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Advirtiendo que, en el marco de la pandemia por el coronavirus, el presidente Iván Duque supuestamente está “limitando la actuación del Congreso”, este miércoles desde el propio Parlamento fue entutelado el jefe de Estado, alegando que está violando los derechos al debido proceso, el deber de control político y el principio de democracia participativa.
El recurso fue interpuesto por el senador Alexander López (Polo Democrático), en compañía de miembros de bancadas de oposición como Alianza Verde, FARC o Coalición Decentes, quienes reclaman que sus derechos fueron amenazados por el primer mandatario quien a la fecha no habría entregado al Congreso el informe motivado sobre las causas que determinaron el Estado de emergencia derivada de la COVID-19.
López aseguró que, después de la declaratoria del Estado de emergencia el pasado 17 de marzo, el presidente tenía que enviar un informe “inmediato y motivado” sobre sus causas y las medidas adoptadas, según lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “situación que hasta la fecha no ha sucedido”. Dicha solicitud, agregó, fue elevada el pasado 22 de abril por parte de varios congresistas.
“El no envío del Informe por parte del Gobierno Nacional es una clara vulneración al principio democrático, y de manera inmediata establece una limitación al Congreso de la República, por cuanto en los estados de excepción los Senadores y representantes a la Cámara cumplimos una función de contrapeso al poder ampliado que adquiere el presidente”, manifestó el senador.
El parlamentario sostuvo además que, por cuenta de la declaratoria, se pretende que en el Congreso se adelante un debate sobre la problemática específica que originó el Estado de excepción, “con el objeto de ventilar públicamente responsabilidades, examinar sus causas, estudiar las diferentes alternativas de acción y promover hacia el futuro los cambios y medidas que se juzguen más convenientes”.
Para López, el presidente Duque no está actuando conforme al principio de legalidad y su omisión puede ser considerada como una actuación “arbitraria y caprichosa, que desconoce la división de poderes, las garantías del Estado Social de Derecho, el principio democrático y el principio del debido proceso”, precisó.