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La Procuraduría General de la Nación fue clara: si los candidatos al Congreso que, estando inhabilitados para participar de las elecciones de marzo, no se retiraron de las listas presentadas por los partidos políticos el pasado lunes 18 de diciembre, cuando venció el plazo para modificar las mismas, irían a la cárcel. La pena oscila entre los 4 y los 9 años de prisión, por lo que considera sería un evidente fraude electoral e, incluso, podría haber multas de más de $590 millones. Por eso, el primer llamado del Ministerio Público a los partidos que decidieron otorgar el aval a más de una veintena de aspirantes que estarían en esa condición fue el de revisar con lupa las listas que inscribieron si no quieren que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
En materia disciplinaria, por supuesto, también hay consecuencias, como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por no menos de 10 años y un largo listado de efectos judiciales y políticos al que no se querrán someter las distintas colectividades, y menos en tiempos en que todas prometen combatir la corrupción. Entonces, bajo ese panorama, sí sorprende la lista que fue puesta a consideración de los colombianos el pasado 11 de diciembre en la que fueron incluidos personajes sobre quienes, por ejemplo, se han emitido órdenes de captura, se han impuesto condenas por estafa agravada, multimillonarias multas por su dudoso proceder, prohibición para conducir e, incluso, penas por homicidio.
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El Espectador conoció la lista de los candidatos inhabilitados que en este momento reposa en manos de la Procuraduría y sobre los cuales ese organismo de control alertó para que se retiraran esta semana. Algunos lo hicieron, pero otros siguieron su curso y, pese a todo, se someterán al escrutinio de los colombianos en marzo del año entrante. Se trata de un documento de 24 páginas que recoge 20 casos y, aunque sin detallar la falta disciplinaria en la que estarían incursos, sí se indica que en todos los casos, sin excepción, se viola el numeral 1° del artículo 280 de la Ley 5ª, es decir, el reglamento del Congreso. Lo que señala dicho numeral es que quienes hayan sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, no podrán ser elegidos a cargos de elección popular.
En su mayoría, la colectividad que recogió esos nombres es Todos Somos Colombia, la cual tomó el mismo que el movimiento que lidera la aspirante presidencial Clara López, sin que ella fuera notificada por parte del Consejo Nacional Electoral, organismo que le habría otorgado dicho nombre al antiguo Ébano de Colombia, que en su momento lideró el excongresista sucreño Yahir Acuña. “Estoy totalmente sorprendida y consternada porque hemos venido acreditando el nombre desde nuestra convención nacional de junio, y nos están causando un perjuicio muy alto”, dijo a este diario la exministra López, tras afirmar que ella ya se había comunicado con el CNE hace algún tiempo, en donde le explicaron que la Fundación Ébano de Colombia había solicitado primero el cambio de nombre. “Hoy mismo iré a averiguar qué ocurrió y vamos a interponer los recursos necesarios”, afirmó.
Entre los casos más resonantes aparecen los nombres de Jorge Orlando Nieto González, Diego Fernando Ospina Marulanda, William Arturo, Luz Adriana Padilla González, José Ómar Murillo Angulo, Wílmar Hernán Reyes Arismendi y Raúl Antonio Narváez Macías. Este último, según el Ministerio Público, con un pasado judicial por homicidio y con una sanción que le prohíbe manejar.
También llama la atención el caso de la candidata Esther Manrique Becerra, avalada por el Partido de la U, pero que terminó por fuera de la lista el lunes de esta semana. ¿La razón? Se trata de una mujer procesada por las autoridades judiciales por estafa, falsedad en documento privado, uso de documento falso y fraude procesal. La pena le fue impuesta por el Juzgado 9 Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga (Santander), al parecer por haber vendido un lote que no era de su propiedad.
Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tampoco se queda atrás. Tiene a un candidato inhabilitado, sumado al largo listado de los cuestionados que mencionó la Fundación Paz y Reconciliación la semana pasada. Se trata, según la Procuraduría, de Ernesto Daza Sierra, cuya prohibición para aspirar a cargos públicos se ajusta a las inhabilidades especiales señaladas en el reglamento del Congreso, pese a que no se hace referencia concreta a su caso.
En la lista puesta a consideración por el movimiento político de los cristianos Colombia Justa-Libres está inhabilitado el pastor Luis Eduardo Barbosa Sánchez, sobre quien pesa una condena de 2017 por falsedad en documento público. Y a ella se añade otro candidato del Polo Democrático, José Benjamín Rodríguez Galindo; y de Opción Ciudadana los siguientes: Alejandro de Jesús Herrera Bustillo, Luz Estela Téllez Machado y Carlos Wilson Salazar Gutiérrez. Del Partido Somos, antiguo Partido Alas, se encuentran Luis Alberto Martínez Romero, Édgar Francisco Ávila Rojas, Henry Aristizábal Lago y Dania Soraya Pabón Taimbud, esta última procesada por estafa, en el municipio de Pasto (Nariño).
Finalmente, por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia fue calificado con inhabilidad especial por la Procuraduría Hinderman Pardo Velásquez; por la Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro (Afrosanpedro) está inhabilitado Cristian Zuluaga Mosquera, y por la Asociación Colombia Negra Huellas de Africanía en Paz, Martín Alonso Vega Soto.
Se trata, pues, de inhabilidades especiales halladas por la Procuraduría sobre los candidatos inscritos el pasado 11 de diciembre que les impiden postular sus nombres para que sean elegidos a cargos de elección popular. Y si bien hasta el lunes había plazo para modificar esos listados, lo cierto es que ese hecho sí deja en entredicho la seriedad con la que los partidos arrancan una labor sobre la que, se supone, no debería haber ningún manto de duda. En últimas, las personas que resulten elegidas el 11 de marzo de 2018 son las que terminarán ejerciendo la representación de los colombianos en una corporación cuya imagen negativa supera el 80 % e, incluso, es peor que la que hoy tiene la desarmada guerrilla de las Farc. Y poner este tipo de hechos en evidencia sólo refleja la necesidad de que las colectividades se pongan la camiseta para que, algún día, sean capaces de conformar la lista ideal.