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La avalancha de decretos durante la primera parte de la pandemia no ha tenido mayor control político por parte del Congreso. De los más de 160 decretos, el Senado solo le pudo hacer un debate de control político a uno de ellos, el que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). El resto no ha pasado por el escrutinio del Legislativo y por eso no está del todo claro el destino de los recursos para atender la emergencia.
Debido a este panorama, los miembros de la oposición convocaron a una rueda de prensa para exigirle al gobierno claridad frente a los recursos que han sido destinados para atender el coronavirus. Uno de los que lideró la sesión informativa fue el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, que aseguró que el gobierno no ha dicho “toda la verdad” frente a la destinación de los recursos.
“El Gobierno no presentó información detallada sobre las medidas adoptadas frente a la situación sanitaria, social y económica durante el Estado de Emergencia”, declaró Cepeda, que también aseguró que el gobierno le hizo un quiebre a la ley al adoptar medidas de orden público a través de decretos ordinarios. La razón de este comentario es que el presidente Iván Duque no usó la emergencia económica y social para emitir los decretos relacionados con el orden público, lo que hizo que el Congreso no pudiera revisarlos de forma automática.
“Estamos asistiendo a un golpe legislativo contra el ordenamiento constitucional y legal del país a través de 120 decretos con los que se ha transformado asuntos fundamentales sin que se pueda ejercer un control político. Esto lleva a un Estado de Excepción que se eterniza y a un Gobierno y un régimen profundamente autoritarios”, concluyó Cepeda.
En esta misma línea siguió su compañero de partido Jorge Enrique Robledo. El senador aseguró que un país es democrático porque elige un Congreso, no porque pueda escoger al presidente. De esta forma, Robledo advirtió que el gobierno estaba imponiendo una tiranía pues “despojó” al Congreso de su labor legislativa al legislar a través de decretos sin que hubiera mayor control.
“Al Congreso le queda la vigilancia, pero ese derecho nos ha sido recortado. Me corresponde llamar a los organismos de control a que vigilen el gasto, a dónde se fue la plata que el gobierno menciona”, señaló el senador Robledo, que le pidió a la Contraloría que no solo mire los actos de corrupción con los recursos sino “la eficacia del gasto”.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, también intervino en la rueda de prensa y denunció que la pandemia podía hacer del gasto público “una verdadera piñata”. Además, advirtió que el decreto 811 habilita a vender sin el permiso del Congreso los bienes de la nación, incluyendo las 18 empresas estatales que tienen actividades conexas con el sector y financiero y hacen parte del holding financiero Bicentenario.
El senador Luis Fernando Velasco también entró a hablar del decreto 811: “El gobierno se auto habilita para vender las empresas que tiene participación el Estado. ¿Qué tiburón está detrás de Cenit y Ecopetrol? Es una decisión antidemocrática”. Dada a estas implicaciones, Velasco pidió derogar el decreto 811, tal como lo exigió el Congreso. Pero, según el senador, el gobierno no ha tenido la disposición de responderle a la cámara alta.
Iván Marulanda fue otro de los intervinientes, aunque este se fue más por la incapacidad del gobierno para brindarle soporte a la población sin empleo o independiente mientras la cuarentena. “Es una obligación del Estado de proteger a la población”, agregó Marulanda, que insistió en la renta básica como la única solución para la contingencia económica causada por el coronavirus: “seguimos trabajando en el Congreso para que se emita una ley de renta básica de emergencia”.
Por la Unión Patriótica intervino Aida Avella. Esta buscó hablar de la situación de las personas que están atendiendo la pandemia. “Hay que darles la seguridad a los profesionales de la salud”, señaló Avella. En esta misma línea advirtió que en varias zonas del país han tenido que comprar sus implementos de bioseguridad y que la pandemia a develado que se debe formalizar sus contratos frente a una tercerización y prestación de servicios creciente. “La ley 100 debe ser cambiada ante la pauperización de la Salud”, concluyó la senadora.
El último en hablar fue el senador Roy Barreras: “Los colombianos tienen derecho a saber de la feria de 117 billones que hipoteca el presente y el futuro de la nación que han ido a parar a los intermediarios financieros”. El congresista de la U hizo referencia así a los recursos del FOME, que contemplan incluso ser entregados al sector financiero ante posibles crisis de este.
“Nos preguntamos a dónde se fue la plata de la emergencia. Hay caos y confusión frente a los recursos de la emergencia”, declaró el senador y médico, que aseveró que la poca claridad en las cifras los ha llevado a “pedirle al contralor a que revele si tiene información clara de los dineros de la emergencia”.
Asimismo, el senador calificó de mentirosas las declaraciones del director del DAPRE, Diego Molano, que aseguró que se han invertido $6,8 billones a la salud durante la emergencia. De acuerdo con las denuncias hechas por Barreras, gran parte de ese dinero, $5,7 billones, fuer a parar a las EPS y no a los hospitales, que eran los que lo necesitaban para atender la contingencia. Además, aseguró que el dinero de la emergencia no ha sido destinado a los centros asistenciales, sino que los recursos que han entrado a estos hace parte de la ley de punto final, que ordenó al gobierno ponerse al día con la millonarias deudas que tienen con los hospitales.