El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este jueves, al culminar el consejo de seguridad en La Guajira, a la situación de seguridad de los líderes sociales en el país y al alarmante número de asesinatos que se presentaron en los primeros días del 2019.0
Según el mandatario, de los 126 casos de asesinatos de líderes sociales que han sido esclarecidos por la Fiscalía, “un porcentaje significativo obedece a crímenes cometidos por el Clan del Golfo, Los Pelusos, el ELN, Los Caparrapos, entre otros”.
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“Nosotros estamos comprometidos con la protección. Hoy, más de 3.000 líderes tienen protección de la UNP, pero tenemos que garantizar no solamente que haya prevención, sino una sanción a los que están detrás de estos crímenes abominables”, dijo Duque.
En ese sentido, anuncio el fortalecimiento de los instrumentos de la Fuerza Pública para ubicar a los cabecillas de estos grupos armados organizados que están detrás de gran parte de las muertes de líderes sociales.
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“Vamos a fortalecer las herramientas de cooperación con la ciudadanía, para que nos permitan llegar a donde están esos culpables y que tengan una sanción severa. También vamos a fortalecer los instrumentos de denuncia y de reacción a las alertas tempranas, para que no se sigan presentando esos incidentes en el país”, concluyó el presidente.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
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La actual situación motivó que la entidad convocara para el próximo 21 de febrero a una audiencia defensorial para actualizar los escenarios de riesgo que enfrentan los líderes sociales y se revisará la respuesta por parte del Estado y el Gobierno Nacional para proteger la vida de estas personas.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.”, dijo Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo.