El Senado de la República aprobó ayer la conciliación de la reforma de equilibrio de poderes, poniendo punto final a un “experimento” que, a la hora de los balances, se puede decir que le salió costoso a la democracia colombiana: la reelección presidencial inmediata. Según el gobierno del presidente Juan Manuel Santos –quien, por cierto, se hizo reelegir-- la eliminación de esta figura es la columna vertebral de la iniciativa, en el entendido de que a ella se debe el desbarajuste institucional que hoy vive el país. “Esto es para que no haya hombres todopoderosos en Colombia”, fue lo que dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Por eso, bien vale la pena mirar el reciente pasado para analizar qué le dejó la reelección presidencial inmediata a Colombia. Cuentan que fue el 20 de enero de 2004 que, saliendo de una reunión en la Casa de Nariño, la entonces embajadora en España, Noemí Sanín, habló por primera vez de reelegir o ampliarle el período al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Pocos días después, su asesor, Fabio Echeverri Correa, dijo que para ello sólo bastaba con cambiar “un articulito” de la Constitución de 1991, cuya postura siempre fue rotundamente antirreeleccionista.
A partir de entonces la idea cogió fuerza. Al fin y al cabo, Uribe cabalgaba en altos índices de popularidad y su discurso de la seguridad democrática había calado en una ciudadanía agotada por los desmanes de las Farc en la época de El Caguán. Inmerso, además, en un proceso de negociación con los grupos paramilitares, que sea como sea buscaba cerrar una de las muchas puertas de la violencia en el país, las clases empresarial y política —a excepción del Partido Liberal y el Polo Democrático— se unieron a la causa. En la noche del 30 de noviembre de 2004, la reelección fue aprobada por el Congreso. Y en octubre de 2005, la Corte Constitucional declaró exequible la reforma.
Se argumentó que ello permitía aplicar un enfoque más “democrático”, en la medida en que posibilitaba a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su primer mandatario y responsabilizarlo por su desempeño, premiándolo o castigándolo, según fuera el caso. Sin embargo, el paso de la iniciativa por el Legislativo dejó un lío jurídico cuyas consecuencias aún se sienten. Fue la llamada “yidispolítica”, cuando se acusó al gobierno Uribe de haber “comprado” su continuidad en el poder con dádivas a los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Un espiral de corrupción por el que recientemente fueron condenados los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez.
El segundo gobierno Uribe fue de polarización, parapolítica y choques con la Corte Suprema de Justicia. Se dio el escándalo por Agro Ingreso Seguro y el de las “chuzadas” del DAS, los más sonados. Pero más allá de eso y de la polarización política, fue la Carta de 1991 la que sufrió el golpe directo. Concebida para mandatos presidenciales de cuatro años, la continuidad de Uribe generó un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos entre las tres ramas del Poder Público. Así, en su segundo gobierno, el presidente tuvo la oportunidad de incidir directamente en la composición de un tercio de la Corte Constitucional, en la Junta Directiva del Banco de la República, del fiscal general, del procurador, del contralor y del defensor del Pueblo.
Para la muestra algunos botones: el artículo 239 de la Constitución señala que los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado para un período de ocho años, de ternas presentadas por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Durante su segundo mandato, Uribe incidió directamente en la composición de un tercio de ese tribunal, tras el vencimiento de los períodos de los magistrados Cepeda, Tafur y Monroy. Asimismo, siendo el encargado de ternar para fiscal ante la Corte Suprema, puso a Mario Iguarán en 2005 y en 2009 se vivió un choque institucional con ese alto tribunal, que siempre rechazó los postulados.
En cuanto al Banco de la República, su Junta Directiva está compuesta por siete miembros: cinco nombrados por el presidente, el gerente y el ministro de Hacienda. La Constituyente del 91 limitó la capacidad nominadora del jefe de Estado, de tal forma que éste sólo podía reemplazar a dos codirectores cada cuatro años, una vez transcurrida la mitad del mandato. El objetivo era evitar el control de la Junta por parte del Ejecutivo, buscando sustraer la política monetaria y cambiaria del vaivén electoral y de las prioridades gubernamentales. La reelección trajo consigo la posibilidad de que el presidente pudiera incidir indirectamente en el nombramiento de la totalidad de dicha Junta Directiva del Banco.
En conclusión, la reelección redujo la independencia de los organismos de control y, en parte, de las altas cortes de la justicia, concentrando el poder del primer mandatario. Eso sin contar que, la perspectiva de mantenerse en el poder hace que los gobiernos queden hipotecados a garantizar esa reelección, con la ventajas y desequilibrios que ello implica frente a garantías para la oposición. Desde entonces, y más cuando Uribe buscó un tercer mandato, se comenzó a hablar de caudillismo, autoritarismo y deterioro del Estado de Derecho.
Para el uribismo, la eliminación de la figura en el equilibrio de poderes no es más que una acción “revanchista”. “Dicen que la reelección hace que el Ejecutivo coopte las demás instituciones. Pero el presidente seguirá poniendo al próximo fiscal. Seguirá ternando a los miembros de la Corte Constitucional y la Contraloría seguirá siendo su cuota a través de sus bancadas, ahondando en la corrupción”, advierte el representante a la Cámara Edward Rodríguez, miembro del Centro Democrático.
Para la Unidad Nacional y el Gobierno, la reelección de Juan Manuel Santos sólo tuvo como objetivo darle continuidad al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba. Pero la eliminación de la reelección “va a significar que el país entienda que no puede quedarse esta democracia en unas muy pocas manos, permitirá la apertura de espacios democráticos, habrá alternación política y relevo generacional, y evitará la tentación de que quienes estén en el poder abusen de él indefinidamente para perpetuarse”, como dijo Cristo. Para razones, el tiempo.