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Arranca el segundo período de esta legislatura y hay presión para sacar muchos proyectos. ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno en esta recta final del Congreso?
Este es un período legislativo bastante corto, de apenas catorce semanas. El Gobierno nacional viene con 48 proyectos que están en trámite en el Congreso. Tenemos 18 de un paquete de nuevos proyectos, lo que nos lleva a tener un total de 66 iniciativas. También tenemos 19 proyectos que los hemos establecido como bandera; es decir, en los que más vamos a enfocarnos.
Hay que tener en cuenta que el período legislativo pasado fue muy exitoso y logramos sacar 21 leyes de origen del Gobierno y que incluía un paquete importante de reactivación económica, como la ley de emprendimiento, de turismo, el presupuesto general de la nación (con $56 billones de inversiones), el presupuesto bianual de regalías (la plata de las regiones) y alivios financieros al sector agropecuario. Tuvimos un período muy exitoso.
El primer proyecto, de ese grupo que viene en trámite, es el de trabajo en casa, al que le queda solamente plenaria. Es muy importante frente a la pandemia, porque reglamenta los procesos para que la gente pueda trabajar en casa en casos extremos, como una pandemia. Esperamos sacarlo en los primeros quince días.
También tenemos la reforma a la administración de justicia, una ley estatutaria que es supremamente importante y está radicada en la Comisión Primera de Cámara y tiene factores importantes, como la digitalización, acercar más la justicia al ciudadano y los temas de convocatoria pública para acceder al cargo de juez o magistrado.
Figura también la reforma a la salud, que tendrá un capítulo frente a la emergencia sanitaria y la reglamentación de cómo se declara una situación de ese calibre. Viene además con temas del plan nacional de vacunación y sanciones a quien no acate o cumpla ese plan o una medida sanitaria, como el que se salta la fila para inmunizarse. Es muy importante y oportuna esta reforma a la salud, porque va de la mano con lo que estamos viviendo en el plan nacional de vacunación.
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¿En esa reforma a la salud habrá algún punto relacionado con que Colombia pueda fabricar y desarrollar vacunas? ¿Han contemplado que los privados puedan hacer parte del plan de vacunación?
Tengo entendido que hay un proyecto que radicaron algunos congresistas frente al tema de los privados. Aquí se ha venido mirando si en la ponencia se puede incluir algo y a través de proposiciones. Es algo que se ha discutido con el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Frente a eso, yo preferiría que quien respondiera esas preguntas fuera él, pero sí es algo que se está estudiando.
También se ha hablado mucho de una reforma fiscal y otra tributaria. ¿Esos proyectos ya están formalmente radicados?
La reforma fiscal y social, como lo ha anunciado el presidente, es una iniciativa que aún se está estudiando. Hay un comité de expertos que está trabajando junto al Ministerio de Hacienda para mirar cuáles son las medidas que se deben adoptar, pero tal vez lo más importante de esa reforma es que busca cerrar brechas sociales y avanzar en la reactivación económica del país. Ahí es muy importante que podamos avanzar en una agenda social, no solo para mantener todos los beneficios que se han generado como consecuencia de la pandemia, sino la posibilidad de ampliarlos y llegar a mucha más gente. El gran foco debe ser la atención de la población vulnerable que, por cuenta de la pandemia, ha tenido una afectación.
Hay que tomar algunas medidas fiscales que aún están en estudio y buscan seguir garantizando el grado de inversión que Colombia tiene y poder seguir accediendo a esas bancas multilaterales internacionales. No obstante, lo que buscamos es una reforma que tenga un impacto social, que cierre brechas y se avance en los programas del Gobierno.
¿Y qué se ha dicho de la reforma tributaria?
Nosotros estamos observando una reforma fiscal y social. De eso es de lo que el presidente de la república ha hablado y eso es lo que se está estudiando con el Ministerio de Hacienda, y con todo el gabinete, para poder llevarla al Congreso. Previamente se va a hacer una conversación con las bancadas para mirar de manera consensuada y entendiendo el momento que atraviesa el país.
Aquí lo importante es que tenemos que entender que estamos atravesando por un momento en el que hemos tenido un gasto gigante para poder atender los retos de la pandemia y eso ha generado más deuda, un estreñimiento de los recursos públicos y por eso debemos acudir al Congreso, de manera consensuada, para tener algunas medidas fiscales que nos puedan brindar la posibilidad de mantener y ampliar los programas sociales.
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¿Se ha hablado en esa reforma de poner IVA a productos básicos de la canasta familiar, como el arroz, la papa o la carne?
La reforma fiscal y social se está construyendo y no está todavía decidido cómo se va a radicar ese proyecto. Hay un comité de expertos que está trabajando con el Ministerio de Hacienda, mirando cuáles serían las medidas y de dónde podrían salir los recursos necesarios para mantener y ampliar todos los programas sociales. En eso todavía estamos trabajando y no hay ninguna decisión frente a qué clase de beneficios o modificaciones fiscales vengan. Sí tenemos un norte claro y es lograr generar los recursos públicos que necesitamos para poder atender las necesidades sociales y mantener el grado de inversión.
Son tres grandes reformas las que van a presentar: salud, justicia y fiscal. Son iniciativas muy ambiciosas. ¿Sí lograrán prosperar en un año preelectoral? ¿Por qué esperar hasta este período para presentarlas?
Nosotros tenemos 19 proyectos que son los bandera. Ahí no solo está el tema de administración de justicia, la reforma fiscal y la de la salud, sino también temas ambientales, como la tipificación de delitos de deforestación, un mal que hoy está afectando al país y pone en riesgo nuestro ecosistema.
También está la reglamentación de la cadena perpetua (que se radicará el martes), el tema del acaparamiento de tierras, la explotación ilícita de minerales (con lo que se financian estructuras criminales) o el proyecto de la mesa de moralización, que acompañan la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que adopta medidas anticorrupción.
Sí, es una agenda ambiciosa, son 19 proyectos que esperamos sean leyes de la república al terminar el período legislativo, pero son necesarias. La reforma fiscal y social es consecuencia de la pandemia, porque ya el Gobierno había tramitado la ley de crecimiento económico y estaba permitiendo una reactivación económica. Veníamos en un crecimiento del empleo. Pero como consecuencia de la pandemia debemos radicar unos proyectos que no teníamos contemplados, pero que son importantes para seguir cerrando brechas sociales y atender a los más vulnerables.
Frente al de administración de justicia lo hemos venido trabajando con las cortes y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lo ha venido liderando. Se está buscando un consenso para llevar al Congreso algo que mejore la justicia y sea más cercana al ciudadano, buscando también la digitalización de la justicia, para ya por fin dejar en el pasado esos juzgados llenos de expedientes y folios que llevaban a falta de celeridad.
Tenemos también una reforma a las juntas de acción comunal, porque hay más de 65.000 de ellas, que acoge a más de siete millones de colombianos. Es importante darles todas las herramientas para que puedan seguir cumpliendo con su trabajo. Incluso tenemos una reforma para que los cabildos indígenas puedan contratar directamente con el Estado. Hay una agenda legislativa que esperamos trabajar con la coalición de gobierno, los independientes y también la oposición, porque estoy seguro de que esos proyectos que tienen beneficio para el país algunos serán apoyados por ellos.
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El año que pasó en el Congreso estuvo marcado por disidencias políticas y senadores que dejaron partidos. En pleno año preelectoral, ¿cómo piensa tener las mayorías? ¿Cree que todavía tienen fortaleza?
El Gobierno no tiene más que gratitud con el Congreso. Hemos logrado consolidar unas mayorías, una coalición de gobierno junto a unos partidos independientes que han apoyado la gran mayoría de proyectos y con ellos trabajamos con un solo norte: en beneficio del país. Tengo la absoluta convicción de que con esta coalición que hemos construido, basada en una agenda legislativa, vamos a enfrentar los grandes retos que tenemos como nación.
¿Qué les responde a los miembros de la oposición que aseguran que detrás de ese éxito legislativo hay “mermelada” y que esta podría aumentar en este año preelectoral?
Trabajamos con el Congreso de una manera transparente, en las regiones, en la gestión de proyectos, en generar beneficios en los territorios, y ese trabajo lo hacemos sobre la mesa. Hemos consolidado una confianza, un trabajo, en la que las agendas se compaginan. Que en el período pasado hayamos logrado aprobar 21 leyes y todo el paquete de reactivación económica ha sido gracias al entendimiento del Congreso de que hay una agenda en pro del país.
Es decir, no hay ni habrá “mermelada”...
El ejercicio del Gobierno nacional ha sido muy claro. El norte que el presidente estableció para el relacionamiento del Gobierno ha sido con un trabajo de manera articulada. Hemos encontrado puntos comunes con el Congreso en los que hemos trabajado de manera transparente por el país.
Han denunciado desde la oposición un supuesto “lobby” para buscar la extensión del gobierno Duque durante dos años más. ¿Están promoviendo esa propuesta?
Lo que hemos escuchado es lo mismo que dicen los medios. Que hay un proyecto que la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos han venido promoviendo y que es un proyecto que radican cada cuatro años. Hace cuatro años también se propuso una extensión del período de los alcaldes para unificarlos con los del presidente y así tener una planificación más unificada en los planes de desarrollo. Eso no hace parte de la agenda legislativa del Gobierno, no conocemos ningún texto y hemos escuchado anuncios. El Gobierno nacional no está en eso.
Es decir, ¿el presidente Duque no va a buscar la extensión de su período de mandato?
El presidente ha sido claro y ha hablado que su mandato va hasta el 7 de agosto del 2022.
El Gobierno comenzó con un gabinete paritario: mitad mujeres y mitad hombres. Hoy eso se ha desdibujado. ¿Qué está haciendo usted para que ese gabinete, al menos, pueda terminar por cumplir esa promesa?
Este ha sido el Gobierno de la primera mujer vicepresidenta. Hoy tenemos no solo eso, sino que, por primera vez en la historia, esta cartera del Interior la ocuparon dos mujeres. Es un hecho sin precedentes. Tuvimos el primer gabinete paritario de la historia, hoy la jefa de gabinete de la Presidencia es una mujer, tenemos más de siete consejeras presidenciales, un sinnúmero de viceministras y cinco ministras. El presidente siempre ha sido un defensor y un promotor de que cada vez haya más mujeres vinculadas al sector público.
¿Por qué cree que es tan difícil para el Gobierno garantizar la continuidad de mujeres en los cargos? En el Ministerio del Interior o el de Cultura se reemplazaron mujeres por hombres...
Lo que he visto en este Gobierno es que tenemos muchas mujeres ejerciendo roles de mando, de dirección, cabezas de entidades, de departamentos administrativos, incluso ministerios. En este ministerio, dos de los cambios que ha tenido han sido mujeres. Cuando se suman los períodos, el Ministerio del Interior fue ocupado más tiempo por una mujer que por un hombre. Eso es un mensaje importante. Ahora, lo que pasa es que, en la dinámica de los movimientos, el presidente siempre va a buscar la persona más idónea para el cargo. En muchos casos han sido mujeres, en otros han sido hombres.