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Luego de que se conociera que Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue condenado en Estado Unidos por narcotráfico en 1998 y que ese dato fuese guardado secretamente por la funcionaria, a pesar de haber ocupado diferentes cargos públicos en el país desde entonces, fue el senador Gustavo Petro, líder de la oposición, uno de los primeros en exigir la renuncia de Ramírez a la Vicepresidencia.
Para él, no se trata de un delito de sangre, cosa que no existe, pero sí de un asunto ético, y que Ramírez debió ponerlo en conocimiento público para sus electores, al considerar que no se trata de un tema marginal, menos cuando Ramírez ha sido la promotora de un enfoque de la lucha en contra de las drogas en la que hay persecución hacia el campesino cultivador y hacia el consumidor en los barrios. “Para su hermano hubo la mano tendida y el dinero para sacarlo a la libertad, mientras encarcelan campesinos”, comenta el senador.
También critica el hecho de que varios expresidentes, como César Gaviria, Andrés Pastrana y Ernesto Samper, hubieran salido a defender la omisión de dicha información, y justificó ese comportamiento porque “todos estos miembros del establecimiento político tienen algo que ocultar”. En entrevista con El Espectador, explica por qué no es un asunto menor que la vicepresidenta no hubiese revelado antes la información a Colombia.
Usted le pidió la renuncia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. A pesar de que los delitos no son de sangre, ¿por qué cree que ella debe renunciar?
El problema no es porque el hermano es narcotraficante. Los defensores del establecimiento que se han pronunciado, como César Gaviria, Claudia López, se han afincado sobre la tesis, que es cierta, que no hay un delito de sangre. El problema central es que ella lo guardó en secreto. Eso es grave para una persona que es la vicepresidenta, que ha sido ministra y congresista. Ahí hay un problema que no tiene que ver con la justicia sino con la ética. Si fuese un problema judicial, lo tendría que resolver un juez. Este es un asunto ético para una persona que está representando al país. Hay otro asunto fundamental: la actual política alrededor de los narcóticos pasa por la ruptura de un acuerdo hecho entre el gobierno pasado y más de 90 mil familias campesinas cultivadoras de hoja de coca, que se habían comprometido a dejar de cultivarla y sustituir cultivos, y que hoy se evidencia en muertos. El Estado les ha declarado la guerra a esos campesinos y no hay ningún fundamento ético que una de las personas representantes de esas políticas haya hecho lo contrario cuando se trató de su hermano. Para su hermano hubo la mano tendida y el dinero para sacarlo a la libertad, mientras encarcelan campesinos.
Es muy poco probable que la vicepresidenta renuncie al cargo. ¿Cree que Marta Lucía Ramírez debería dar un giro en la concepción de la lucha antidrogas luego de este episodio?
Esa debería ser la lógica democrática. Si es presentable que una señora con tanto nivel de representatividad y dinero saque a un narcotraficante de la cárcel porque es su hermano, entonces la política en relación a las cadenas débiles de ese proceso, que es el campesinado, debería variar sustancialmente. Son cerca de 150.000 familias, estamos hablando de más de medio millón de personas muy humildes y excluidas, que están sufriendo una política de represión absoluta sobre sus hogares. Esa sería la lógica en un país democrático, pero ese no es el caso de Colombia. Estamos en un país en donde una casta de personas se considera con el derecho perpetuo de gobernar, por eso no surge ni la renuncia ni tampoco el cambio de política. Esas mismas personas seguirán masacrando campesinos y llevando jovencitos de los barrios a las cárceles, simplemente porque tenían algún alijo, incluso de marihuana o drogas muchos menos agresivas. Ella va a terminar su cargo y habrá un club de aplausos del establecimiento, porque muchos de sus miembros están sufriendo la misma circunstancia, sufriendo entre comillas.
El expresidente Andrés Pastrana confirmó que él sabía, pero que igual la hizo parte de su gobierno. También la defendieron los expresidentes Samper y Gaviria. ¿Cómo lee ese hecho político?
Es que les pasa lo mismo. Pastrana también ocultó la información de Marta Lucía Ramírez al país. Lo que no hizo con Samper, cuando hizo públicos los narcocasetes, un hecho que fue positivo porque fue el primer escenario para la sociedad de descubrimiento de desnudez de la fuerte articulación de la política con el narcotráfico. Pero no hizo lo mismo con su protegida. Es una incoherencia absoluta y hace parte de esa misma ruptura ética. En los asuntos del Estado no puede haber un secretismo, todo eso debe ser público. ¿Cómo así que él sabe y no lo dice? Eso hace a Pastrana corresponsable de este problema. Pero si vamos al fondo, todos estos miembros del establecimiento político tienen algo que ocultar. El presidente del Partido Liberal tiene problemas alrededor de la financiación de Odebrecht, Pastrana tiene problemas alrededor de sus amistades oligárquicas a nivel internacional. Luis Carlos Sarmiento, desde el punto de vista empresarial, también está lleno. Cualquier proceso de investigación seria lo llevaría a la cárcel. Se cierran y hacen una especie de club para hacer una defensa, pero no tienen las bases éticas suficientes para defender las políticas que están desarrollando.
Si ese asunto se hubiese sabido antes, ¿cree que la vicepresidenta tuviese hoy un impedimento ético para plantear una lucha antidrogas con el enfoque que ha promovido?
Eso lo determinaría la población, porque al final todos estos mandatos son frutos de una elección, con fraude o sin fraude. La gente hubiese tenido esa información y hubiese decidido si vota o no por ella. Y no solo para el cargo de vicepresidente, sino a todos los que ella ha aspirado durante 23 años desde que sucedió ese hecho. Es especulativo decir qué hubiese pasado, pero la gente tenía derecho a saberlo, porque la gente salió a votar por una persona de la que no conoce una circunstancia que es determinante en la construcción de la política. No es un tema marginal, no es que un dirigente político tenga que hacer pública todas las circunstancias de su existencia, pero sí con esas que son neurálgicas en un tema que es el eje de un país, como nos toca desgraciadamente a los colombianos.
¿Considera que se debe promover algún tipo de legislación que obligue a los candidatos a cargos de elección popular a declarar esos hechos que vinculan a familiares con crímenes, de la misma manera que se hace cuando existen conflictos de intereses económicos?
No creo que esto sea de normas que obligan. Cada vez estoy más convencido que cuantas más normas expedimos más encarcelamos la política. La corrupción siempre sabe cómo saltarse las normas, por eso, después de la Constitución del 91, que se hizo con el objetivo de combatir la corrupción, esa hoy es más grande que nunca porque la solución no está ahí. La política no se soluciona a partir de normas. Es un tema íntimo y personas de carácter público. Ante una circunstancia de esas, si un político quiere ser transparente, debe tener internamente el prurito de que ciertas cosas determinantes se sepan. Pasa en la justicia, cuando un juez se da cuenta, por ejemplo, de que tiene una relación de amistad con el que está juzgando, él mismo lo expresa. También sucede en el Congreso. No se trata de un delito, sino de un problema ético. Aquí la figura es similar: una gobernante que actúa en la configuración de una política sobre narcotráfico que tuvo un problema personal sobre narcotráfico. Indudablemente había un conflicto de interés que ella estaba ocultando.
La respuesta del presidente Duque, sobre lo de Marta Lucía Ramírez, fue decir que era una difamación, a pesar de las pruebas y de que era un hecho judicial comprobado. ¿Qué opina de esa, al parecer, tendencia, de atacar al mensajero y no atender el mensaje?
Duque tiene rabo de paja. Esto lo sorprende, yo creo que Duque no sabía, pero está en la misma salsa porque, a través de su fiscal, que es su amigo íntimo, logra poner presos a los agentes de policía que legalmente habían hecho las interceptaciones al Ñeñe Hernández. Esa operación la hacen para decir mediáticamente que es una difamación, que las pruebas son ilegales. ¿Qué puede decir Duque? Un presidente decente exige la renuncia, porque la gobernabilidad se dificulta, como la representatividad del país en el exterior y la confianza ciudadana. Él está en la misma porque la base de su legitimidad ha resultado manchada porque permitieron que dineros del narcotráfico se destinaran a comprar votos que fueron fundamentales para su victoria. Se tiene que tapar con la misma cobija, es lo mismo que pasa con César Gaviria y a los que están intentando hacerle creer a la gente que es un refrito. No tenemos ética en la política porque el poder es narcotraficante.
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Ahora que menciona el tema del fiscal. ¿Cómo interpreta que el fiscal tenga tantos elementos para investigar, como es el caso de la ñeñepolítica, y resulta con una decisión contra el gobernador Aníbal Gaviria, que nadie tiene muy clara?
Yo no meto las manos por el gobernador de Antioquia. Hay muchos temas que investigar, como Hidroituango, que es tan grave como Odebrecht o la ñeñepolítica. Podríamos hablar de muchos más casos, como la masacre de La Guaripa, en donde los familiares de las personas muertas sindican al alcalde de Sincelejo. ¿Dónde está ese proceso? Por allá en una Fiscalía regional. Han liberado, incluso, a los asesinos directos que habían sido capturados casi que en flagrancia. La Fiscalía ha sido capturada, y no sé si sea un error de la Constitución del 91 al ligar el mecanismo de selección del fiscal al poder político. Allí hay una buena discusión sobre si el fiscal debe depender del poder político. Pero lo cierto es que la historia de la Fiscalía es de encubrimiento criminal, las cúpulas de la Fiscalía han sido tomadas, con excepciones, por personas con el interés político de encubrir grandes crímenes. En alguna confesión de Mancuso dijo que la Fiscalía pasaba listados de personas para ser asesinados por los paramilitares, y que esa lista la pasaba un integrante de la cúpula de la Fiscalía, en ese entonces de Luis Camilo Osorio. Eso no fue un hecho pasajero. Desde entonces, una y otra vez los fiscales generales han actuado en función política.
¿Qué tan lejos ve, al menos vía Congreso, una reforma a la justicia que implique una modificación del mecanismo de elección del fiscal general?
El tema de Marta Lucía lo demuestra. Es un momento en el que se desnuda al poder, un poder que tenía un barniz democrático que la prensa ha ayudado mucho a construir. Pero muchas circunstancias actuales, como el proceso de paz con las Farc, quita un elemento que servía para poner ese barniz, la misma epidemia desnuda muchas realidades. Ese poder desnudo, en Colombia, es corrupto y está ligado a los peores crímenes. La única alternativa que tenemos es cambiar el poder, no un cambio de maquillaje, porque a eso es lo que juega este tipo de castas. Y eso lo hace la sociedad. El problema no está en si el Congreso expide una norma que va a ser capturada, sino en si la sociedad es capaz de cambiar. La crisis, para Gramsci, era la generalización de la incapacidad, la impotencia generalizada, y si eso sucede en Colombia, la sociedad colombiana se destruye.
Nosotros hemos visto a Claudia López como una de las primeras que habló de la parapolítica, que desmanteló la clase política vinculada al paramilitarismo, ¿cree sinceramente que ella es una defensora del establecimiento?
Claudia López tiene unas virtudes: es inteligente, astuta, tiene la capacidad del olfato que un político debe tener. Tiene facilidades para sintonizarse con momentos y épocas que varían mucho, pero eso no significa que sea portadora de un sistema coherente de pensamiento. Eso no lo tiene. No es un pecado, es producto de los devenires personales. Pero esa falta de coherencia la lleva a esta circunstancia. Uno puede tener fácil un discurso contra la parapolítica, pero explicarse por qué sucede eso es otro cuento. Cuando uno se trata de explicar por qué aparece algo como la parapolítica en Colombia, aparecen también las soluciones, pero estas pasan por unos riesgos que hay que tomar, que son cambios drásticos. Plantear esos cambios en un país como Colombia es arriesgarse a morir. Claudia no se arriesga. Claudia apostó, lo dijo claramente cuando era candidata presidencial, trataba de diferenciarse de mí, lo hizo explícitamente y eso provocó el triunfo de Duque. Para ella nuestro discurso era muy radical, y nuestro discurso es la democracia. Ese coqueteo con el establecimiento, que se refleja en el plan de desarrollo de Bogotá y en el manejo de la pandemia, la lleva a una posición como la que tuvo. El no saber que lo de Marta Lucía Ramírez no es un tema de anécdota familiar, sino que ese caso desnuda la hipocresía del poder, y ella no quiere ir contra ese poder. Por eso da un discurso como el que usted oyó de boca de una de las que era el adalid público de la lucha contra la corrupción.
¿Cómo cree que terminará este episodio con la vicepresidenta?
Vamos viendo un Estado insostenible porque se ahonda la crisis de desconfianza. Algo así pasaba en el 91, con el asesinato sistemático de candidatos presidenciales. Las primeras investigaciones mostraban mafias con ayudas del Estado que mataban candidatos presidenciales. Eran fragmentos del Estado asesinando liderazgos importantes para el país. Esas crisis de confianza solo se superan con una intervención de la sociedad.