Sigue lloviendo información sobre el histórico acuerdo al que llegaron el Gobierno y las Farc el pasado sábado 7 de marzo en La Habana, con el cual se definió que las Farc ayudarían a limpiar el territorio nacional de minas —que ellos mismos, junto al Eln, llevan años sembrando—. Ayer, por ejemplo, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, ante más de 15 alcaldes de municipios afectados por el conflicto, explicó que lo pactado con la guerrilla “no es el gran programa de desminado de todo el territorio nacional, pero este programa puede sentar unas primeras bases (...) vamos a comenzar unos proyectos piloto de desminado”.
Si algo quedó claro de este encuentro, es que en el asunto del desminado se siente la urgencia. El comisionado señaló que, bajo la coordinación de Ayuda Popular Noruega (APN), “vamos a permitir que uno, dos o tres (guerrilleros) salgan de sus frentes, de civil, sin armas, con sus órdenes de captura levantadas, y trabajen con esta organización en la identificación de los sitios que tienen mayor riesgo de minas. Ahí también habrá gente nuestra. Posteriormente comenzará el desminado como tal, que harán nuestros hombres del Batallón de Desminado Humanitario, con acompañamiento de las comunidades”.
Un interrogante alrededor de este tema es: ¿De dónde van a salir los recursos para sostener a más de 10.000 militares (como lo ha sostenido el Gobierno) desminando? El general (r) Rafael Colón, cabeza de la Dirección Contra Minas, le dijo a este diario: “La plata finalmente va a salir del presupuesto, nada que hacer. Para la comunidad internacional no es tan atractivo invertir en un Ejército de un país en posconflicto, es más atractivo invertir en organizaciones civiles, las cuales además contratan a víctimas. Va a ser un reto para Hacienda poder cubrir esas necesidades”.
El Gobierno Nacional sabe que las organizaciones internacionales que desminan con civiles —que sólo se financian con la comunidad internacional— serán claves para conseguir la ambiciosa meta de que Colombia esté libre de sospechas de minas en menos de una década. Hasta ahora, la única que ha obtenido la acreditación es The Halo Trust, pero la idea es que vengan cinco o seis más y en muy corto tiempo. Precisamente el pasado lunes 9 de marzo, en la noche, hubo una reunión en la Embajada del Reino Unido en la que participaron el general (r) Colón y organizaciones como Halo y Arcángeles, con varios diplomáticos como invitados, con el propósito de obtener apoyo político o logístico.
Otra forma de avanzar es que los desmovilizados trabajen con las organizaciones civiles. Eso ya lo hace Halo, la cual, como lo contó este diario, contrató recientemente a cuatro excombatientes para trabajar en campos minados. “Las Farc no pueden desminar, porque no están entrenados para eso, aunque sí podríamos capacitarlos para que hagan parte de los equipos civiles”, señaló el general (r) Colón. Y agregó: “Otra ventaja de las organizaciones civiles es que están muy cerca de las autoridades locales. El Ejército probablemente no podrá hacer operaciones en regiones como el Cauca u otros lados donde ha tenido conflicto con las comunidades”.
La OEA no se ha pronunciado aún sobre el acuerdo que trascendió el sábado, pero en diálogo con El Espectador, Guillermo Leal, jefe de la misión del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Aicma) desde 2004, expresó que el tema se ha discutido con el Gobierno informalmente y que la recomendación principal ha sido “definir el problema”. Es decir, establecer en dónde se va a hacer el desminado humanitario. “Vamos a tener mañana una cantidad de gente y, ¿a dónde la ponemos a trabajar? El acuerdo con las Farc va a ser clave para poder hacer esa definición”.
El Aicma ha sido fundamental en la financiación del desminado humanitario: ha recibido más de US$15 millones de donantes internacionales desde 2003, entregándole más de la mitad de esos recursos al Batallón de Desminado Humanitario (ver infografía). Leal sostiene que podría ser más útil si, inicialmente, se invierte más en crear equipos para hacer estudios no técnicos, que es el primer paso en el desminado humanitario: hablar con comunidades donde ya se han visto accidentes con minas para intentar determinar dónde podrían estar otros artefactos ocultos. Equipar a un desminador, afirmó Leal, puede costar US$8.000.
Para el Gobierno, como lo han señalado Jaramillo y Colón, lo más importante es determinar qué zonas se priorizarán para ser desminadas, que se diferencia de la operación militar en que esta última sólo destruye las minas que están en el camino de las operaciones militares y no garantiza que los terrenos podrán volver a ser utilizados por civiles. En Colombia, el desminado militar se viene llevando a cabo desde 2001 y, según la Dirección Contra Minas, ha facilitado la destrucción de 107.461 artefactos explosivos. En cuanto al desminado humanitario, que se lleva a cabo desde 2005, se han despejado 1.687 kilómetros cuadrados (casi la misma extensión de Quindío). Desminar, eso sí, nunca ha sido rápido.
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