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El asesinato de Campo Elías Galindo a comienzos de octubre, un profesor cercano al proceso de la Colombia Humana en Medellín, fue la ignición de un golpe de violencia en contra de los movimientos de oposición. Una ola que se recrudeció a mediados del mismo mes con los homicidios de Gustavo Herrera, gerente en 2018 de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Cauca, y el de Eduardo Alarcón Córdoba, en Campoalegre (Huila) y, finalmente, también con el atentado en contra del senador Feliciano Valencia, del MAIS.
Los hechos son la prueba fehaciente de que la violencia política ha superado cualquier intención desde el Gobierno por evitarla y atemoriza a la oposición en su ejercicio. Los asesinatos de los tres líderes de Colombia Humana, por ejemplo, se suman a los registros del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que en un reciente informe señaló que en octubre se presentaron 18 eventos de violencia política en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño y Norte de Santander.
Esa cifra se traduce en un aumento del 80 % respecto de septiembre y se convierte en un argumento de la oposición para exigir mayores garantías para el ejercicio de la política. Más allá de los reclamos en el Congreso, los representantes María José Pizarro e Inti Asprilla repartieron el pasado 29 de octubre sendas cartas al presidente de la República, a la Cámara de Representantes, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Defensa para que dieran explicaciones sobre las disposiciones del artículo 30 del Estatuto de Oposición, en vigor desde 2018.
Las peticiones eran puntuales y hacían referencia a un primer informe presentado por la Procuraduría en 2019, en el que se advertía la descoordinación “entre los diversos niveles de Gobierno frente a la implementación de las medidas de prevención y protección existentes” y la falta de implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
Ambos congresistas fueron insistentes, además, en la puesta en marcha de lo que dispone el Estatuto de Oposición en cuanto a la creación de “programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición” y la información que se debe presentar sobre estos, en cada período legislativo, ante Cámara y Senado. Entre pedidos de prórrogas, hasta el momento solo ha respondido la Procuraduría, sin embargo, la sensación que hay en la oposición es que la implementación de este punto se ha quedado en buenas intenciones.
“Hay una intención de avanzar, pero no con relación a las garantías de la vida y la protección de la oposición que establece el Estatuto”, comenta la representante Pizarro, quien, asimismo, se atreve a asegurar que desde el Gobierno no se han construido dichos programas. Habla con molestia de reuniones que ha tenido con los ministerios del Interior y de Defensa, en las que se han hecho balances de gestión, pero no se han presentado los borradores concretos de las medidas a seguir.
Para el representante Asprilla, hay un “incumplimiento manifiesto” por parte del Gobierno Nacional porque, dijo, no existe una política de seguridad diferencial para la oposición. “Hay trámites ordinarios para cualquier solicitud, no son diferenciales. Puede haber una demora por la pandemia, pero sentimos que se intenta bajarle la gravedad al problema. La Cámara podría empezar por citar a la Procuraduría y a la Defensoría para que presenten los informes ante el Congreso”, señaló.
Estas peticiones cayeron, de manera casual, en una semana en la que hubo una reunión entre partidos de oposición y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Allí se presentó el borrador de un decreto que pretende adoptar los programas de protección con enfoque diferencial y de género para la oposición. Según explicó el funcionario a El Espectador, el decreto tiene la intención de unificar todas las acciones de protección que el Gobierno ejecuta con todos los partidos políticos, en especial los de oposición. Con ello asegura que nunca ha cesado la protección, pero es necesario integrar la respuesta estatal.
El documento contempla medidas de prevención, que tienen que ver con articulación entre entidades, cursos de autoprotección o patrullajes, y medidas de protección con esquemas de escoltas de varios tipos, de acuerdo con los niveles de riesgo. Toda la ejecución de los programas quedará a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su construcción se concluirá luego de los comentarios de los partidos y movimientos involucrados.
Cifras recientes de la UNP señalan que actualmente hay 1.196 miembros de partidos de la oposición protegidos, con 1.383 escoltas, 252 vehículos convencionales y 475 vehículos blindados, y que el promedio mensual de recursos que se destinan para este fin es de $12.763’365.100. A pesar de las cifras, desde la oposición aún se considera que al Gobierno lo agarró la noche en el desarrollo de lo que determina el Estatuto de Oposición en cuanto a protección y que los programas recientes prendieron empujados por la coyuntura violenta en contra de sus miembros.