Pacto por la Implementación

Por Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde

Quien lo creyera. Han quedado del mismo lado el núcleo duro del uribismo y el grupo reincidente de Iván Márquez y compañía. Más demoró Márquez en anunciar destempladamente el inicio de "la segunda Marquetalia" y la ruptura de su compromiso y el de sus acompañantes con el Acuerdo de Paz (ayudado a diseñar y firmado por él), que el expresidente y senador Álvaro Uribe y otros rabiosos uribistas en expedir partida de defunción al Pacto de Paz y solicitar su desmonte.

El grupo de reincidentes ha dicho que ese no es el Acuerdo original: que los pronunciamientos posteriores del Congreso de la República y de la Corte Constitucional lo desnaturalizaron, le quitaron alas al propósito de "paz con justicia social"; que los incumplimientos del Estado al Acuerdo en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos o protección a la vida de excombatientes, son otro argumento poderoso para renunciar al pacto de paz y retomar las armas. Y rematan con acudir al sonsonete fetichista de una constituyente. 

Paradójicamente una constituyente es la misma conclusión del uribismo. Quieren también desmontar la Constitución y el Acuerdo de Paz, animados por el inocultable propósito de atajar los cambios que ambos prometen y preservar privilegios de las élites pre modernas y violentas que representan. Alegan las mismas falacias que usaron para oponerse al proceso de paz, insistiendo en una supuesta capitulación del Estado frente a la guerrilla. El propio presidente Iván Duque tuvo al inicio de su mandato la desfachatez de dudar en cumplir el Acuerdo con el peregrino argumento de no haberlo firmado. Y ahora utilizan el pronunciamiento de Márquez y la existencia de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC para devaluar el Acuerdo.

Las equivocaciones de ambos extremos saltan a la vista. Equivocaciones que podrían ser toleradas en el debate público sino fuera porque nos pueden condenar a un nuevo y más degradado ciclo de violencia.

Que los acuerdos de paz con las antiguas guerrillas o grupos armados de naturaleza política hayan sido traicionados desde sectores del establecimiento no es ninguna novedad. Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros liberales en trance de paz fueron asesinados después de su desarme a mediados del siglo pasado. Carlos Pizarro León Gómez, ex comandante y ex candidato presidencial del M-19 fue asesinado 46 días después de haber firmado La Paz. Enrique Buendía, negociador de la Corriente de Renovación Socialista, fue asesinado en medio de las negociaciones de paz. Para no hablar de los cientos de ex guerrilleros que permanecieron detenidos por años luego de los acuerdos. O la  desprotección que padecieron comunidades y excombatientes en los post acuerdos sometidos luego a sangre y fuego por los paramilitares.

Tampoco resulta novedoso que haya disidencias, tras la firma de un acuerdo de paz. En los procesos de los 90, el EPL tuvo una disidencia liderada por Francisco Caraballo del cual quedó un pequeño y descompuesto remanente en el Catatumbo. De la desmovilización paramilitar de Ralito, quedaron disidencias que luego mutaron a los Urabeños, Clan Úsuga y los Caparrapos, entre los más conocidos. Según la Fundación Ideas para La Paz, para el 2010, estos grupos disidentes ex AUC hacían presencia en 178 municipios, 27 departamentos con 2.500 integrantes, para más adelante terminar expandiéndose en 339 municipios del país con 4 mil hombres en armas, como lo reportó el Centro de Memoria histórica en 2014. En otros contextos, hay que recordar en Irlanda del Norte el surgimiento del Real IRA y el Continuity IRA, en desacato al proceso de paz irlandés; o la disidencia del Congreso National pour la Defense du Peuple (CNDP) luego de la firma del acuerdo de paz de la República Democrática del Congo. 

El desafío que Iván Márquez y compañía, el ELN y el uribismo duro le plantean al país no puede ser respondido desechando la constitución o violando los Acuerdos de Paz. Por el contrario, para asfixiar los fenómenos de violencia históricos o emergentes, la fórmula con mayores posibilidades de éxito es la implementación plena del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC, el cual no solo contempla la reincorporación de los excombatientes (91% de ellos comprometidos con su tránsito a la vida civil), si no la transformación estructural del campo colombiano, la reparación integral de las víctimas y la reconciliación nacional.

Presidente Duque tiene usted la oportunidad de liderar un pacto político nacional por la implementación de los acuerdos. Ese es el lugar que la historia le reconocerá.