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Entre septiembre de 1986 y abril de 2017, solo 0,2% de cada 10 procesos de ataques contra periodistas llegaron a juicio. En concreto, fueron 12 de 673 casos, de los cuales ocho tuvieron condena. El 69% de los procesos solo alcanzó etapa de indagación preliminar, es decir nunca hubo investigación formal. Y de 304 amenazas, solo hubo una sentencia condenatoria, mientras que de 105 asesinatos, solo tres condenas y de 70 casos de lesiones personales, una sentencia.
Son las cifras dadas conocer en el marco de la Primera Cumbre Internacional de Periodismo y Comunicación, realizada en Villavicencio (Meta), cuyo objetivo principal fue el de dar a conocer la preocupante situación de impunidad en los procesos por ataques a periodistas; analizar mecanismos de acceso a la justicia y plantear acciones de lucha contra esa impunidad desde los mismos gremios del sector.
“Si bien es cierto, el eje fundamental de la cumbre fue poner en conocimiento de nuestros colegas las cifras de impunidad, también tuvimos la oportunidad de presentar la mirada crítica de los investigadores de derechos humanos de CODHES, la situación que viven nuestros colegas de Venezuela, seguridad informática como medida de protección de periodistas y la influencia de las encuestas electorales en el periodismo”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
Para la periodista e investigadora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, quien fue objeto de intimidación, acoso, amenazas y vigilancia desde 2001, cuando investigaba el asesinato de otro periodista Jaime Garzón y descubrió que agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban involucrados en un encubrimiento, es claro que “la impunidad es una estrategia de Estado para acallar a los periodistas que se atreven a investigar”.
Por su parte, Marco Antonio Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela, y secretario de comunicaciones de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, tanto en Colombia como en el vecino país “hay absoluta impunidad en todos los casos de agresiones o ataques mortales en contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación”.
En este sentido, Ruiz cree que es una tarea pendiente de las organizaciones que propenden por la defensa de los derechos humanos en la prensa visibilizar con más fuerza los casos y aumentar las exigencias a las instituciones públicas para que ejerzan acciones ejemplarizantes.
Marcos Oyaga, investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento ( CODHES), considera que “la violencia contra los trabajadores de la prensa siempre busca acallar al periodismo, por eso es fundamental la unión gremial y presionar con informes periodísticos para que las autoridades den resultados”. Y destacó la necesidad de que haya justicia y memoria para poder salir de los círculos de violencia y que la sociedad tenga derecho a estar informada.