Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Argumentando “falta de garantías”, los congresistas de la denominada bancada alternativa solicitaron que los procesos judiciales que en la actualidad se adelantan contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo, investigado por concierto para delinquir y homicidio, y el actual alcalde de esa ciudad, Rafael Martínez, procesado por presuntas irregularidades en contratación pública, sean trasladados a Bogotá.
En una carta de ocho páginas dirigida al presidente Iván Duque, el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo, piden que, como representantes de los movimientos políticos y de partidos declarados en oposición, se protejan los derechos fundamentales y convencionales de Caicedo y Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana.
“La situación es realmente preocupante, pues en verdad, lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez, instrumentalizada por el director seccional de fiscalías de Santa Marta, Vicente Guzmán, quien no sólo llegó a esa designación, según advirtieron algunos medios de comunicaciones por cuenta de su cercana amistad con el ex magistrado Francisco Ricaurte — hoy detenido por integrar presuntamente el cartel de la toga-- sino que además mostró su interés tortícero por cuenta de la grave denuncia que hizo el entonces juez octavo de garantías de Santa Marta, Gabriel Ospino Guzmán, quien en el mes de noviembre de 2017, no sólo negó la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra de los precitados líderes políticos de Santa Marta, sino que además denunció que Vicente Guzmán, en el desarrollo de las audiencias para pedir la privación de la libertad, lo invitó a que fuera a su oficina, tal y como se publicó en medios de comunicación local”, argumentan los congresistas.
Los firmantes, entre los que se encuentra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José Pizarro, Aída Avella, León Fredy Muñoz, Ángela Robledo, Victoria Sandino, Gustavo Bolívar, David Racero, entre otro, le solicitan al fiscal Martínez que disponga el cambio de radicación de todas las investigaciones penales que cursan actualmente en contra de Caicedo y Martínez. “De este modo, se solicita que todas esas diligencias sean trasladadas hasta la ciudad de Bogotá y por ende, que cualquier actuación judicial que se deba surtir se haga ante los jueces de garantías de esa ciudad. Igualmente, que se den las instrucciones del caso para que se ofrezcan verdaderas garantías en cada una de dichas investigaciones en contra de los citados ciudadanos”.
Al procurador Carrillo, le piden que, como garante de los derechos de las personas y del interés general, “acompañe y defienda” los derechos de los dos investigados. Y al presidente Duque, los congresistas de la oposición señalan que, en caso de ser necesario la definición de un encargado como alcalde de Santa Marta, tome esa decisión en los precisos términos fijados por la Ley 1475 de 2011, sin dilaciones de ningún orden, que ordena que este sea de la misma línea política.
Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde y exrector de la Universidad del Magdalena, afronta un proceso por su presunta vinculación en el crimen del estudiante Hugo Elías Maduro Rodríguez, hecho ocurrido el 26 de mayo del año 2000 en Santa Marta. “El procesado deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, como no salir del país, tener vigilancia permanente y no comunicarse con testigos o con las víctimas involucradas en el proceso, además de pagar una sanción económica de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, determinó la Fiscalía en febrero pasado.
En cuanto a Rafael Martínez, el juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Álex Vila Farelo, le impuso detención domiciliaria, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de mejoras de los puestos de salud de la ciudad. Los dos han dicho que sus procesos tienen tanto de jurídico como político, y han reclamado por la supuesta falta de garantías.