Los cinco candidatos presidenciales firmaron un pacto para proteger los derechos humanos, a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia. Usted que conoce las permanentes violaciones a esos derechos y la persecución a los líderes sociales, ¿cree que esa loable iniciativa sirve o es sólo un saludo a la bandera?
Es importante que cualquiera de los candidatos que asuma la jefatura del Estado haga público ese compromiso para que los ciudadanos y los organismos de control podamos exigir el cumplimiento de la palabra empeñada. Con independencia del partido político al que pertenezca, el próximo presidente de la República tendrá la obligación de reconciliar a los colombianos, tarea que pasa por recomponer el tejido social roto por un conflicto de más de 50 años, en que defensores de derechos humanos y líderes sociales tienen un rol primordial. Evitar sus asesinatos es un imperativo ético, moral, jurídico y democrático. Y evitar su estigmatización, un deber de toda la sociedad.
Eso no va a pasar, defensor. Claramente, hay al menos dos candidatos a quienes la defensa de los derechos humanos les parece un asunto de “mamertos”, como les dicen despectivamente a quienes se dedican a esa tarea.
Como usted dice, en Colombia se estigmatiza con el término “mamerto” y con otras formas más riesgosas a quienes defienden los derechos humanos. Por eso insisto en que un trabajo prioritario que debe desarrollar el próximo jefe de Estado es el de acabar la estigmatización social contra los defensores de derechos, labor que es hondamente respetada en otras sociedades.
Pienso que oficinas como la del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la suya son necesarias, desde luego, para llamar la atención pública sobre estos casos, pero que no son funcionales. O, dicho de una manera más franca –y me disculpa–, que no sirven o sirven muy poco: pueden recomendar pero no ordenar. ¿Ha sentido la impotencia de su actual cargo?
Cuando me insinúan que la Defensoría del Pueblo no tiene dientes, les contesto que eso no significa que no pueda morder. Contamos con la magistratura moral o con la magistratura de la persuasión. Nuestra presencia en los lugares más lejanos y vulnerables del territorio nacional –puesto que llegamos a donde ninguna otra institución lo hace–, sumada a la credibilidad y confianza de los ciudadanos, nos permite recomendar y, después, movilizar la respuesta estatal. Parte de nuestro trabajo se ejecuta mediante el mecanismo de alertas tempranas con la información que levantamos: visibilizamos la problemática de violación de derechos para que las autoridades actúen y eviten que los riesgos se materialicen. Hoy, y como consecuencia de lo pactado en el Acuerdo de Paz, las alertas de la Defensoría se emiten autónomamente y deben ser atendidas de inmediato por el Gobierno Nacional.
Hablando de derechos de los votantes, usted ha emitido un informe en el que afirma que 287 municipios están en peligro de sufrir amenazas o algún tipo de constreñimiento. ¿Cuáles son los síntomas que notó la Defensoría para lanzar esas alertas?
Tres: la presencia de actores armados ilegales, la ocurrencia de hechos violentos que puedan afectar la jornada electoral y la capacidad de las instituciones para repelerlos. Esa alerta de febrero brinda insumos a las autoridades. Nuestra principal preocupación es que los electores pudieran acudir a la cita con la democracia en forma libre, espontánea y pacífica. Asimismo, que los ciudadanos que aspiran legítimamente a ocupar cargos de elección popular lo hagan sin que su derecho a la vida e integridad personal se vean afectados. Debo precisar que en la jornada electoral del mes de marzo no se materializaron los riesgos advertidos, lo cual es una excelente noticia.
Firmado el Acuerdo de Paz con las Farc e iniciado un proceso de negociación con el Eln, supondría uno que las amenazas al elector disminuyeron. ¿Cuáles grupos están actuando ahora para impedir que la gente vote?
La entidad identificó, en su momento, que los grupos que se rearmaron después de la desmovilización de las Auc podrían incidir en la región Caribe, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Guaviare. Las disidencias de las Farc-EP han atacado a exintegrantes de esa misma guerrilla y han restringido a las comunidades que realizan proselitismo a favor del nuevo partido FARC en Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Antioquia. El Eln en todas sus zonas de influencia. Y en cuanto al Epl, en zonas de Norte de Santander, en donde han promovido la “abstención activa.
¿Afirma que las disidencias de las Farc han atacado a exintegrantes de las mismas Farc, es decir, a sus antiguos compañeros, cuando estos intentan hacer proselitismo político legal?
Sí. Uno de los casos más sonados es el de Peque (Antioquia): dos miembros de las Farc en desmovilización asistieron a una reunión para promover candidatos al Congreso de su partido, Fuerza Alternativa. Cuando salieron del municipio fueron asesinados. Según se informó, no solicitaron acompañamiento ni esquemas de seguridad. Luego se supo que quienes los atacaron fueron sus excompañeros, disidentes de la misma guerrilla (ver información adicional en la parte superior de la página).
Cambiando de tema, recientemente la Procuraduría y su entidad denunciaron la existencia de “casas de pique” en Tumaco, pero el Gobierno Nacional, en cabeza del vicepresidente y del Ejército, las desmintieron. ¿Hay o no lugares en donde se ejecuta a personas determinadas y se desmembra sus cuerpos?
Tal como lo dijimos en nuestra alerta temprana del 6 de mayo, se presume de la existencia de las mal llamadas casas de pique en algunos barrios de Tumaco. Al escuchar la denuncia de la Procuraduría en la mesa regional, tres días antes, la Defensoría hizo un trabajo inmediato de reconocimiento en la zona y recibimos la información de que en los barrios El Bajito (sector La Punta), Nuevo Milenio, Brisas del Aeropuerto y en los sectores de La Florida y Libertadores existiría este fenómeno.
Insisto, el Ejecutivo ha desmentido esa información y usted mismo habla en modo condicional. ¿Se trata de una negación de la realidad por estrategia política o ustedes –incluida la Procuraduría– se apresuraron a dar por cierta una información sin consultar pruebas?
Si la Defensoría del Pueblo dice que hay casas de pique, hay casas de pique. ¿Por qué lo afirmo? Porque nosotros integramos la única entidad del Estado que tiene información directa de la ciudadanía debido a una razón específica: la confianza que generamos tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y aún en poblaciones tan conflictivas como Tumaco. Pedir pruebas abiertas, como usted sugiere, es casi imposible, porque significaría exponer a un peligro inmenso a quienes nos revelan este tipo de situaciones.
Se han recibido reclamaciones por supuestas violaciones a los derechos de movilidad y libertad de los habitantes de los alrededores de Tumaco por parte del Ejército de Colombia y del Ecuador, cuyos efectivos estarían ingresando al territorio nacional durante sus operativos contra alias “Guacho”. ¿Su oficina ha podido probar o descartar esos hechos?
Antes de la muerte de los periodistas ecuatorianos, las Defensorías de Colombia y Ecuador realizaron labores para buscar su liberación. Lamentablemente no pudimos lograrla. Hubo cambio de defensor en Ecuador, pero el trabajo conjunto siguió y no ha abandonado la región en donde opera alias Guacho. Si hubiéramos detectado alguna violación de derechos por parte de las Fuerzas Militares, la habríamos denunciado públicamente.
Qué pena, pero no me respondió: ¿efectivos militares ecuatorianos están operando en territorio colombiano?
No tenemos ninguna denuncia de colombianos que se hayan visto afectados por efectivos ecuatorianos en nuestro territorio. Lo que está sucediendo con Guacho y con David, reemplazo de alias Don Y, es la degradación profunda de la antigua guerra porque estos individuos no tienen jefes ni jerarquización y actúan por sí mismos con las bandas del narcotráfico que los siguen. Hay que hacerles un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía por el trabajo de control que están realizando en condiciones muy difíciles en esa región. Muy pocos lo admiten, pero sin la presencia oficial, la zona se encontraría en una situación mucho peor.
Hace un par de años la Defensoría publicó otro informe con relación a casas de pique en Buenaventura. La situación en Tumaco, ¿es idéntica a la del puerto vallecaucano?
En general, todo el andén Pacífico –desde Chocó hasta Nariño incluidos los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay (Cauca) y Litoral del San Juan (Chocó), entre otros– sufre el drama asociado al narcotráfico, con un resultado poco alentador por la ausencia del Estado. Aprovecho su pregunta para rechazar una vez más lo sucedido el pasado 5 de mayo con una comisión de la Defensoría del Pueblo en el río Naya, donde fue asaltada por un grupo armado ilegal que secuestró a Iber Angulo Zamora, defensor de derechos humanos y líder social. También repudiamos el hecho de que nuestra sede regional Pacífico haya sido objeto de una amenaza representada en una bala arrojada por debajo de la puerta.
Es cierto: esos hechos son gravísimos porque implica que esas bandas que antes tenían ciertos límites mínimos, aunque fueran escasos, ahora ni siquiera respetan a los delegados humanitarios, que no tienen color militar o político. ¿Cómo secuestraron al líder social Iber Angulo?
Días antes de lo ocurrido, el consejo comunitario del Naya había solicitado que una entidad defensora de derechos diera la posibilidad de acompañar, en su salida de la zona, a los hermanos Angulo. Coordinamos una misión con todos los protocolos internacionales del derecho internacional humanitario, incluidas las identificaciones claras y a la vista. Veinte minutos después de recogerlos en una lancha fuimos abordados por un grupo de hombres que llevaban armas de largo y corto alcance. Nos dejaron avanzar, pero más adelante el mismo grupo, ya muy agresivo y de manera intimidatoria, preguntó quién era Iber Angulo y nos lo arrebataron. Antes habían hecho lo mismo con hermanos de la misma familia. A la fecha no sabemos qué pasó con ellos.
¿Es usual que hechos criminales como este le ocurran a la Defensoría del Pueblo?
No. Todo es grave en este incidente, pero lo más delicado es que nunca, durante la existencia de la Defensoría, una de nuestras misiones había sido atacada, a pesar de las zonas difíciles que penetramos. A los grupos armados ilegales les hacemos saber que el derecho internacional humanitario debe ser respetado en todo tiempo y lugar, para asegurar garantías mínimas en la confrontación, y que casi todos sus similares en el mundo se cuidan de afectar las misiones con estas características por las consecuencias que derivan para sus integrantes en donde quiera que se encuentren, e incluso debido a que esas misiones podrían servir algún día a sus propios miembros. Por eso, organismos como las propias Naciones Unidas y ONG como Human Rights Watch dieron su voz de alarma ante el caso Angulo.
Una pregunta que no puedo dejar de formularle como Defensor del Pueblo: en las zonas rurales que recorren sus funcionarios, ¿se ha notado el cambio en la vida de los pobladores después del Acuerdo de Paz?
Mi período comenzó pocos días antes de la firma del Acuerdo de Paz. Empecé a recorrer el país y a constatar personalmente cuál era el clima con que las comunidades iban a recibir el Acuerdo. Y créame que por donde iba se sentía la esperanza que despertaba, no sólo el hecho de desarmar a la guerrilla más grande de Colombia, sino que llegara el Estado. Después del plebiscito y de los ires y venires para empezar la fase de implementación, parte de esa sensación se fue morigerando. Pero le puedo afirmar, sin duda, que no hay un lugar en la Colombia rural en donde no se reconozca la importancia de haber retirado más de 7.000 armas de la guerra. Acabar con un conflicto de medio siglo lleva tiempo, frustraciones y decepciones. No obstante, las vidas que se han conservado, las víctimas que le robamos a ese registro de casi 8’700.000 producto de la guerra, son suficientes. Sólo por eso, el Acuerdo valió la pena.
Si lo pusieran ante un tribunal de la verdad, ¿usted sería testigo a favor del proceso que se está adelantando? Pregunto, de nuevo, porque varios candidatos, sus seguidores y muchos comentaristas de los medios parecen creer que nada importante ocurrió con el Acuerdo y en cambio lo critican y lo quieren terminar…
Como defensor del Pueblo que ha recorrido este país de cabo a rabo desde septiembre de 2016, doy fe de que el Acuerdo de Paz ha sido benéfico para Colombia.
“A los votantes con quejas: busquen nuestra chaqueta azul”
El candidato Petro, en particular, y otros personajes cercanos al Consejo Nacional Electoral han dado voces de alarma por presuntas fallas en el software de recepción y transmisión de datos, y también en la selección de jurados ¿Tiene su oficina datos que confirmen o desvirtúen estas sospechas?
No tenemos información directa. En la Comisión de Garantías Electorales escuchamos a los representantes de los cinco candidatos. Todos expusieron sus inquietudes y me parece que sus dudas fueron absueltas, en particular en cuanto al software se refiere porque todos podrán ejercer vigilancia sobre ese proceso. No creo que vaya a haber sobresaltos. La Defensoría despliega hoy a mil 400 funcionarios y a través de ellos estaremos atentos a que no haya ningún desafuero.
Suponga que uno de sus funcionarios ve algo irregular ¿Qué puede hacer más allá de dar una voz de advertencia?
Cualquier funcionario de la Defensoría que vea o conozca alguna irregularidad, inmediatamente activa una ruta metodológica que tenemos prevista para trasladar la denuncia al puesto de mando unificado del ministerio del Interior en donde se van a tramitar todas las quejas. Les pedimos a los ciudadanos que requieran apoyo institucional que busquen la chaqueta azul que nos identifica para solicitar la ayuda que requiera.
Asesinados por sus antiguos compañeros
Reintegrados de las Farc que estaban ejerciendo su derecho al voto y a hacer proselitismo electoral fueron asesinados por sus excompañeros de guerrilla, los llamados disidentes, o por guerrilleros de otras agrupaciones aprovechando su ubicación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorpación (ETCR) pactados como zonas especiales para ejercer su tránsito a la legalidad. Según datos en poder de la Defensoría del Pueblo, el pasado 25 de enero, en el ETCR de la vereda La Florida, resguardo indígena de El Sande, desconocidos se llevaron a tres miembros del partido político de las Farc que se habían acogido al Acuerdo de Paz. Después de las alertas emitidas por la Defensoría se inició su búsqueda pero el 13 de febrero la Fiscalía confirmó el hallazgo de los cadáveres. En febrero, un excombatiente de las Farc fue atacado con arma de fuego en la vereda Filipinas, Arauquita, también Espacio Territorial. El hecho criminal fue cometido por un disidente de las mismas Farc. El 7 de mayo, el exjefe del Décimo Frente de las Farc, Juan Vicente Carvajal, alias “Misael” que se había acogido a la JEP, fue asesinado en la vereda Galaxias, también de Arauquitas. Y alias “el doctor”, hermano de un excombatiente de esa guerrilla, fue asesinado en Cañas Bravas.