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Cuando el calendario marca el tercer mes del año y la cifra de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos crece a diario, la Defensoría del Pueblo tomó la decisión de emitir una alerta temprana, que obliga a que el Estado despliegue la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida (Ciprat) y actúe con contundencia en estos graves crímenes. La alerta temprana incluyó una cruda radiografía de las amenazas contra quienes defienden los derechos de las comunidades desde los territorios: 282 líderes han sido asesinados en dos años.
“Desde el 1° de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien consideró que el fenómeno violento contra los líderes sociales se ha convertido en fenómeno criminal de grandes proporciones y que por lo mismo se requieren medidas drásticas que permitan revertir la dramática tendencia. Según los datos de la Defensoría, el Cauca es el departamento donde han ocurrido el mayor número de crímenes, con 75 homicidios, seguido de Antioquia con 38, Norte de Santander con 17, Nariño con 15, Valle del Cauca con los mismos 15 y Chocó con 14 homicidios.
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Y aunque no existe un listado unificado de crímenes contra líderes sociales, pues la Fiscalía tiene uno, la Consejería de Derechos Humanos otro y las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen otras cuentas, la Defensoría ha documentado que en 2016 ocurrieron 134 asesinatos de líderes sociales, mientras que en 2017 se registraron 126. Entre el 1° de enero y el 27 de febrero de 2018 ya han ocurrido 22 casos. Incluso, para el Ministerio Público, una de las principales preocupaciones es que cuando se emiten las alertas tempranas o los defensores se atreven a denunciar, el riesgo es que sean asesinados a los pocos días.
Esto ocurrió con Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de la comunidad Guacamayas, territorio colectivo de La Larga Tumaradó, municipio de Turbo (Antioquia), a quien asesinaron el 28 de enero de 2017. Idéntica situación ocurrió el 7 de junio del año pasado: unos días antes, Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo (Atlántico), había denunciado el grave riesgo que corría su vida y la Defensoría del Pueblo le había solicitado al Gobierno protección para este líder. También le pasó a Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito-Carbonera del municipio de Tibú (Norte de Santander), quien fue desaparecida el 27 de septiembre de 2017 y sólo el 5 de febrero del presente año su cuerpo fue encontrado.
“No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el Gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”, expresó Negret, quien agregó que hace un año ya se había elevado una alerta de riesgo, pero que la situación actual amerita una nota de seguimiento para exigirles a los organismos de seguridad que tomen acciones efectivas para detener esta oleada de criminalidad.
Finalmente, el defensor del Pueblo señaló que la grave situación humanitaria en que se encuentran los líderes sociales se explica, “en primer término, por la expansión del Eln, que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública, y otros actores armados, principalmente en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño”. La segunda, por el crecimiento y reacomodamiento de las disidencias de las Farc en Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y en tercer término, por la consolidación del dominio de los grupos armados paramilitares en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.