Luego de que se conoció la captura del mayor Jorge Mario Molano y el teniente Pablo Andrés Parra, ambos uniformados de la Policía, que presuntamente están vinculados en la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, ocurrida el pasado 1 de mayo en Ibagué, la Fiscalía General aseguró que solicitara a un juez de control de garantías la competencia para investigar los hechos en los que perdió la vida el joven de 19 años.
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“La entidad cuenta con importantes elementos materiales probatorios que han sido recaudados desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. En esta y en todas las investigaciones cuya competencia sea de la Justicia Penal Ordinaria, la Fiscalía General de la Nación velará por el esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos”, dijo el ente acusador a través de un comunicado emitido este martes tras conocer que el expediente reposa en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
La solicitud de la Fiscalía se suma a la del abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de la familia del joven que fue impactado con arma de fuego mientras se movilizaba en las marchas que se adelantaron el 1 de mayo por cuenta del día del trabajo y se sumó al Paro Nacional que se presenta desde el pasado 28 de abril. Las órdenes de captura que se hicieron efectivas en la noche de este lunes fueron emitidas por el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar y Policial.
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“Un juez de instrucción penal militar dictó la orden de captura contra un mayor y un teniente. Esto es inaceptable y evidentemente vamos a solicitar a través de un juez de control de garantías que nos entreguen el expediente. Esto no es un hecho con ocasión del servicio. Mañana mismo haremos la solicitud ante la justicia ordinaria”, dijo este lunes el abogado en diálogo con El Espectador.
Aunado a lo que mencionó Del Río, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar confirmó que el juzgado de instrucción miliar inició indagación preliminar el mismo 1° de mayo e, incluso, el expediente ya tiene por radicado el número 650. “En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”, agregó la entidad.
Si bien, la competencia en este momento se encuentra en manos de la Justicia Penal Militar, los uniformados no solo se enfrentarán a sanciones penales sino también disciplinarias, así lo confirmó el general Jorge Ramírez, inspector de la Policía Nacional quien aseguró que la institución ya tomó medidas al respecto. “Estos dos uniformados quedan inmediatamente suspendidos de sus funciones, no obstante, la investigación fue asumida por el poder preferente de la Procuraduría”.
Sumado a lo anterior, el inspector de la Policía reveló que dentro de la institución se adelantan 62 investigaciones disciplinarias por presunta extralimitación de funciones por parte de la Fuerza Pública, desde el pasado 28 de abril. De ese número, una decena quedaron en manos de la Procuraduría. A la fecha cinco uniformados fueron suspendidos de sus funciones.
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Por su parte, la Procuraduría también aseguró que adelanta investigaciones. “Se inició indagación preliminar en averiguación de responsables en contra de servidores públicos (Integrantes de la Policía Nacional) por las muertes de un menor de 17 años, y seis adultos en Cali (Valle del Cauca), dos ciudadanos de 19 años y 24 años, ocurridas en Ibagué (Tolima) y Madrid (Cundinamarca). Asimismo, se avanza en dos procesos disciplinarios por presunto abuso sexual ocurrido en Cali (Valle del Cauca), y Manizales (Caldas)”.
Santiago Andrés Murillo, quien se ha convertido en símbolo para los manifestantes a nivel nacional, es una de las 39 personas presuntamente asesinadas por policías entre el pasado 28 de abril y el 7 de mayo, de acuerdo con estadísticas en conjunto de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 34 posibles víctimas murieron por armas de fuego y otras dos arrollados por tanquetas del ESMAD.