Como parte de la toma anticorrupción anunciada por el procurador Fernando Carrillo, y nueve días después de que lograr en Buenaventura un acuerdo con el Gobierno Nacional que puso fin a 22 días de paro cívico, la Procuraduría General de la Nación aseguró que en la ciudad se adelantan investigaciones en contra de altos funcionarios vinculados a presuntos actos de corrupción, irregularidades disciplinarias y, eventualmente, penales. (Lea: Buenaventura: el paro que se volvió tsunami)
Así lo dio a conocer este jueves el viceprocurador general, Juan Carlos Cortes González en una visita al puerto.
“Somos garantes del cumplimiento de los acuerdos que permitieron que el Gobierno Nacional y los líderes y la comunidad de Buenaventura suspendieran y levantaran la actividad de protesta en pasados días. Hoy, lo que hemos hecho es hacer un alance de los grandes compromisos existentes, de la agenda temática de los 8 grandes componentes del acuerdo, y hemos definido lo que será la hoja de ruta del acompañamiento de aquí en adelante”, dijo el funcionario.
De acuerdo con Cortes González, estos son los cinco casos de corrupción que se investigan en Buenaventura, y las razones por las que ahora están en la lupa de la Procuraduría:
1. Findeter: Por presuntas irregularidades en el proceso de selección y ejecución por parte en obras de acueducto y alcantarillado, todas relacionadas con el tanque de almacenamiento de Venecia y Escalarete.
2. Hospital de Buenaventura: Por posibles contratos no suscritos, pero que se ejecutaron en la administración del alcalde Bartolo Valencia Ramos, presidente de la junta directiva del hospital. El expediente está en práctica de pruebas.También, explicó el ente de control, se evalúan las denuncias del exgerente del hospital, Pedro Pablo Cortés, sobre presuntas presiones y exigencias del actual alcalde, Jorge Eliécer Arboleda, para nombrarlo en el cargo. Así mismo, se encuentra en averiguación, para la identificación de responsables, la deuda de más de $3.000 millones, por servicios de salud que no fueron cancelados.
3. PAE: Por la adjudicación y ejecución del contrato celebrado por la Alcaldía Distrital para el Programa de Alimentación Escolar y presuntas violaciones al régimen contractual.
4. Universidad del Pacífico: Por presuntas irregularidades en el proceso de designación del rector, la falta de modernización de la planta de personal, actuaciones del Consejo Superior Universitario e irregularidades en el área de talento humano y baja ejecución presupuestal.
5. Festival y reinado de Buenaventura: El Ministerio Público investiga el contrato firmado por la Alcaldía con Fundaser del Pacífico, por $4.750 millones, para la realización del Festival Litoral del Pacífico, incluida la elección de su reina.
Otro que está en la mira de la Procuraduría es el alcalde Bartolo Valencia Ramos, por la posible modificación de la nómina dentro del período de la ley de garantías y las irregularidades que impiden la construcción de la doble calzada a Buenaventura, en el tramo Quebrada Limones - Cisneros.