Iván Duque: sin aire político

El presidente Iván Duque cumplirá en abril ocho meses de gobierno. / Presidencia

Iván Duque completa 237 días al frente del Estado y su gobernabilidad, entendida como la capacidad para sacar adelante las prioridades de su mandato, se ve débil. Si bien en algún momento la aprobación de su gestión repuntó en las encuestas, gracias a posturas como el fin de la mesa de diálogos con el Eln tras el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá o el liderazgo internacional en el cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, hoy se le han acumulado turbulencias que están poniendo a prueba su liderazgo y capacidad de maniobra política, que algunos ya ponen en entredicho. Entre ellos el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quien habla de una “creciente sensación de desgobierno”.

Hablar de desgobierno puede sonar extremo, pero lo cierto es que a Duque le está faltando lo que los analistas llaman “aire político”. Si comenzamos por lo más reciente, la semana que termina ha sido quizás una de las más difíciles y en el panorama se avizora lo que puede ser una dura derrota. Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, decidió no acompañar las objeciones planteadas a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y con ello naufragan los peros que expuso a la que es considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Los votos no le dan para aprobarlas, lo que no es más que la ratificación de la falta de una coalición sólida que lo respalde en el Capitolio, algo que ya se vio frente al Plan Nacional de Desarrollo, que pasó gateando en su primer debate en comisiones económicas, o en la trasquilada que sufrió la reforma política, además de unos proyectos anticorrupción en veremos.

Frente a las objeciones, la Casa de Nariño espera todavía que el Congreso enderece su camino. “El Gobierno es respetuoso de la independencia del Legislativo, pero hace un llamado a la consecutividad y a la coherencia de los postulados partidistas, y remarca la legítima preocupación de parlamentarios de varias colectividades, que mostraron en el pasado reciente reservas frente a algunos aspectos muy sensibles de la ley estatutaria y, en consecuencia, tienen ahora la oportunidad de corregir y afianzar los textos normativos, mejorándolos”, señaló Jaime Amín, alto consejero presidencial para la Política. Un mensaje directo a Cambio Radical, que en el pasado se opuso a proyectos de implementación de los Acuerdos de La Habana, como cuando ayudó a hundir las circunscripciones especiales de paz. Amín insiste en que dichos ajustes al sistema de justicia transicional no buscan nada distinto que restañar las heridas en la sociedad y fortalecer y legitimar los derivados de los textos pactados.

El meollo del asunto es que, como muchos críticos señalan pero el Ejecutivo no reconoce, este debate al que se ha aventurado el primer mandatario ha derivado en un choque de trenes con el poder Judicial. De hecho, en el informe de la subcomisión que se conformó en la Cámara de Representantes para estudiar las objeciones a la JEP —revelado por este diario el viernes pasado— se afirma que el presidente tuvo el atrevimiento de desafiar las competencias de la Corte Constitucional, sobrepasando, incluso, los límites estrictos de la separación de poderes. Ese mismo día, desde Cartagena, Duque ripostó: “El púlpito de la Presidencia no está configurado para oprimir a nadie sino para ambientar los grandes debates en la sociedad colombiana; defender la separación de poderes y plantear discusiones en el marco de la Constitución, para que deliberen esas instituciones, y acoger sus decisiones, sin tratar de utilizar el poder para inclinar la conciencia de ningún ciudadano para que favorezca mi criterio”.

El Congreso tiene hasta el 20 de junio para tramitar las objeciones. Y tal y como están las cosas, serán rechazadas. Duque cuenta con los votos del Centro Democrático y de los partidos cristianos, y aún está por definirse la posición del Partido Conservador. En el Senado, significaría que tiene, mínimo, el apoyo de 26 parlamentarios, y si lo apoyaran los azules alcanzaría los 39 votos. En defensa del Acuerdo de Paz están la U, Cambio Radical, los liberales, la Alianza Verde, el Polo, el partido FARC, los decentes y los indígenas, lo que se traduce en 68 votos. En la Cámara, el Gobierno sumaría, en principio, 58 apoyos, mientras la oposición y los independientes tendrían 110. En conclusión, en las dos corporaciones sería derrotado.

A estas cuentas les hace falta un factor que será decisivo: los impedimentos que presenten los parlamentarios. De entrada, se sabe que los nueve de la FARC están impedidos por ser beneficiarios del Acuerdo de Paz. Pero también hay registros de varios congresistas repitentes que se declararon impedidos en noviembre de 2017, cuando se debatió en el Congreso la ley estatutaria que hoy se objeta. En esa ocasión, por ejemplo, se presentaron 31 impedimentos y fueron aprobados 12. Entre ellos figuraban el expresidente Álvaro Uribe y otros tres senadores más del Centro Democrático. También estarían impedidos parlamentarios del otro lado, como Andrés García Zuccardi, de la U, y Richard Aguilar, de Cambio Radical, por tener familiares vinculados a investigaciones por parapolítica. Valga recordar que en los debates de la paz, el uribismo saboteó los proyectos declarándose impedido moralmente para votarlos. Ahora, si no declaran su impedimento, fácilmente podrían ser demandados ante el Consejo de Estado.

Para rematar la difícil situación del Gobierno en el Congreso, la Corte Constitucional, en su pronunciamiento sobre las objeciones, dijo que debían ser tramitadas con las mismas condiciones del fast track, lo que implica que, una vez radicadas las ponencias de las subcomisiones de Senado y Cámara, el debate tendría prioridad en el orden del día. La discusión se le atravesará, inevitablemente, al Plan Nacional de Desarrollo, iniciativa también con plazo perentorio: 7 de mayo, y que ha recibido críticas a tal punto de ser una de las causas que desató la minga indígena en el Cauca, que cumple 21 días. Las protestas han dejado heridos y muertos, incluyendo un policía del Esmad, por lo que el Gobierno viene hablando de la infiltración de organizaciones criminales.

Las manifestaciones en el Cauca, donde exigen la presencia del presidente Iván Duque, han empezado a expandirse hacia Huila, Tolima y Nariño. Las noticias sobre desabastecimiento en Pasto, Mocoa, Popayán y Santander de Quilichao empiezan a viralizarse. Tanto ha crecido el tema que el pasado miércoles unos 50 congresistas se le plantaron al presidente en la plaza Núñez, frente a la Casa de Nariño, para que los atendiera en aras de transmitirle los reclamos de sus regiones y ser mediadores en la crisis. El jefe de Estado recibió por separado a unos cuantos. Al respecto, Jaime Amín reiteró que no se cederá a las pretensiones indígenas hasta que se levanten los bloqueos. “El presidente Duque no caerá en promesas incumplibles para no afectar la credibilidad gubernamental. Un último asunto será pedir prudencia frente a actores externos, pues no permitiremos que se politice la minga”.

La agitación social tiende a agudizarse, pues otros sectores, como la Federación Nacional de Educadores (Fecode), amenazan con un paro indefinido, y en regiones como el sur de Córdoba y el Bajo Cauca ya han empezado a movilizarse campesinos que firmaron los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, inconformes por lo que consideran ha sido un incumplimiento del Gobierno. Los cafeteros, por su parte, tienen programada para el 24 de abril una marcha en rechazo a los bajos precios del grano en el mercado internacional. Y en varias zonas de la geografía nacional se insiste en el llamado a la protesta social por parte de organizaciones campesinas, como en Meta y el sur de Córdoba, además de los campesinos cultivadores de coca en Caquetá.

En la geopolítica mundial, el panorama tampoco le sonríe al presidente. Si bien inicialmente el liderazgo contra Maduro le trajo réditos, su homólogo de Venezuela no ha caído y el cierre de la frontera ya le pasa cuenta de cobro en Cúcuta, la capital nortesantandereana, sumida en una delicada crisis social y económica. Con respecto a la estatutaria de la JEP, varios gobiernos y la misma ONU le han pedido sancionar la norma y respetar la independencia de la Jurisdicción Especial de Paz, como el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para completar la difícil semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, soltó una mordaz crítica al primer mandatario: “Realmente (Duque) es un buen tipo, (pero) está entrando más droga desde Colombia que antes de que asumiera la Presidencia. No ha hecho nada por nosotros”. Palabras que apuntan a otro debate candente: la fumigación aérea con glifosato.

Múltiples aristas que, como se dijo, ponen a prueba a un gobierno al que los colombianos le exigen mostrar resultados. En la última encuesta Gallup Poll de comienzos de marzo, el 64 % de los encuestados consideraba que las cosas en el país estaban empeorando y la sensación que existe hoy es que el orden público se viene deteriorando. Porque si bien el Acuerdo con las Farc no significó la paz completa, sí implicó un alivio para las regiones históricamente golpeadas por el conflicto. Sin embargo, las amenazas y asesinatos de líderes sociales siguen desbordados, pese a los esfuerzos del Estado por protegerlos, y comunidades en Chocó y toda la región Pacífica, el Bajo Cauca antioqueño, Córdoba, Guaviare y Arauca, entre otras, siguen bajo el fuego cruzado de la guerra por los territorios que protagonizan los grupos neoparamilitares, el Eln y las disidencias.

También hay afugias en el campo económico. El desempleo, por ejemplo, volvió a los dos dígitos, los expertos coinciden en que una reforma pensional es prioritaria y que la migración venezolana obliga a buscar recursos donde no los hay. Y un choque que se advierte en el futuro inmediato: el acto legislativo anunciado para reformar asuntos relacionados con la justicia transicional, en lo que tiene que ver con la exclusión de los delitos sexuales del sistema, la reincidencia y el delito continuado. Lo cierto es que el reloj avanza y, como se ve, los retos para Iván Duque se hacen cada vez más urgentes de atender. Le llegó la hora de mostrar qué tan preparado estaba para asumir el mando de un barco tan difícil de capitanear como lo es Colombia, en medio de múltiples tormentas que no amainan; y qué tan agarrado tiene el timón y no es como dicen sus opositores: que Álvaro Uribe es quien gobierna a la sombra y que la salida pensanda para salir de todo el embrollo es una constituyente, como insinuan algunos de los uribistas más radicales.