El Ministerio del Interior expidió este viernes la resolución 1190, por la cual se adopta el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”.
De acuerdo con el documento, el protocolo o guía metodológica “no modifica norma alguna de rango superior ni constituye regulación, sino que compila las normas vigentes y jurisprudencia pertinente, respetando el m arco de competencias y autonomía de las distintas entidades”.
El anexo de la resolución es el protocolo como tal, en el que se explica que esta guía metodológica tiene como objetivo el establecimiento de los “lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional, dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.
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El documento del protocolo incluye seis enfoques, que están divididos en derechos, preventivo, diferencia, pro mujeres, territorial y respeto y, en ese mismo sentido, determina una serie de definiciones que deberán ser tenidas en cuentas por las autoridades para realizar acciones, como lo que se configura como un plantón, una marcha o un disturbio.
En ese mismo sentido, entrega las guías para la conformación de las mesas se seguimiento de las manifestaciones, las funciones de las secretarías técnicas de dichas mesas y de qué forma quedarán integradas tanto en el orden nacional como regional. También trata, de igual forma, la conformación y funcionamiento de los conocidos puestos de mando unificado (PMU).
Por otra parte, también se contempla la conformación de una comisión de verificación civil, de la que harán parte miembros de organizaciones o movimiento de derechos humanos que quieran realizan la observación y verificación del cumplimiento de las garantías para la protesta.
A renglón seguido, el documento establece el protocolo a seguir por parte de las autoridades para atender tanto manifestaciones con previo aviso como las que surjan de manera espontánea, así como el papel que desarrollará la Fuerza Pública en cada uno de los momentos.