El exdirector del Censo Electoral, Hollman Ibáñez Parra, está en el ojo del huracán. Aunque el pasado jueves renunció a su cargo tras el escándalo en Cali por las denuncias del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que a dos candidatos a la alcaldía de la capital del Valle les habían pedido dinero para arreglar un problema con sus firmas y que pudieran inscribirse e incluso ganar los comicios electorales de octubre, su nombre sigue en el centro de la controversia nacional y sus actuaciones ya están en la mira de los organismos de control.
Ibáñez Parra llevaba casi cuatro años en la Registraduría, tiempo durante el cual se desempeñó sucesivamente como jefe de la Oficina de Control Interno, delegado departamental de Caquetá y Cundinamarca y, a partir del primero de julio de 2009, como director de Gestión Electoral. En desarrollo de esta actividad, le correspondió atender el reto de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010 y, en la actualidad, era pieza clave para garantizar la transparencia de las elecciones regionales y municipales de 2011.
Sin embargo, su nombre salió a relucir de una manera inesperada. Una semana después de las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2010, en medio del debate frente a los resultados electorales para la conformación del Congreso, circuló en la Registraduría una extraña oferta de servicios para candidatos quemados o al borde del naufragio. La propuesta, orientada a pelear hasta la última mesa de votación e incluso direccionar los testigos electorales, resultó impulsada por una sociedad registrada con el nombre de Procesos Electorales.
Dicha empresa, creada mediante escritura pública el 12 de febrero de 2003, fue constituida por tres profesionales nacidos en Purificación (Tolima): Henry Villarraga Oliveros, Alfonso Portela Herrán y Carlos Ariel Sánchez. Sin embargo, en noviembre de 2007, el último de ellos fue escogido como registrador nacional y once días después cedió sus acciones. En cuanto a sus socios, Portela pasó a ser registrador delegado en lo electoral y Villarraga magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.
Los tres cedieron sus acciones; en los casos del magistrado Villarraga y el delegado Portela, a sus hijos y otros familiares, y el registrador Carlos Ariel Sánchez a un abogado que participó como candidato a la Cámara por el departamento del Tolima en las listas de Cambio Radical y a Hollman Ibáñez Parra, ya como director del Censo Electoral de la Registraduría. En ese momento, Sánchez aseguró no saber quién se había quedado con la empresa. Esta semana agregó que no volvió a saber de ella. Tampoco el caso fue investigado.
Lo cierto es que, ese mismo día, Hollman Ibáñez cedió las cuotas que recibió del registrador a un tercero llamado Fernando Zabala Chacón. De paso, renunció al cargo de miembro suplente de la junta directiva de la compañía. Con el paso de los días se aclaró que quien recibió sus cuotas de la empresa resultó ser el cuñado de uno de los hijos del magistrado Villarraga, que, a su vez, había sido contratista del organismo electoral y era quien ofrecía los servicios de la empresa.
Este episodio no tuvo consecuencias jurídicas. El Espectador conoció que un grupo del CTI de la Fiscalía alcanzó a realizar una inspección judicial a la sede de la firma Procesos Electorales, situada en la avenida 19 con carrera 3ª, en el centro de Bogotá, pero el caso nunca trascendió. El más reciente certificado de existencia y representación legal de la empresa, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que sigue vigente y que sus propietarios siguen siendo familiares de Alfonso Portela y Henry Villarraga.
Desde entonces, la Registraduría no había afrontado dificultades públicas y se preparaba para las elecciones de octubre de 2011. Pero vino el escándalo de Cali que hoy tiene alborotado al mundo político, no sólo en la capital del Valle sino en el resto del país. Y el personaje que está en el centro de la polémica vuelve a ser Hollman Ibáñez Parra, porque su despacho aportó el diagnóstico que tiene en aprietos a dos candidatos a la Alcaldía de esa ciudad, dando pie a la réplica de los mismos aspirantes, que denuncian sospechosas conductas en el organismo.
La pelotera se presentó porque al candidato a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero, le rechazaron buena parte de las firmas que presentó para sustentar su aspiración electoral. Lo mismo que le sucedió a otro de los aspirantes, la dirigente del movimiento Firmes con Cali, Susana Correa. Según la información conocida, al primero le advirtieron que tenía problemas en unas 4.500 firmas y a la segunda le quedó un faltante de 800. Fue en ese momento cuando el presidente Santos salió a denunciar que algo raro estaba sucediendo en Cali.
Desde entonces abundan las explicaciones. El registrador, Carlos Ariel Sánchez, argumentó que todo el proceso de revisión de las firmas se hizo a través de una norma que está vigente desde hace 17 años y que en el caso de Guerrero fue necesario anular 29.870 firmas por distintas circunstancias, mientras que en el caso de la candidata Susana Correa las firmas anuladas fueron 24.271. Además, el funcionario reclamó a los dos candidatos que ratificaran sus denuncias, para establecer responsabilidades sobre lo que puede estar sucediendo.
Pero las denuncias del presidente Santos, aclarando además que la Policía y la Fiscalía tienen en su poder información sobre la utilización fraudulenta de muchas cédulas o de otras irregularidades relacionadas con votantes inexistentes, fallecidos o inhabilitados para participar en las elecciones, provocaron un alud de reclamos contra la Registraduría, unos por la presunta participación en política de algunos funcionarios, otros por irregularidades en la expedición de formularios electorales e, incluso, por manipulación documental.
La Procuraduría General de la Nación intervino y solicitó anular el proceso de revisión de las firmas presentadas en los casos de los candidatos Guerrero y Correa. El registrador Sánchez aceptó la propuesta y le pidió al Ministerio Público que acompañe el proceso de revisión de esas firmas. De paso, admitió que hoy existen 50 investigaciones contra funcionarios de la entidad en todo el país, pero que la sociedad tiene que entender que en ella trabajan más de 3.500 funcionarios y que en tiempos electorales pueden pasar de 15 mil los supernumerarios.
El escándalo, que apenas comienza, ya provocó un remezón en todo el país, al punto de que 19 funcionarios, entre auxiliares y registradores municipales, fueron removidos de sus cargos. Y el primero en la lista fue precisamente el director del Censo Electoral, Hollman Ibáñez Parra, quien fue trasladado a la Dirección Nacional de Registro Civil. Sin embargo, Ibáñez prefirió renunciar, entre otros aspectos porque el caso ha dado hasta para suspicacias sobre su relación sentimental con una actual secretaria de la gobernación de Cali, cercana al partido PIN.
El Espectador quiso conocer la opinión de Ibáñez Parra sobre lo sucedido, pero no respondió a las llamadas. Quien ha puesto la cara ante el escándalo ha sido el registrador Carlos Ariel Sánchez. Lo cierto es que, a escasos dos meses de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, las sospechas sobre personajes rondando a los candidatos y pidiendo dinero para arreglar obstáculos jurídicos o asegurar victorias, vuelven a empañar el panorama electoral en un país donde hace más de un siglo un dirigente político acuñó una dura frase: “El que escruta elige”.
Un abogado con poder en la Registraduría
Desde que llegó a la Registraduría, hace casi cuatro años, Holman Ibáñez Parra se convirtió en uno de los hombres de confianza del registrador nacional de Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez. El jurista Ibáñez, además de su experiencia en asuntos electorales tiene especialización en derecho comercial y financiero. Adelantó también estudios de posgrado en derecho probatorio y cursó una maestría en derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Registró como algunos de sus logros el proceso de inscripción de cédulas en diferentes jornadas electorales. También a nombre del organismo electoral presentó el sistema de identificación biométrica. No obstante una de sus actividades fundamentales en la Registraduría fue la depuración del censo electoral. Algunos exfuncionarios de la entidad le comentaron a El Espectador que varios servidores del nivel directivo y operativo de la entidad fueron nombrados acogiendo las sugerencias que éste le hizo al registrador Sánchez.
Todas las firmas pasan a revisión
A raíz del escándalo registrado por las firmas de los candidatos a la Alcaldía de Cali y atendiendo una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría expidió una resolución mediante la cual dispone la revisión de todas las firmas que respalden la inscripción de candidatos. Según el organismo electoral, ya se inició el proceso con el aspirante Rodrigo Guerrero. Para ello se contrataron 120 supernumerarios.
En cuanto al caso de Susana Borrero y otros tres aspirantes a otras alcaldías, se informó que no presentaron recurso contra la decisión inicial del organismo. Según la nueva norma, son ocho pasos los que se deben cumplir para la revisión de firmas, como remisión de listados, conformación de equipo de expertos, esquema de revisión, conteo, segunda verificación, cotejo y expedición del dictamen correspondiente.
Se deben consignar nombres y apellidos completos, número de cédula, firma y huella en caso de no saber firmar.