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Después de 14 días de agitación social en el país, no hay solución a la vista. Ayer se realizó una nueva jornada de paro cívico convocada por las centrales obreras y otras organizaciones afines, en la cual miles de personas salieron a las calles, y hoy se tiene prevista la reanudación de los diálogos directos entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro. Sin embargo, desde orillas adversas, ni siquiera se ha logrado un consenso en torno a la metodología para buscar soluciones. Como lo han advertido voceros de ambas partes, nadie quiere ceder en sus inamovibles, que, en parte, ya son más políticos que económicos o sociales.
De hecho, en la reunión del martes pasado entre los delegados de uno y otro lado para tratar de buscar consensos (en un diálogo paralelo a la llamada Gran Conversación Nacional, planteada por el presidente Iván Duque), ni siquiera se tocaron los 13 puntos del pliego de peticiones del Comité de Paro. De un lado estuvo el Gobierno tratando de frenar las movilizaciones de ayer, y del otro, los convocantes pidiendo la no presencia del Esmad y un espacio en la televisión para explicar las razones de su protesta. En esencia, como dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hay hondas discrepancias frente a si se trata de una mesa de conversación o de negociación.
A diferencia de los últimos días, que se habían caracterizado por la masiva presencia de estudiantes en las calles, en la jornada de ayer, además de estos, volvieron a ser protagonistas los sindicatos y algunos líderes políticos. Y aunque, como ya se dijo, fue el nudo de discordia de las fallidas negociaciones para tratar de conjurar este segundo tiempo del paro, el Esmad volvió a salir y de nuevo se vio el careo con los manifestantes. Obviamente, después de lo sucedido los días 21 y 22 de noviembre, se vio clara una mayor coordinación de las autoridades para evitar que los vándalos hicieran de las suyas, pese a un incidente en la mañana, sobre la avenida 1° de Mayo de Bogotá, del que resultó herido un joven, y en Soacha, donde anoche el Esmad se enfrentó con algunos de los manifestantes que bloquearon la autopista Sur.
En las calles de la capital y otras ciudades del país, además de las consabidas consignas del Comité de Paro, volvieron a escucharse los reclamos contra el Gobierno, sobre todo referidos a vacíos del Estado en materia de educación, empleo, atención en salud, reducción de la pobreza y política económica. Las cacerolas regresaron con su sonora protesta y prevalecieron las expresiones artísticas y culturales, con toda clase de puestas en escena para sintetizar el descontento de varios sectores con la actual realidad sociopolítica de Colombia.
Con las luces encendidas de la Navidad y muchos estudiantes de colegios y universidades ya fuera de las aulas de clase por la temporada de vacaciones, varias voces han sugerido a las partes enfrentadas que se aproveche este momento para concertar acuerdos y evitar que 2020 despunte con los ánimos caldeados. De cualquier manera, ya en el horizonte se advierte el relevo de los mandatos regionales y locales, con la posesión de los nuevos gobernantes, quienes deberán asumir las ineludibles tareas de la seguridad ciudadana, el control del orden público y la misma atención de las urgencias sociales.
En otras palabras, será la hora en que Claudia López, en Bogotá; Daniel Quintero, en Medellín, y Jorge Iván Ospina, en Cali, entre otros, lleguen a reemplazar a Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Maurice Armitage, respectivamente, no solo en la administración global, sino en la atención de las protestas. En ese orden de ideas, como fue el primer capítulo del intento del gobierno Duque por aliviar la tensión social, esta vez sí serán los interlocutores directos para la coordinación de las tareas propias del control ciudadano. Eso implica necesariamente un replanteo en el mundo político.
De manera conexa, persiste la expectativa nacional en torno a los inminentes ajustes del Gobierno para encarar los retos del nuevo año. Si bien hasta el momento Diego Molano, Angelino Garzón y Gloria Inés Ramírez han reforzado al equipo del Ejecutivo, específicamente para incentivar el diálogo y la comunicación ante la confusión creada por las marchas, se sabe que continúan los contactos políticos de cara a la recomposición del gabinete y otros frentes adicionales, como parte de la estrategia para fortalecer la gobernabilidad.
A pesar de estas aproximaciones y de ese diálogo político, la pregunta que se hacen los ciudadanos del común es por qué se mantienen las protestas en las calles. Por una parte, es claro que constituye una tendencia continental, con un ejemplo similar en Chile, donde ya llevan más de 40 días sin una solución a la vista. Por eso no se descarta que continúen incluso en estos días de festividades. De otro lado, es notorio que representa también una fórmula política de oposición de aquellos sectores que quieren jugarle a esa protesta como el punto de partida de las reivindicaciones sociales.
La otra veta que persiste en la discusión general tiene que ver con la implementación del proceso de paz firmado hace tres años por el Gobierno antecesor y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc. Eso explica, por ejemplo, que la Guardia Indígena del Cauca haya decidido hacer presencia masiva en Bogotá y que otros sectores que reclaman por la misma causa hayan convertido las jornadas de movilización en una estrategia común para llamar la atención del Ejecutivo en torno a pensar que revivir el Acuerdo de La Habana puede ser un camino de reconciliación política en los actuales momentos.
Con un factor adicional que desde ya complica el panorama. Se viene la negociación del salario mínimo, que habitualmente termina en un decreto presidencial. A pesar de que el gobierno Duque ha sacado pecho manifestando que hace un año otorgó el mayor ajuste de los últimos tiempos, de antemano se sabe que va a ser un pulso aparte. No solamente por el entorno político en el que llega a ese escenario, de por sí difícil, sino porque también llega acompañado del trámite de una reforma tributaria, que ya fue aprobada en su primer debate y que es otra piedra en el zapato para conjurar la protesta.
Además de esto, día a día se multiplican los motivos de la indignación y el reclamo ciudadano: la muerte del joven Dilan Cruz por parte del Esmad, los anuncios de reformas pensional y laboral (así el Gobierno diga que serán concertadas), los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, el desempleo y los mismos intentos por regular la protesta social, son algunos de ellos. Los sectores económicos —grandes, medianos y pequeños— claman por un acuerdo que les permita sortear con éxito la época decembrina, para ellos la mejor del año. Diego Molano, el vocero del Gobierno frente al Comité de Paro, insiste en que siguen dispuestos “a sentarse para definir cómo se trabaja y encontrar consensos”.
En otras palabras, lo que se advierte por ahora es un diálogo de sordos, con posturas en contravía que, por fortuna, no se han convertido en un choque de trenes. El Ejecutivo sigue aferrado a su disciplina fiscal, con algunas voces llamando al diálogo, pero otras, desde el Centro Democrático, echándole leña a la hoguera con comentarios desabridos contra la movilización y contra quienes consideran que son sus instigadores desde el terreno político, léase Gustavo Petro. Del lado contrario, la misma historia: manteniendo una argumentación para oponerse a cualquier medida, haciéndole a la era de Iván Duque un tránsito más complejo.
Nota del editor: El título de esta nota fue modificado para eliminar de él un dicho que, a pesar de que en su uso común representa bien los problemas de comunicación que hay entre el Gobierno y los líderes del paro nacional, es irrespetuoso con las personas sordas.