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La Constitución de 1991 establecía como una de sus bases la creación de un estatuto en el que se garantizara la participación política de la oposición. Esta ley estaba proyectada para darle unos espacios a los que disintieran del Gobierno y tuvieran las suficientes garantías para ejercer su papel en la democracia del país.
A pesar de lo loable de este planteamiento, el país se resistió más de 27 años en aplicarlo. Solo con el proceso de paz con las Farc se logró sacar adelante esta deuda que se tenía con la Carta Magna. En la Habana se acordó la existencia del estatuto de oposición y a través del fast track se logró que el Congreso le diera su aval. Fueron 12 intentos fallidos para que el país tuviera este estatuto que entró en vigor hace dos años.
Justo en el segundo aniversario de la entrada en vigencia de esta figura en el ordenamiento colombiano, la Misión de Observación Electoral (MOE) celebró la importancia que ha tomado en la arena política y sugirió unas posibles reformas para afianzar su efectividad en un país caracterizado por el desbordado papel del gobierno de turno y su partido.
La primera sugerencia es cambiar los plazos para que partidos y movimientos se declaren en oposición. Actualmente se le da un mes desde la posesión presidencial para que las colectividades se declaren a favor del Gobierno, independientes o en franca oposición. Esto causa que en la primera legislatura los partidos en oposición puedan quedar sin representación en las mesas directivas de Senado y Cámara.
La propuesta de la MOE es que los partidos, que ya fueron escogidos en las elecciones legislativas de ese año, puedan hacer su declaración política justo cuando se sepa quién asumirá la presidencia. La aprobación de esta sugerencia es esencial para el segundo cambio pedido por la organización de veeduría electoral.
Normalmente el presidente saliente es el que tiene que dar el discurso de instalación del Congreso entrante, por lo que en ese momento los recién posesionados no ejercen el derecho a réplica. Por eso, la misión propone que los que se declaren en oposición antes del 20 de julio puedan ejercer el derecho a la intervención de 20 minutos, normalmente destina a la replica al presidente, para dar a conocer sus planteamientos.
La tercera sugerencia de la MOE evoca la situación vivida por la lista de los Decentes con la ASI y específicamente Jonatan Tamayo, más conocido como Manguito. Aunque ese partido se unió en una coalición con la UP, la Colombia Humana y MAIS en la lista de los Decentes y de esta manera garantizó la llegada de Manguito al Senado, se desmarcaron de la alianza apenas ocuparon su curul. Mientras que el resto de los partidos de la lista se declaró en oposición, la ASI se definió como independiente. Esta figura fue aprovechada por Tamayo para plegarse al gobierno y apoyarlo en sus iniciativas.
Los miembros de los Decentes llevaron este caso ante el Consejo de Estado por doble militancia, pero el alto tribunal administrativo desechó las exigencias pues la coalición no implica unidad de bancada. Frente a estas situaciones, la MOE pidió que se regule las coaliciones y se exija que “actúen en bancada en todos los escenarios”.
Según el ente, de esta forma se “garantiza que las organizaciones políticas coligadas realmente tengan una fuerte afinidad ideológica y no lleguen a los procesos electorales únicamente con fines electorales”. Bajo este principio, las coaliciones solo podrían hacer una única declaración política que afectaría por igual a todos sus miembros.
En cuarto lugar. La MOE pide que los grupos de significativos de ciudadanos cuyos candidatos queden en segundo lugar en elecciones para ocupar cargos de la rama ejecutiva pueda acceder a todos los derechos consagrados en el estatuto de oposición para los derrotados que hacen parte de un partido político. Entre esos derechos está ocupar una curul en la corporación pública coligada al cargo ejecutivo. Lo único que no podría recibir ese grupo de ciudadanos es la financiación adicional, que está destinada para fortalecer colectividades con personería.
Por otro lado, entre las sugerencias está reglamentar el acceso a los medios de comunicación locales que tiene la oposición regional. Actualmente en sus canales a nivel territorial son usados por el mandatario local, pero sus opositores no pueden usarlos para poder presentar su replica al mensaje.
Por último, la organización de veeduría pidió afianzar la seguridad para los que se declaren en oposición. Aunque actualmente existe un aparatado frente a este tema, las cifras apuntan a que es insuficiente. En los primeros 5 meses de 2020 se cometieron 54 actos violentos contra líderes políticos, de ellos, 10 fueron asesinatos.
“La MOE recuerda que es fundamental avanzar en ese sentido habida cuenta los niveles de violencia contra los diferentes liderazgos en diversas zonas del país. La oposición, debido a su condición de contradictor político requiere de medidas reforzadas de protección, de manera particular en el nivel territorial”, concluyó en su petición la Misión de Observación.