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En los dos años de gobierno de Iván Duque la relación con la rama judicial ha tenido sus altibajos. Los choques comenzaron a principios de 2019 con las objeciones a la ley que reglamentaba la Justicia Especial de Paz (JEP) y ahora último se ha exacerbado con los últimos pronunciamientos de la justicia en respuesta a tutelas en contra del Ejecutivo. Esto ha llevado a cuestionar la posición que ha asumido el Gobierno en estos temas y el respeto que ha tenido a la independencia de las ramas del poder.
El primer hecho enunciado, el de las objeciones a la JEP, no tiene que ver con una orden judicial, pues los peros vinieron al texto que salió del Congreso. Sin embargo, son una muestra de las fricciones que ha tenido desde los primeros meses de Gobierno el presidente. Otro hecho que puede ser agregado a esta lista es el de la declaración como inexequible de la Ley de Financiamiento, la reforma tributaria que vino desde presidencia y que fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de trámite. La respuesta del Gobierno fue volverla a presentar, consiguiendo que el Congreso la aprobara en tiempo récord.
Estos son meros hechos anecdóticos, pues los encontronazos realmente duros entre el primer mandatario y la rama judicial han llegado durante la pandemia, sobre todo en los últimos meses. Una de las primeras controversias vino con la tutela presentada por Rudolf Hommes y otros ciudadanos de edad avanzada que fue más conocida como “La Rebelión de la Canas”.
Los accionantes reclamaron que la medida de cuarentena obligatoria a los mayores de 70 años afectaba su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la igualdad y la libertad de locomoción. Un juzgado Administrativo de Bogotá consideró a lugar la petición y la respuesta de Duque fue impugnar el fallo. Sin embargo, después adaptó los protocolos a lo exigido por el fallo para igualar los tiempos de salida de los mayores de 70 años al resto de la población. Esta actitud de impugnar la decisión de inmediato fue criticada por el abogado Ramiro Bejarano, que expresó que en el Gobierno “no hay intención de introducir los correctivos sino de interponer recursos en contra de las decisiones”.
Hacia finales de junio se presentó otra tutela en contra del presidente, en este caso por un trino de su cuenta personal en el que celebró el aniversario de la declaración de “la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia”. El Tribunal Superior de Cali le dio la razón al accionante que expresó que se estaba violando la libertad de culto, la laicidad del Estado y la separación entre Estado y Religión. La orden del tribunal departamental fue impugnada y el trino no fue borrado a pesar de la orden. En este caso, la Corte Suprema revocó la tutela.
El alto tribunal expresó que el primer mandatario actuó bajo su derecho a la libertad de expresión como ciudadano del Común. Sin embargo, la Corte advirtió que el presidente usa dicha cuenta para comunicaciones propias de su cargo por lo que estuvo al borde de sobrepasar los límites que tiene como servidor público.
A pesar de la advertencia, según el analista Héctor Riveros, Iván Duque pareciera lanzar un desafío con nuevas declaraciones de contenido religioso. “Ahora hace muchas más invocaciones al tema religioso, como diciendo que yo puedo hacer todo lo que quiera”, agregó el especialista, que aseguró que actualmente el Gobierno, de forma involuntaria o voluntaria, ha tenido una “actitud de roce con el poder judicial”.
Los choques más duros entre ramas han venido por las decisiones sobre la acción de una delegación de tropas norteamericanas en Colombia y la falta de garantías para la protesta social. En el primer caso, varios senadores de oposición (Iván Cepeda, Antonio Sanguino, entre otros) presentaron una tutela debido a que al país entró una comisión asesora del Ejército estadounidense sin el permiso del Congreso. El argumento del Gobierno fue que, puesto que era una simple asesoría, no era una tropa extranjera y por eso no necesitaba preguntársele al Congreso tal como exige la constitución.
No obstante, el Tribunal de Cundinamarca, a principios de julio, consideró que los argumentos del Gobierno no eran suficientes y ordenó suspender la acción de la Comisión hasta que la información sobre su despliegue no fuera discutida por la plenaria del Senado. La respuesta del Ejecutivo, por medio del ministro Carlos Holmes Trujillo, fue reafirmarse en su postura de que no era necesario el permiso, por lo que impugnó el fallo. En esta ocasión, el Gobierno señaló que daría cumplimiento de la orden y suspendió por un tiempo la acción de los militares extranjeros.
Sin embargo, en agosto se vendría a conocer que la comisión reactivó sus operaciones en Colombia sin la votación del Senado, bajo el argumento de que a través de una carta el entonces presidente Lidio García había dado el aval. El documento en cuestión era una carta del senador liberal en la que le comunicaba al Gobierno que más de las 2/3 partes del Senado consideraban que el Ejecutivo no necesitaba pedir permiso para que la comisión asesora se desplegara por el territorio colombiano. Esto fue interpretado por el ministro de Defensa como el permiso que le había exigido la orden judicial.
Sobre este episodio, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández expresó a este diario que “una carta no sustituye una sesión de la plenaria del Senado de la República”. El exmagistrado opinó que este tipo de decisiones deben pasar por votación y quedar consignadas en un acta que exprese la resolución del Legislativo. “Pienso que el Gobierno desacató la decisión. Se violó la norma constitucional y se ha desconoció un fallo en firme de un tribunal”, expresó el exmagistrado.
El último choque entre el Ejecutivo y la Rama Judicial vino con el fallo a otra tutela, esta vez por parte de la Corte Suprema, en la que se señaló que la Fuerza Pública no había dado garantías para la protesta pacífica en los últimos años. La determinación judicial ordenó una serie de reformas a la Fuerza Pública y pedir perdón por los excesos del Esmad durante las protestas de noviembre de 2019. El Ejecutivo no estuvo a gusto con el fallo, en el que hizo énfasis que debía ser revisado por la Corte Constitucional dado que tuvo dos salvamentos de votos por magistrados del alto tribunal.
Asimismo, desde presidencia se señaló que los cambios se venían haciendo desde antes de la determinación judicial, por lo que el fallo no cambiaba los planes del Gobierno. En esta misma línea, en el caso del perdón exigido, el ministro Carlos Holmes Trujillo salió a pocos minutos de que se cumpliera el plazo dado por la Corte Suprema para decir que se había cumplido con este requisito antes de que fuera emitido el fallo, pues Trujillo salió el 11 de septiembre a pedir perdón por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía.
La respuesta del Gobierno en este fallo ha sido cuestionada por varios de los consultados por este diario. Por ejemplo, el abogado Francisco Bernate, cabeza del Colegio de Abogados Penalistas, expresó que es muy grave este desafío pues el Gobierno dice “no tenemos que pedir perdón”, a pesar que hay una orden judicial que así lo exige. “Cómo se le va a decir a los que son procesados por otros delitos que reparen, cuando el Ejecutivo no hace caso de la justicia”, agregó el abogado.
Bernate dijo que el reto del Ejecutivo no solo ha venido en su posición ante los últimos fallos sino que hechos como la aprobación de la Cadena Perpetua, que ha sido rechazada por la Corte Constitucional, y la desatención a fallos internacionales, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las funciones de la Procuraduría, también son un desafío a la rama judicial.
El diágnostico que hizo el exmagistrado Hernández fue mucho más duro, pues señaló que “el Gobierno ha venido perdiendo el verdadero alcance del Estado de derechos: que gobernantes y gobernados están bajo el mismo sistema jurídico, en el que imperan las decisiones jurídicas”. El que fue presidente de la Corte Constitucional llamó la atención de que “el primer mandatario jura cumplir la constitución y velar por la protección de los derechos de todos los colombianos. Eso incluye cumplir las sentencias judiciales y que sean acatadas”.
El extogado llamó la atención sobre la actitud del presidente de que “el fallo no se cumple si el Gobierno no está de acuerdo. Lo ponen en tela de juicio y si discrepan no lo obedecen”. Hernández aseveró que los fallos son para cumplirlos, sin importar si está de acuerdo o no. “Existen algunos recursos, pero mientras la sentencia esté en firme hay que cumplirla”, dijo el exmagistrado, que recordó que los fallos de tutelas son de cumplimiento inmediato.
Sobre la validez o no del perdón del 11 de septiembre frente al fallo de la Corte Suprema, el ahora profesor de derecho constitucional señaló que será el mismo alto tribunal el que tendrá que decidir. Pero, en su opinión, lo argumentado por el ministro Carlos Holmes Trujillo no cumple con lo exigido por el fallo ya que estas determinaciones son hacia futuro dado que es imposible por simple lógica que exija realizar una acción hacia el pasado. Además, el proceso por el que se exigió las disculpas es por lo ocurrido en noviembre de 2019 y no por los acontecimientos de 2020.
Sobre la validez del perdón realizado por el Ministerio de Defensa el 11 de septiembre, el abogado Ramiro Bejarano aseguró que es una provocación del Gobierno pues en pocas palabras quiere decir que “con esas excusas quedó blindada de por vida frente a otros atropellos. Se exculpó a la Policía de aquí en adelante”. Por último, Bejarano afirmó que “nunca había visto un gobierno tan agresivo con el poder judicial” y cuestionó si las directrices de la respuesta a la Corte no vendrían desde el partido de Gobierno para reforzar la idea de que se necesita una reforma a la justicia.