El debate sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Senado de la República se está disputando no en el terreno de los argumentos, sino en el campo estratégico del desgaste del oponente. La muestra fue que a la discusión de la semana pasada, que duró cuatro horas para definir el orden del día, le siguió la sesión de ayer de ocho horas y nunca se inició la discusión sobre el fondo de los reparos a la norma.
El debate estaba citado para las 11:00 de la mañana, pero el presidente del Senado, Ernesto Macías, la aplazó sin razón para las 12:30 de la tarde y, al final, solo hasta la 1:30 empezó formalmente la sesión. Primero se abordaron los impedimentos. Cerca de 16 senadores consideraron que incurrirían en un conflicto de intereses si participaban en el debate. Uno por uno fueron resueltos los casos por la plenaria de la corporación y, no siendo suficiente, por recursos interpuestos por congresistas del Centro Democrático se repitió en tres ocasiones todo el procedimiento alegando que podría viciarse el trámite.
Al final solo se aceptaron 13 que tendrán que ser descontados del quórum y, por lo tanto, de la mayoría requerida. A partir de ese momento se inició un pulso agotador para congresistas y espectadores. El senador Macías recusó a Iván Cepeda, del Polo Democrático, porque su esposa es contratista de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y con un argumento extraño quiso sacarlo del debate. El congresista uribista sostuvo que Cepeda estaba impedido porque había emitido opiniones previo al debate de las objeciones.
En defensa del parlamentario reaccionó el senador de la U Roy Barreras, quien consideró que estaban impedidos para votar el propio Macías por haber interpuesto una tutela contra la votación de la Cámara de Representantes, en donde se hundieron las objeciones. Y recusó al expresidente Álvaro Uribe por haber sido el vocero del No en la renegociación del Acuerdo de Paz en 2016. Desde la curul de Paloma Valencia vino la reacción contra Barreras, a quien, a su vez, le cuestionaron su participación en el debate por haber fungido como negociador de paz en los diálogos de La Habana.
Esta situación provocó un alud de intervenciones a favor y en contra de las distintas recusaciones. De un lado, los defensores del Acuerdo acusaban al Gobierno y, especialmente, a los miembros del Centro Democrático de dilatar la votación por miedo a la derrota. Del otro, el uribismo sostenía que el debate debía llevarse a cabo con calma, y detalle por detalle, ya que lo que estaba en juego con esta ley estatutaria era el futuro de la paz y la cooperación internacional de Colombia en materia judicial.
Entre intervención e intervención, los parlamentarios de los dos bandos aprovechaban para ofender a sus contradictores y con frases propias del macartismo, descalificar el argumento del contrario. En eso se fueron las horas, y sobre las 9:00 de la noche la senadora del Partido Conservador Myriam Alicia Paredes introdujo una proposición para levantar la sesión hasta tanto la Comisión de Ética resolviera las recusaciones de siete parlamentarios. La propuesta fue respaldada por el senador de la Alianza Verde Iván Marulanda, quien solicitó que se considerara la suficiente ilustración. El recurso fue votado y la mayoría estuvo de acuerdo con aplazar para hoy la decisión final sobre la JEP.