicadas otras iniciativas que tienen por objetivo llevar a la realidad lo pactado en La Habana. Incluso, algunos senadores afines al proceso de paz ya dan por hecho que es muy poco lo que se podría aprobar en el último período de la legislatura y que los esfuerzos se concentrarán en lograr llegar a la Presidencia con un candidato que pueda garantizar la continuidad de la implementación.

En 2018 se dará una dura pelea política que se desarrollará en la coyuntura de la campaña electoral a Congreso y Presidencia, con senadores y representantes, que buscan repetir curul, en campaña y con un abanico de candidatos presidenciales que tienen la diatriba en contra del proceso de paz como principal artillería. Un escenario que, por regla de tres, golpea políticamente a Santos. Aunque no es nada raro que los mandatarios, por el desgaste normal de los gobiernos, puedan bajar puntos de popularidad al final de sus períodos —un asunto del que, por supuesto, salió muy bien librado el expresidente Uribe, con niveles de aceptación que aún hoy mantiene—, la situación es más compleja si se trata de un gobierno que camina sus últimos pasos en medio de deudas adquiridas con un acuerdo para la terminación del conflicto. Paradójicamente, la paz, después de medio siglo de guerra, fue la estocada al capital político y a la confianza de parte de la ciudadanía en el presidente.