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Desde ayer, en medio del quinto ciclo de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), ambas partes iniciaron de manera oficial la búsqueda de un nuevo acuerdo para callar los fusiles y frenar las hostilidades. El pacto inicial logrado en septiembre del año pasado entre las partes terminó el pasado 9 de enero, teniendo fuertes consecuencias principalmente en la seguridad de los territorios más afectados por la presencia de la guerrilla y su disputa por el control de las actividades ilícitas con otros actores ilegales. De hecho, la no consecución de una prórroga en el cese del fuego bilateral tuvo el oscuro episodio del atentado a una estación de Policía en Barranquilla, a finales de enero, que dejó seis uniformados muertos y 41 heridos.
Hay expectativa y los más allegados al proceso que se desarrolla en Quito esperan que en esta nueva ocasión el cese no tenga una fecha límite, sino que pueda ser indefinido y se convierta en una garantía para avanzar en los demás puntos de la mesa de negociación. ¿Y es posible lograr ese propósito? Para el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, existen en este momento las condiciones propicias para que el objetivo tenga un valor agregado, y tiene que ver con el clima de cordialidad que ha habido entre las partes en negociación tras el inicio del quinto ciclo. Por supuesto, también considera que el primer paso es el balance del anterior acuerdo para detectar los errores y deducir cuáles son los aspectos que deben ser corregidos. “Cada una de las partes tendrá sus demandas, pero es en el proceso de diálogo y consenso en donde se logrará establecer cuáles son los mínimos que se deben respetar”, señala Cepeda.
Ahora cobran mayor relevancia, además del silencio de los fusiles, las condiciones colaterales del cese al fuego. Tal como lo dijo Gustavo Bell, jefe del equipo negociador del Gobierno, en entrevista con El Tiempo el pasado domingo, si bien los protocolos de la pasada tregua evitaron la confrontación armada entre el Ejército y las facciones del Eln distribuidas en el territorio nacional, el nuevo acuerdo debe, además, evitar acciones hostiles contra la población civil y contemplar el compromiso de no atacar la infraestructura, de no plantar campos minados, reclutar menores, secuestrar o extorsionar. La intención —apuntó Bell— es que este nuevo cese sea más sólido.
Por parte de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, la sugerencia es que un nuevo pacto de cese de hostilidades sea plenamente verificable. “Sería lo más deseable para que tuviera éxito”, expresó. Eso sin desconocer que el quinto ciclo de conversaciones con la guerrilla no solo tiene como objetivo el silencio de las armas, que sin duda es una de las bases para la continuación de la agenda de negociación, sino que será el momento de la participación de la sociedad civil, que permitirá rodear la mesa y fortalecer los puntos dentro del acuerdo general que tengan relación directa con los territorios.
Al tiempo, se dará la construcción de un acuerdo humanitario en Chocó que abra caminos para avanzar en experiencias de desminado en ese departamento.
Lo cierto es que esta nueva búsqueda por el cese bilateral, del que un gran sector de la sociedad civil y de la misma Iglesia católica tiene la esperanza de que sea indefinido y casi que definitivo, también se convertirá en la posibilidad de lograr los primeros acuerdos de la agenda, que no se han concretado luego de dos años de su anuncio, y que el próximo gobierno pueda avanzar sobre un mínimo construido que no haga tan sencillo echar para atrás el proceso de una salida negociada del conflicto con la guerrilla. En pocas palabras, se abre la oportunidad de que el Eln pueda destapar sus cartas de voluntad política, en medio de las diferencias, para el diálogo y que la mesa de Quito recupere parte de la confianza que ha perdido entre los colombianos.