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Una proposición de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, incluida en la Reforma Política aprobada ayer en segundo debate en el Congreso, impone duras sanciones a las colectividades que avalen candidatos inmersos en delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad.
Martínez recordó que en la actualidad la norma constitucional sanciona a los partidos que avalan candidatos que luego sean condenados por delitos electorales, narcotráfico, lesa humanidad y paramilitarismo. Algunas de las sanciones a aplicar a los partidos por este tipo de faltas, a las que ahora se sumarían los delitos sexuales contra menores, van desde la privación de financiación estatal, suspensión del derecho de inscribir candidatos, hasta la cancelación de su personería jurídica.
Para la congresista, deben ser motivo de condena social y penal todos los actos abusivos que se cometan contra los menores, extendiendo este reproche al ámbito político.
“Este es un mensaje que el Congreso debe enviarle a los colombianos. No vamos a tolerar y pasar por alto este tipo de conductas, menos viniendo de aquellos que pretenden conseguir un respaldo político desde un partido o movimiento para postularse a cargos de elección popular. Los partidos que lo hagan serán castigados severamente”, puntualizó la senadora.
Si bien la proposición fue respaldada por la mayoría de la plenaria del Senado, el reto tiene que ver con que esas sanciones a los partidos se hagan verdaderamente efectivas, pues la realidad muestra que pocas veces es así y los entes encargados de imponerlas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), no son efectivos.