El 16 de agosto pasado, el país amaneció con la noticia del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño). Una masacre. En la tarde de ese domingo, el presidente Iván Duque, en su habitual programa de seguimiento a la pandemia, rechazó el acto violento, explicó sus posibles causas y entregó cifras de su gobierno en reducción de cultivos de uso ilícito y en el descenso de los homicidios. “Cerramos el 2019 con una de las tres tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años (…) esta tendencia muestra que seguimos a la baja y tenemos que perseverar. Por supuesto, hay hechos que golpean la percepción de seguridad”, dijo.
Para muchos no pasó desapercibido que el primer mandatario respondiera en una intervención pública, luego de dos masacres (cinco niños habían sido asesinados también en Cali), con un balance de cifras. El martes, la agenda del presidente generó una mayor incomodidad, que se vio reflejada en los comentarios en Twitter, al priorizar un evento en el aeropuerto de Rionegro para recibir el primer avión tras la puesta en marcha del plan de reactivación de conectividad aérea. Finalmente, la presencia física de Duque en Nariño, uno de los epicentros de la violencia de los últimos días, quedó para el sábado pasado. Llegó a una reunión con los familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde, en la capital vallecaucana, y luego partió hacia Samaniego y Chachagüí.
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Nos duelen los muertos que deja la violencia producto de narcotráfico y terrorismo. Entre 2010 y 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. pic.twitter.com/r4kA3ComdT
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 22, 2020
Un trino del presidente en el que comparaba cifras de masacres de los ochos años del gobierno de Juan Manuel Santos y los dos suyos volvió a encender el debate, discusión que fue mayor cuando, en discursos similares, Duque y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, coincidieron en decir que las masacres no eran nuevas, sino que venían de años atrás. Una obviedad que tenía la intención de responder a quienes han manifestado que estos hechos de violencia han regresado durante su gobierno. “No es que los homicidios colectivos hayan vuelto, es que no se han ido”, dijo Duque desde Chachagüí.
En esa línea se ha mantenido el discurso gubernamental luego de las recientes matanzas. Y si bien hay elementos de verdad en lo que han dicho Duque y su mindefensa, hay cuestionamientos sobre si entregar cifras, ponerle espejo retrovisor al Acuerdo de Paz o llamar “homicidios colectivos” a las masacres, porque ese es el “nombre preciso”, es lo que las víctimas necesitan escuchar.
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“La respuesta ha sido desacertada. Evidencia cierta desconexión y falta de empatía, pero lo realmente preocupante es que parecería no haber otra respuesta”, comenta Iván Garzón, docente de la Universidad de la Sabana, quien considera que, más allá de la solidaridad, lo que la ciudadanía espera de un primer mandatario es que garantice la seguridad y la presencia estatal, como parte de una respuesta efectiva. “¿Cuál es la estrategia para afrontar esta escalada de la violencia en el país?”, cuestiona Garzón.
Para Patricia Muñoz, directora del programa de Gobierno de la Universidad Javeriana, el presidente acude a situaciones ya conocidas para explicar los hechos de violencia, pero también se encuentra con un sector de la población que indaga sobre por qué no se tiene presente la exigencia de implementación del Acuerdo de Paz, que tiene un componente de inversión social y alternativas económicas, y de formación para los ciudadanos. “No podemos decir que estos hechos comienzan con este gobierno, pero hay unos compromisos que el Estado adquirió a través de la firma del Acuerdo”, recuerda Muñoz.
Sobre este asunto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), considera que el debate no se debe centrar en discursos, sino en exigir efectividad en las investigaciones. “Los responsables de las masacres son quienes las cometieron. Otro problema es si el Gobierno acierta en su función. Su responsabilidad es la de no tener una política que prevenga las masacres. Hay que reconocer que el presidente fue a ver a las víctimas en Cali y Nariño, y eso no lo había hecho antes”, comenta.
Al reducir el período, se aprecia mejor el punto de quiebre, al alza: diciembre 2017; para entonces habían casi desaparecido las masacres como tipo de violencia armada. Se vé mejor el pico de las de esta semana. No estábamos listos para el pos conflicto. pic.twitter.com/Dnchxw8q18
— Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) August 23, 2020
Sin embargo, advierte que si bien el presidente ha hecho publicaciones desafortunadas, como la comparación de cifras entre el gobierno Santos y el suyo, no es un tema relevante, como tampoco lo es el hecho de que llame “homicidios colectivos” a las masacres: “Ese término se empezó a utilizar desde 1998, desde el gobierno de Pastrana. Es un eufemismo que utilizaron los gobiernos anteriores”.
De hecho, en la sesión de la Comisión de Paz del Senado, que se realizó el sábado en el barrio Llano Verde, de Cali, hablaron las víctimas y parecen tener muy claro que la violencia nunca se ha ido de sus calles y que es algo que nadie tiene que ir a repetirles, porque lo viven en carne propia constantemente. Al contrario, sus peticiones son puntuales: que no se use su dolor para hacer política y que haya una reparación directa por parte del Estado para convertir los sitios de las masacres en lugares de vida. Como lo dijo Humberto de la Calle en su columna del domingo en El Espectador: “La estadística tapa el horror. Treinta y tres masacres en los últimos meses muestran que el asunto no es de cifras”.