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Elegidos los 51 magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), quienes se encargarán de tomar las decisiones en las investigaciones adelantadas a los actores del conflicto que se sometan a ella, en el Congreso de la República apenas ayer se empezó a discutir, en comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, la ley estatutaria que guiará el funcionamiento de ese nuevo tribunal. Son 161 artículos que serán estudiados por el Legislativo y cuyo debate se inició con ponencia favorable presentada por el senador Horacio Serpa, liberal, y el representante Hernán Penagos, de la U. (Lea: Listos los magistrados: ¿qué viene para la JEP?)
La JEP “tiene como punto fundamental a las víctimas del conflicto”, expresó Serpa en su intervención inicial. Sin embargo, si bien el debate avanzó con las intervenciones de ambos ponentes, no se dieron la discusión ni la votación, que quedaron previstas para hoy, después de un acuerdo entre congresistas para hacer primero un estudio sesudo del articulado presentado por el Gobierno.
De hecho, una proposición presentada por el Centro Democrático, que fue negada, contemplaba el aplazamiento de la sesión por la falta de tiempo para la lectura del texto. Pero el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expuso que el proyecto era una prioridad en la agenda legislativa y solicitó no aplazar más la discusión, aunque enfatizó: “No vamos a presionar ninguna votación”.
A su vez, Penagos puso sobre la mesa asuntos que habían preocupado al Congreso durante los debates de aprobación del acto legislativo de la JEP, como la responsabilidad de mando, el tratamiento a particulares o la extradición. No obstante, advirtió que el ánimo de la estatutaria era reglamentar y no modificar lo que ya quedó establecido. “El proyecto tiene herramientas para que en las salas y el tribunal, una vez aprobado y elevado a control constitucional, se puedan tomar decisiones. Sobre todo en temas que reclaman quienes no acompañan el proceso de paz, como las investigaciones, las sanciones y la justicia restaurativa”, explicó. (Lea también: El Tribunal Especial de Paz tiene a sus elegidos: estos son los 20 magistrados titulares)
En la estatutaria de la JEP, señaló el ponente, también quedan establecidas las sanciones, que tendrán un componente punitivo y restaurativo, y se determina a quiénes aplica, como miembros de las Fuerza Pública, particulares y miembros de las Farc. De hecho, reconoció, es un punto que preocupa al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien ha pedido que haya claridad sobre la competencia de la justicia ordinaria para investigar, por ejemplo, a testaferros de las Farc o bienes que sean hallados con posterioridad a la entrega del inventario. La idea es que sea invitado a las discusiones para que exponga los reparos que también comparten algunos de los congresistas.
La iniciativa deja claro además que a esta justicia no podrán someterse, de ninguna manera, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ni bandas criminales. Esta discusión es la última que queda en Congreso, en cuanto a justicia, en lo que la implementación del Acuerdo de Paz se trata. Una vez aprobada la ley estatutaria, debe pasar a revisión en la Corte Constitucional, que, por cierto, en la actualidad estudia el aval del acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía.