En momentos en los que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) empieza su trámite en el Congreso de la República, con una ronda de audiencias públicas en seis ciudades (Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Neiva, Bogotá y Cali), la Conferencia Nacionalde Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), que reúne a más de 270 colectivos que representan a la población afro pone sobre la mesa una preocupación que no solo podría afectar el diseño de las políticas a favor de las comunidades que representan, sino que, en general, plantea dudas respecto a los datos que son la base de la que será la hoja de ruta del Gobierno Nacional para los próximo cuatro años.
El reclamo es concreto: lo que da a conocer la CNOA es que la información poblacional que se usó para la confección del PND fueron las proyecciones realizadas con base en el censo de 2005, es decir, datos de hace 13 años. La organización asegura que en septiembre de 2018 hizo una solicitud de resultados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad encargada de hacer el censo de 2018, previendo que habría cambio de gobierno y, en consecuencia, se tenía que presentar ante el Legislativo un nuevo Plan de Desarrollo. Como era de esperarse, por la cercanía a la ejecución de las encuestas en el territorio nacional, los datos eran una información que no estaba disponible.
Sin embargo, no deja de ser motivo para que las comunidades afros prendan las alarmas por lo que podría significar la construcción de estrategias afirmativas dirigidas a poblaciones que, con mucha posibilidad, han sido desplazadas de sus territorios como efecto de la violencia en varias zonas del país. “Nos preocupa muchísimo que este nuevo Plan de Desarrollo se haya hecho con proyecciones de un censo de más de 13 años y la encuesta de hogares de 2016, sobre todo porque es el primer plan que se formula después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Se supone que este documento debe ser la primera entrada para materializarlo y se está haciendo con proyecciones del censo de 2005”, explica Dora Vivanco, miembro del equipo técnico de la CNOA.
Las bases del actual proyecto de PND, un documento de más de 1.300 páginas, desarrollan el “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y rom”. En el literal D se introduce lo concerniente a comunidades afrodescendientes y, citando los datos del censo de 2005, argumenta que “la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera correspondía a 4’4311.757 personas, equivalente al 10,62 % del total de la población colombiana”. Ese es, precisamente, el motivo de alarma para la CNOA, pues expresa que, según los cálculos de estudios de universidades, la población afro hoy en día sería de alrededor del 25 % del total nacional. Para Vivanco, las políticas para la comunidad afro que se desprendan del PND “no contarían con la caracterización adecuada para que esa inversión llegue realmente a quienes la necesitan”.
A propósito, el representante a la Cámara Jhon Arley Murillo, que ocupa una de las curules para las negritudes en el Congreso, considera que, teniendo en cuenta el soporte técnico y estadístico con el que el Gobierno planteó las metas para las comunidades negras, “las propuestas no tendrían pertinencia porque los datos no están actualizados”. “Plantear políticas públicas para las comunidades negras sobre la base de cuatro millones y medio de habitantes es desacertado porque no va a cumplir con las necesidades de la población”, dijo el legislador.
El proyecto de PND contempla para las políticas públicas relacionadas con esta comunidad alrededor de $19 billones. La cifra propuesta por los representantes afros en el proceso de consulta previa era mayor, pero eso fue lo que se logró acordar. Por eso, otro de los retos es que, además de actualizar la base estadística con la información del más reciente censo, se haga un seguimiento efectivo de la inversión de esos recursos. Además, explica el congresista de la circunscripción de negritudes, ya se está trabajando en varias proposiciones para garantizar la participación de ciudadanos que se autorreconozcan como afros dentro del Estado y promover una política pública para el acceso a tierras.
Diego Dorado Hernández, subdirector general territorial de Planeación Nacional, explicó que para el planteamiento de las acciones acordadas con cada grupo étnico se usaron, por ejemplo, la encuesta de calidad de vida, censo nacional agropecuario y censo de población 2005. “Sin embargo, somos conscientes de que necesitamos contar con mejor información para focalizar mejor todas nuestras intervenciones, y por eso incluimos dentro del pacto una línea encaminada a mejorar y cualificar la información de los grupos étnicos, llamada ‘Invisibilidad estadística de los grupos étnicos’, que permitirá contar con información más fiel de estos grupos”, indicó.
En este sentido, aseguró que los datos que se incluyeron en las bases “serán sujetos a revisión oficial una vez sean emitidas las cifras certificadas del censo poblacional 2018 por parte del DANE, mediante el trámite del proyecto de ley de oficialización del mismo, tal como obliga la normatividad vigente”. ¿Se abre así la posibilidad de que se actualice todo el Plan de Desarrollo con la información del censo 2018, una vez sea aprobado por una comisión de expertos que garantice la calidad de la información? El Gobierno tiene la palabra.