Lluvia de proyectos para endurecer las penas a violadores de menores

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Dos proyectos de acto legislativo para aprobar la cadena perpetua y uno de ley para aprobar la castración química a violadores de menores son los proyectos que llegan al Congreso, en la coyuntura del asesinato de Yuliana Samboní, ocurrido el fin de semana en Bogotá. (Vea el momento en que fue notificado de su captura Rafael Uribe Noguera, señalado del asesinato de Yuliana Samboní)

Uno de los primeros fue radicado, y por tercera vez, por el representante Efraín Torres, del partido de la U. La iniciativa pretende modificar el artículo 34 de la Constitución para suprimir la prohibición de la pena de prisión perpetua.

El documento entregado al Congreso también fue firmado por varios congresistas de diferentes partidos, como Martha Villalba, Padauí, Carlos Correa, Álvaro Rosado, Martha Curi, Sara Piedrahita, Alejandro Chacón y Fabio Amín. Las dos veces anteriores que fue presentado este mismo proyecto fue archivado por vencimiento de términos. (Lea: Familia Uribe Noguera le pide a Rafael asumir las consecuencias del crimen de Yuliana Samboní)

Dentro de la exposición de motivos para que se aprobaran los proyectos de acto legislativo, que ya habían sido presentados, Torres mencionaba numerosos casos como el de Luis Alfredo Garavito, el ‘monstruo de Cañaduzales’ o el ‘monstruo de los Andes.

Asimismo, Mauricio Lizcano, anunció que en la tarde de este martes se radica un proyecto con el nombre de Yuliana Samboní, que busca también la prisión perpetua para los abusadores de niños y niñas. (Lea también: Distrito, partidario de cadena perpetua para castigar crímenes como el de Yuliana)

“La indignación nacional tiene que hacer que este Congreso se movilice y apruebe este proyecto, por lo menos, en una primera fase en tiempo récord”, dijo Lizcano, y explicó que lo llevará a las comisiones primeras la próxima semana. No obstante, el período legislativo termina el próximo 16 de diciembre y las sesiones extras a las que convoque el presidente Santos están previstas para debatir reforma tributaria y ley de amnistía para las Farc.

Otro proyecto de ley presentado fue denominado “fast track judicial” para crímenes de menores. Lizcano explicó que la justicia se demora entre tres y cuatro años para resolver un delito contra un niño. “Con este proyecto de ley toda la etapa de investigación no podrá durar más de seis meses cuando esté involucrado un menor y habrá sanciones administrativas”, dijo.

Antes, la senadora Maritza Martínez había presentado un proyecto de ley con el objetivo de crear la pena de “inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química” para los violadores de menores.

“El país tiene que hacer algo porque no es posible que cada día 44 menores sean abusados sexualmente. Vamos a presentar este proyecto y les hemos pedido a todos los partidos que nos acompañen y nos han dicho que sí”, dijo Martínez el lunes.

Sin embargo, varios congresistas se han pronunciado al respecto, considerando que más que los tiempos de condenas, el problema reside en la eficacia de la justicia. Al tiempo, desde varios ámbitos se cuestiona la posibilidad de que cuenten con los tiempos de debates para su aprobación.

“Para nada sirve la cadena perpetua si a los delincuentes no los capturan ni los condenan. Sanciones severas sí, pero que se impongan”, publicó el senador Carlos Fernando Galán en su cuenta de Twitter.

“Enunciar penas más fuertes no garantiza justicia efectiva. Mano dura no es igual a mano inteligente”, señaló por su parte la congresista Ángela María Robledo.

En ese sentido, Angélica Lozano, representante por el Partido Alianza Verde, expone un panorama más amplia, al explica que en Colombia ya hay penas drásticas y altas, pero que el verdadero reto es que los operadores de justicia capturen, recauden pruebas y condenen.

“El problema no son las penas laxas. El hombre involucrado en este caso estaría enfrentando penas de 60 años, que si no tiene antecedentes le pueden quedar en 58 años”, indicó.

Agrega que propuestas como la cadena perpetua o la pena de muerte, en este momento en el que el dolor de la gente por el caso de Yuliana y otros reciente está a flote, puede sentar más fácil en los ciudadanos, pero que con lo que realmente hay que acabar es con las ventajas como la casa por cárcel, el abuso de la figura de la inimputabilidad y la manipulación de pruebas.

Para Robledo, algo más efectivo sería trabajar directamente con programas de educación sexual y desde las comisarías de familia para evitar la agresión sexual desde la casa y que los menores no se conviertan en víctimas.

“Hay que trabajar con psicólogos, con especialistas. Si vamos a tener una comisión de la verdad con el acuerdo, ¿cómo vamos a atender la verdad de violencia sexual para las familias? Eso tiene que ver con género, pero como aquí de género no se puede hablar…”, concluyó.

Radicados los nuevos proyectos, el deseo de muchos es que se hagan realidad y que no queden, como un acto motivado por la emoción y la oportunidad, sin debatir en los archivos del Congreso.