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Al término de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, realizada este martes con el fin de tomar medidas frente a la ola de asesinatos de líderes y lideresas sociales alrededor del país, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que su cartera será la encargada de responder, especialmente, a las denuncias realizadas por parte del movimiento Colombia Humana.
La semana pasada, por ejemplo, Ana María Cortés, coordinadora de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Cáceres, Antioquia, fue víctima de homicidio. El lunes, Róbinson Piedrahíta, líder que promovió dicha candidatura en Tarazá, recibió un mensaje de texto con amenazas. “Es un plan de exterminio que está aprovechando el momento del empalme. Hay un gobierno que sale y que ya no le importa mucho lo que está pasando, y otro que entra y que no tiene responsabilidad”, insistió Jorge Rojas, quien lideró los esfuerzos de Petro para alcanzar la Presidencia, en entrevista con este diario.
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Según informó Rivera, será, entonces, “el Ministerio del Interior el encargado de interlocutar con la Colombia Humana y de establecer quiénes son los responsables de esa especie de persecución contra los líderes de ese movimiento político, conforme a la información que reciba. Será un canal directo para reaccionar rápidamente”.
En mi caso, estableceré con Colombia Humana un diálogo permanente y recibiré las quejas para reaccionar rápidamente y proteger a los líderes pic.twitter.com/wFYxFaSkuB
— Guillermo Rivera (@riveraguillermo) July 10, 2018
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“El señor presidente insistió que entre todos validemos el trabajo de verificación que en terreno hace la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque es un ente neutral que hace la verificación para establecer la condición de liderazgo de las personas involucradas en las denuncias”, comentó.
A su vez, comunicó se creará desde su cartera la Ventanilla Única, una línea gratuita y un canal vía correo electrónico a disposición de la ciudadanía para recibir todo tipo de información de parte de personas naturales y organizaciones sociales alrededor de las situaciones de riesgo de defensores de Derechos Humanos, y de esta manera evitar que, como ha sucedido, llegue antes la muerte que la respuesta de las autoridades.
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