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“Cuando quedó mal hecha la minuta, hay que devolver los honorarios”. Esta frase propia del mundo de los abogados fue la que utilizó el fiscal Néstor Humberto Martínez el pasado viernes 15 de marzo ante un auditorio repleto de generales, contraalmirantes y oficiales de las Fuerzas Armadas, para exteriorizar su defensa a las decisiones del gobierno Duque de objetar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y la presentación de una reforma constitucional, en su criterio, para enmendar errores que pueden afectar la verdadera implementación de la paz.
La disquisición del fiscal Martínez se produjo en el Teatro Patria, en desarrollo de la denominada Cátedra Colombia realizada hace ocho días, durante la cual el jefe del ente investigador habló de manipulaciones que afectan la discusión del tema y alteran la lealtad que se debe asumir en un debate de estas proporciones. Martínez Neira expresó que, en estos tiempos de posverdad, se requiere una controversia sosegada en beneficio de la paz, antes que muchas mentiras que se emiten a través de los titulares y las redes sociales. El fiscal resaltó que las objeciones de Duque no laceran los acuerdos.
Después de una detallada explicación jurídica sobre la forma en que se tramitó la ley estatutaria de la JEP, y la ratificación de que, en su opinión, el presidente tiene plenas facultades para hacer objeciones, el fiscal Martínez precisó que realmente las objeciones presidenciales lo que hacen es fortalecer los postulados fundamentales del Acuerdo de Paz. Su disertación partió de advertir que si las víctimas son el centro de la paz, es inaceptable que no se exija a la guerrilla una debida reparación, cuando son claros los recursos billonarios que ha tenido, incluso a través de testaferros.
“De ser así, se produciría el lavado de activos más grande en la historia de la humanidad”, resaltó el fiscal Martínez para insistir en que la intención del gobierno Duque es que el principio de resarcir a las víctimas se cumpla cabalmente. No solo por parte del Estado sino también por la guerrilla. Una visión que, en su criterio, debe llevar a una discusión pública sin manipulaciones en torno al alcance del principio de no repetición incluido en el Acuerdo de Paz. En respuesta a quienes plantean que las objeciones acaban con la JEP, Martínez afirmó que es una apreciación contraevidente.
El centro de su disertación en este aspecto es que la ética del proceso de paz es que se garantice que los desmovilizados no regresen al delito. Es decir, que no pueden convivir los beneficios otorgados a los exguerrilleros con la posibilidad de repetición en acciones ilegales. El debate está encaminado a que, más allá de la exigencia de que los exguerrilleros se comprometan a no volver a alzar en armas, la certeza que debe darse desde el ordenamiento jurídico es que este compromiso limite cualquier posibilidad de desconocimiento de la ley a través de la comisión de delitos.
En este mismo orden de ideas, la crítica del fiscal Martínez se concentró en el tema de los delitos asociados a los cultivos ilícitos. Sus observaciones partieron del que considera un vacío legal respecto a la fecha para evaluar este tipo de conductas ilegales. En su opinión, así como es inaceptable que los exguerrilleros vuelvan a secuestrar o a extorsionar, afectando el principio de no repetición, el tema de los narcocultivos no se puede convertir en una patente de corzo para quienes quieran ampararse en una fecha para conservar esta actividad ilegal.
Con un llamado a que el debate se haga sin mezquindades, el fiscal Martínez evaluó una a una las objeciones a la ley estatutaria de la JEP planteadas por el gobierno Duque, empezando por su insistencia en que la antigua guerrilla contribuya realmente a indemnizar a las víctimas, pues en sus cálculos se han entregado activos por $24.000 millones, cuando sus bienes pueden llegar a $2,6 billones. El fiscal insistió en que, desde las discusiones en el Congreso, él ha recalcado la necesidad de aclarar el asunto de los bienes ilegales de las Farc para reparar a las víctimas.
Respecto a la objeción gubernamental a la norma que limita la posibilidad de que el Gobierno depure las listas de desmovilizados, el fiscal Martínez recordó que desde la expedición de la Ley 418, todos los gobiernos han tenido la facultad de evitar que se metan colados al proceso de paz, especialmente venidos del narcotráfico. “El derecho a excluir colados lo hemos ejercido toda la vida”, manifestó Martínez para defender la objeción del Gobierno sobre la base de un interrogante: ¿el acuerdo de paz es en beneficio de la sociedad o de los narcos?
Por eso considera que cabe la objeción para que el Gobierno no se prive de una facultad para impedir a los colados. Una apreciación que también incluye su respaldo a la objeción del Gobierno a que se limite la actividad investigativa de la Fiscalía en torno a delitos cometidos durante el conflicto armado. La expresión que utilizó Martínez ante los oficiales de las Fuerzas Militares fue que el ente investigador no se puede convertir en un poder eunuco, es decir, “como enseña la sabiduría popular, que ahí está, pero no sirve para nada”, impidiéndole su labor constitucional.
La crítica del fiscal Martínez es que, si no puede hacer allanamientos o diligencias judiciales para rastrear dineros ilícitos, lo que se está creando es un vacío institucional innecesario. La idea del jefe del ente investigador es que no se pierda la opción del Estado de seguir investigando desde la Fiscalía, más allá de los deberes otorgados a la JEP, de la que manifestó, está funcionando, en contravía de quienes afirman que se le quiere acabar por la discusión jurídica planteada por el Gobierno a través de una reforma constitucional y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria.
El punto más controversial de su disertación de 50 minutos fue el abordaje a la objeción que plantea que en la evaluación de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, no se puede delimitar a los máximos responsables. Según Martínez, en ese aspecto se debe ser leal con la guerrillerada. Su criterio apunta a que no solamente se debe ampliar el concepto de no amnistía en esta clase de conductas a los máximos responsables, sino también evaluar a los autores materiales o partícipes de estas conductas. Incluso Martínez indicó que es un tema que pasa por la Corte Penal Internacional (CPI).
Su explicación partió de la hipótesis de que la guerrillerada no podría ver bien que mientras los máximos responsables respondan internamente ante la JEP por crímenes de guerra o de lesa humanidad, otros exmiembros de la guerrilla sean procesados por la Corte Penal Internacional por estas mismas acciones. El fiscal Martínez agregó que en beneficio de una paz estable y duradera, es pertinente que el Congreso, creado para la democracia parlamentaria, discuta a fondo este tema, antes que crear sofismas o manipulaciones para decir que se quiere acabar con la JEP.
Finalmente, Martínez señaló que ya no son seis las objeciones del gobierno Duque, sino cinco, porque la Corte Constitucional acaba darle la razón en el último reparo del Ejecutivo. La pelea de fondo era la posibilidad de que la JEP evaluara pruebas en casos de extradición y, según el fiscal, ya la Corte dijo que si bien la JEP puede examinar material probatorio, únicamente es para determinar si la conducta fue cometida antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. En tal sentido, les dijo a los militares que en este tema ya la discusión jurídica está superada.
Martínez cerró su intervención en el Teatro Patria manifestándole a los generales, contraalmirantes y alto oficiales de las Fuerzas Armadas que más allá de las redes sociales o de la intención de exacerbar las posiciones ante un diálogo social, no se le está tocando un pelo a las potestades de la JEP, y en cambio se requiere un tránsito hacia el escenario de la posverdad sobre el criterio de que se requiere una sociedad madura y democrática que aborde discusiones centrales del Acuerdo de Paz, en beneficio de la reconciliación y del país mismo.