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El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, o mejor conocido como Timochenko, habló ante los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre el ambiente interno que hay en la colectividad tras el anuncio que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de brindar la garantía de no extradición a Jesús Santrich y de ordenar su inmediata liberación.
“Un compañero dijo que es una luz de esperanza que se prende en la oscuridad, pero para mí esta decisión es la ratificación de que los acuerdos están bien hechos y nos dan la garantía jurídica y nos demuestran que el camino es hacer la pelea en los marcos constitucionales”, dijo Londoño en un tono de alivio luego de que por más de un año su compañero estuvo recluido en La Picota al ser señalado por la justicia de EE. UU. y la Fiscalía de fraguar un supuesto plan para exportar diez toneladas de coca al país norteamericano.
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El miedo de los excombatientes, según el líder de la FARC, era que la JEP determinara extraditar a Santrich. “Eso hubiera abierto el camino para que nos extraditaran a todos nosotros”, apuntó. Pero para ellos, con la decisión de la JEP, la situación queda más que demostrada que se trataba de un montaje.
“Hicimos un compromiso con Colombia y el mundo muy serio y les ha dolido que hemos demostrado en la práctica que estamos cumpliendo, por eso nos están haciendo montajes”, señaló Londoño.
De este modo, para él, quedó destruido el camino que se trazó para “dejarnos en la inseguridad, con el que pretendía que un juez decidiera sin pruebas no extraditara porque, supuestamente, estamos en el negocio del narcotráfico”.
A su juicio, el acuerdo de paz evitó que Santrich imitara la situación de Simón Trinidad, quien está “extraditado por una acusación inventada porque el presidente del momento planteó extraditarlo, EE. UU. dijo que no había pruebas, pero se inventaron una excusa para llevarlo. No pudieron condenarlo por narcotraficante, llevaron testigos falsos, los presentaron en el juicio y con eso no pudieron comprobarle que había cometido el delito”, comentó.
Por este caso, dice, insistieron antes de firmar el acuerdo aclarar el punto de la seguridad jurídica. “Cuando discutimos este tema en La Habana fue muy controversial, se discutió bastante e insistimos en que necesitábamos plena seguridad porque sabíamos a lo que nos enfrentaríamos. Los gringos nunca nos iban a perdonar que nos hubiéramos armado”, comentó.
Así las cosas, con el resultado de ayer, dijo con plena seguridad que lo ocurrido demuestra que “tenemos la razón, la verdad y el derecho a nuestro lado. Eso nos da confianza”.
Para él, la decisión de la JEP debería de animar a Iván Márquez a tomar posesión de su curul y a El Paisa a responder ante el tribunal transicional. “Sí hay enemigos de la paz, pero de nuestro lado nos acompaña la verdad, la razón y el derecho”, insistió.
¿Qué dice el Gobierno?
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para los DD. HH., Francisco Barbosa, anunciaron este jueves en micrófonos de Blu Radio y RCN Radio que el Gobierno se reunirá con los partidos políticos para darle frente, a su juicio, a la crisis institucional en la que cayó el Estado tras la decisión de la JEP y la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez."El presidente está siempre buscando todos los mecanismo constitucionales y legales para evitar que la figura de la extradición se siga debilitado, por eso está convocando a los partidos para un gran consenso nacional", dijo Ceballos a Blu.
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Por su parte, Barbosa manifestó ante RCN que: “El Gobierno estudiará y discutirá con todos los partidos cuáles son las alternativas. Creemos que hay caminos que se pueden agotar en el Congreso de la República antes de meter al país en mayores discusiones", sin descartar o incluir una Constituyente, como lo está planteando la bancada uribista.
Pese al panorama negativo que hace lectura el Ejecutivo, los deja tranquilos la apelación que iinterpuso la Procuraduría. "La decisión la tomó la seccion de revisión, que está compuesta por cinco magistrados, de los que dos de ellos salvaron su voto, no estuvieron de acuerdo. Se puede decir que no hubo una unanimidad. Por eso creemos que hay oportundiades para que el fallo sea reversado", comentó el comisionado de Paz.
A su paso, advirtió el caso sigue activo y que los señalamientos por presunta actividad en el narcotráfico no desaparecieron tras el fallo de la JEP. "El proceso está vivo y si aparecen nuevas pruebas que demuestran que pudo haber cometido delito con posterioridad al acuerdo, el tribunal transicional tendrá que tener en cuenta esas nuevas pruebas", destacó Ceballos.
Para el Gobierno, este esecenario trae de nuevo a colación las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. "Fueron relevantes e importantes", calificó los reparos el comisionado de Paz. E insistió que el Gobierno debe de participaren proceso jurídicos como este. Siendo este uno de los puntos objetado, el de la competencia de su cargo sobre las listas de comparecientes ante el tribunal transicional.