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Fungiendo como integrante del grupo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), la representante Ángela María Robledo (Colombia Humana) pidió este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que verifique la actuación de miembros de las Fuerzas Militares en casos de violencia sexual en Colombia.
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El llamado fue elevado por la parlamentaria ante el fiscal adjunto de la Corte, James Steward, y la asesora especial en Género de la misma, Patricia Viseur Seller. Robledo instó a la CPI para que realice una solicitud de información al Estado colombiano para que examine en detalle la situación de crímenes cometidos por todos los actores del conflicto armado, especialmente por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la parlamentaria, el objetivo es contar con un análisis independiente e imparcial bajo el principio de complementariedad, relacionado con las problemáticas que se presentan en el acompañamiento, restablecimiento de derechos y acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, “muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacen parte de poblaciones étnicas, por lo cual merecen especial protección”.
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“Mi solicitud a la CPI está dirigida, no solo para que Colombia siga siendo un país observado, sino para que ojalá puedan realizar una recomendación a los integrantes de las Fuerzas militares en Colombia, en virtud de su presunta responsabilidad en casos de violencia sexual, que tienen un alto grado de impunidad”, explicó Robledo.
La representante también presentó un breve informe sobre algunas de las afectaciones sistemáticas que sufren las mujeres, jóvenes y niñas a partir de las distintas formas de violencia en Colombia. El documento fue realizado de la mano de la senadora Aida Avella (Unión Patriótica) a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Dubravka Šimonović.
Robledo declaró que el informe hace énfasis en la violencia sexual y armada en el marco del conflicto, así como la violencia política que se evidencia en las agresiones contra defensoras de derechos humanos.
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“A ello se suma la exclusión y el silenciamiento de las mujeres de la oposición y la violencia social vinculada a la estigmatización y a las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos, incluidos el acceso a la justicia y a la verdad”, precisó Robledo.
En junio pasado la violación de una niña embera en Risaralda conmocionó al país y puso en el ojo del huracán al Ejército. Sin embargo, el hecho en el que estuvieron involucrados siete uniformados sería apenas uno de los casos que involucran a la Fuerza Pública en abusos sexuales a menores de 18 años.
Otros casos fueron denunciados y el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, se pronunció y dio a conocer que, desde el 2016 y hasta julio pasado, en total se han denunciado 118 casos de abuso sexual relacionados con militares y niños, niñas y adolescentes.