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Por primera vez en la historia de Colombia habrá un juicio político en contra de un magistrado por su presunta participación en un escándalo de corrupción. En un hecho sin precedentes, la Cámara de Representantes, en sesión reservada y con 96 votos a favor y 45 en contra, acusó ante el Senado al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por el delito de concusión por, supuestamente, haber pedido coimas para favorecer a la firma Fidupetrol con un fallo de tutela que, de haber prosperado como la firma quería, le hubiera ahorrado el pago de una condena de $22.500 millones.
Por segunda vez en 56 años un proceso llega hasta esta instancia. En 1959, el general Gustavo Rojas Pinilla fue declarado “indigno” por “mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente” y se le quitaron sus derechos políticos. Aunque cinco años después la Corte Suprema de Justicia se los devolvió.
Ante la demora para definir el futuro de Pretelt hubo, incluso, advertencias por parte del fiscal Eduardo Montealegre, quien dijo que, por posibles dilaciones, los congresistas podrían ser investigados por prevaricato. Pero ayer, pese a las 15 recusaciones presentadas por el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Pretelt, y a menos de 48 horas del fin de la legislatura, la Cámara avaló la acusación contra Pretelt y le abrió la puerta a un juicio político histórico.
En el auto de acusación que presentó el representante Julián Bedoya el pasado 16 de septiembre se hace un resumen de lo que ha sido este proceso: “Desde el momento en que se hizo pública la denuncia formulada en contra de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, los cargos imputados al magistrado han tenido como consecuencia el deterioro de la imagen de la Rama Judicial en general, y de la Corte Constitucional en particular”.
Y es que desde que el hoy exmagistrado Mauricio González Cuervo denunció un presunto tráfico de influencias en el interior de la Corte Constitucional, ha habido hasta reformas judiciales para hacerle frente al escándalo generado por el presunto tráfico. De hecho, mientras avanza el proceso contra Pretelt, otros dos protagonistas de este caso se encuentran en proceso judicial: el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el abogado Víctor Pacheco, quienes, según la Fiscalía, intentaron sobornar a Pretelt para que fallara a favor de Fidupetrol.
Tras la decisión de la Cámara de Representantes, el expresidente de la Corte Constitucional se expone a una suspensión si el Senado acepta la acusación, tras lo cual iniciará el juzgamiento (ver recuadro). A través de su cuenta en Twitter, Pretelt dijo que el Congreso le “irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso”. Su abogado, por su parte, dijo que el proceso contra Pretelt era un “linchamiento sin precedentes en la historia judicial de Colombia”. Sea como sea, es, sin duda, un hecho histórico y ahora está en manos del Senado seguir escribiendo esta historia.