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Muchos consideran que las redes sociales digitales son una cloaca. Y al ser un espacio en donde se mezclan la información, la desinformación, la veracidad, el insulto, la desconsideración, el humor en todas sus formas, la opinión y hasta la pornografía, con criterio o sin criterio, puede que tengan razón. Han sido, y con seguridad lo serán más, una herramienta poderosa para catapultar campañas políticas, pueden ser usadas para jugar a favor de cualquier persona, y es precisamente ese su doble filo: tiene la posibilidad de convertirse en el peor enemigo para la honra y el nombre de cualquiera.
Ese ha sido un tema recurrente y del que ya hay antecedentes. En noviembre del 2017, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una tutela en contra de la entonces senadora Claudia López, interpuesta por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez —en la que buscaba el amparo de su derecho a la honra y el buen nombre—, luego de que ella escribiera en su cuenta de Twitter: “Queda claro porque Bustos y Néstor Humberto hundieron tribunal de aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos”. La justicia ordenó que López rectificara dicha publicación.
Pero en la orilla también se ha tenido que acudir a la justicia para pedir rectificaciones y retractaciones. En abril pasado fue el periodista Daniel Coronell quien acudió a las instancias judiciales para pedir la retractación al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, después de que este lo calificara en su cuenta de Twitter como “extraditable” y lo acusara de “tener negocios con el narcotráfico”. El mismo tribunal ordenó a Uribe, dos veces, a retractarse de sus afirmaciones. Un caso parecido le sucedió al expresidente con el columnista Daniel Samper Ospina, a quien se refirió como “violador de niños” y cuyas publicaciones tuvo que borrar de la red social por un fallo judicial.
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En todos estos casos, las agresiones contra la honra y el buen nombre tuvieron nombres propios; sin embargo, a diario, la injuria y la calumnia se disparan desde el anonimato. Y en un intento de proteger estos derechos fundamentales en Internet, el senador José David Name, del Partido de la U, radicó el martes un proyecto de ley, que, además, pretende establecer “una regulación expedita que permita eliminar la información calumniosa, engañosa e injuriosa”. La iniciativa, a grandes rasgos, involucra al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y a los prestadores de servicios en la Web para que estos puedan “asegurarse” de que la información compartida o replicada, a través de estos últimos, no violente los derechos de los ciudadanos.
Así, por ejemplo, el artículo 4° obliga a todos los proveedores de servicios y herramientas que permitan la publicación de contenido en Internet con operación en Colombia “a garantizar y respetar los derechos de los usuarios y consumidores”. Para este fin, deberán inscribirse en un “Registro de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, que estará a cargo del MinTic. También los obliga a “recibir las denuncias o reportes que presenten por cualquier medio las víctimas de publicaciones abusivas y tomar expeditas acciones correctivas para interrumpir e impedir la continua difusión de la publicación denunciada a través de sus plataformas, servicios y herramientas”.
La novedad de este asunto, contenido en el artículo 5°, es que, en caso de que estos proveedores no tomen las correcciones necesarias, podrían considerarse partícipes dentro de los procesos judiciales que se desarrollen con posterioridad a las publicaciones consideradas como abusivas por esa ley. Desde ya, el proyecto anuncia gran debate, pues define como “servicios y herramientas de publicación de contenido en Internet” a las “plataformas de redes sociales, periódicos digitales, blogs o bitácoras, aplicaciones y en general cualquier medio que permita la publicación de contenido propio o de terceros en Internet”. No obstante, excluye de esta definición a “las publicaciones realizadas en ejercicio de la libertad de información y de prensa, que estén orientadas a proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial sobre todo tipo de opiniones, hechos e ideas”.
“Quien escribe con nombre propio no tiene problema, porque el ciudadano puede acudir a un juez para buscar la protección de sus derechos. Esto es para la injuria y calumnia de quienes se encubren en perfiles falsos y publicaciones anónimas que atentan contra estos. Hay fábricas de perfiles que difunden calumnias y la persona no tiene forma de solicitarle a Facebook, Twitter o Instagram que siquiera estudien una noticia falsa o injuriosa”, explicó el senador Name.
El legislador puso de ejemplo la publicación en la que, en la pasada campaña presidencial, se acusó al candidato Gustavo Petro de no responder por la alimentación de una supuesta hija, que terminó siendo Mía Khalifa, una reconocida actriz porno: “Con una ley como esta, Petro hubiese podido haber sacado de circulación esa noticia a través de una queja a los proveedores de herramientas para publicación de contenidos”.
Las preguntas también giran alrededor de que las limitaciones que busca establecer la iniciativa legislativa podrían reñir con otro derecho fundamental: el de la libertad de expresión. Incluso, contiene, en el artículo 7°, la obligación de que estos proveedores de servicios y herramientas “procedan a interrumpir” contenidos denunciados por las víctimas que tengan una naturaleza anónima. Name asegura que la publicación anónima que sea cierta no tendría ningún problema. Hasta el momento no hay, pero se prevén los pronunciamientos de las organizaciones que lideran la defensa de la libertad de expresión en el país. Poco a poco parecieran cumplirse las palabras del presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg: “En todo el mundo, la importancia de Internet en la vida de las personas está creciendo, y creo que es inevitable que deba haber alguna regulación”.