La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) le solicitó al Congreso que derogue la Ley de Garantías, uno de los puntos que compone el proyecto de reforma al código electoral, que actualmente discuten las comisiones conjuntas de Senado y Cámara.
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Los alcaldes y alcaldesas que la componen argumentaron que esa norma, junto con otras actividades que deben realizar, les quita bastante tiempo para llevar a cabo su gestión y los limita. “Hacemos este llamado dado que de los 48 meses de gestión que tienen los gobernantes territoriales, 14 meses deben acatar las restricciones de la Ley 996 de 2005, lo que equivale al 35% de su tiempo de gestión”, explicaron.
Añadieron que a ese periodo se suman los cinco meses de aprobación de los planes de desarrollo territoriales y seis meses del Plan Nacional de Desarrollo “que ocurre en la mitad del periodo territorial y que exige un nuevo proceso de armonización”. Según esas cuentas, Fedemunicipios notó con preocupación que de los 49 meses en total que tienen de gestión, 25 “tienen en la práctica importantes limitaciones para llevar a cabo con agilidad los programas de gobierno planteados por los gobernantes locales a sus electores”, aseguraron.
Sumado a eso, dijeron que es necesario borrar esa ley por la crisis que ha desencadenado la pandemia del nuevo coronavirus. “Al ya panorama adverso para la gestión local, debe sumarse el enorme reto de la recuperación económica que nos urge y que no termina”, comunicó la asociación.
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“La prohibición no puede ser la herramienta para controlar la contratación en país, los entes de control tienen las herramientas para verificar en tiempo real los procesos de contratación que realizan los municipios, lo han demostrado con el control contractual en la pandemia” aseguró Gian Carlo Gerometta, Presidente de Fedemuncipios y Alcalde de Mosquera – Cundinamarca.
En ese sentido, le pidieron a los congresistas derogar la ley como “un acto de grandeza con los territorios”, pues, entre otras disposiciones, la Ley de Garantías les impide suscribir convenios interadministrativos que, dice, es importante para llevar los programas sociales a sus comunidades o gestionar recursos nacionales para sus proyectos.
“La gestión pública no debe seguir sometida a prohibiciones que, sin la existencia de la reelección presidencial, no contribuyen con la transparencia, sino que solo impiden que los programas del Estado lleguen con agilidad a las poblaciones más necesitadas”, concluyeron.